domingo, 28 de mayo de 2017

Hernando y Hernando

Las loas de Rafael Hernando a Antonio Hernando cuando este presentó su dimisión como portavoz parlamentario del PSOE sorprendieron a más de uno. El halago del siempre cáustico portavoz del PP a su colega dimitido, se debió probablemente a la voluntad de hurgar en las heridas abiertas, tal vez a la complicidad que comporta el desempeñar las mismas funciones políticas, pero también al reconocimiento a un compañero de filas en un proyecto, el del oficialismo, que es la esencia del bipartidismo, y que, durante demasiado tiempo, ha servido como principal inhibidor de una verdadera transformación social y política del país.

El aparente reencuentro entre Pedro Sánchez y Hernando, puesto en escena el pasado jueves, responde al compromiso de sumar del ganador de las primarias del PSOE y se beneficia de la capacidad de adaptación al cambio del ex portavoz, que tan evidente se hizo en el periplo de la gestora. El ‘oficialismo’ comporta precisamente el sacrificar cualquier veleidad ideológica, o coherencia personal a la causa mayor, ya sea el ‘bien del partido’, o los ‘intereses de España’. El apelar a la responsabilidad deviene así, demasiadas veces, en irresponsabilidad, y si no, baste con repasar la intervención de Antonio Hernando en la investidura a Rajoy.

Tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre y el golpe de mano dado por los críticos a Sánchez, al portavoz del PSOE le tocó la infausta tarea de argumentar el paso del ‘No es no’, al ‘Nos abstenemos por España’. Lo hizo apelando a la responsabilidad, en este caso, la voluntad de poner fin al bloqueo político y de facilitar el gobierno del país. Sin embargo, si se atiende a su análisis de la responsabilidad del PP en la debacle social y en la extensión de la corrupción en el país, más habría valido mantener alejado a Rajoy del poder, porque así al menos se habrían impedido las aparentes interferencias en el trabajo de jueces y fiscales.

En su intervención Hernando no dudó en repartir mandobles a diestro y siniestro. Así la responsabilidad de facilitar el gobierno del PP la quiso trasladar a Podemos, en una línea argumental muy socorrida, pero usada hasta la extenuación por Susana Díaz y los barones del partido. La tesis de que el gobierno ‘reformista y de progreso’ de PSOE y Ciudadanos fue torpedeado por una supuesta pinza Iglesias-Rajoy, no resiste una lectura del acuerdo suscrito por Sánchez y Rivera, que no era reformista ni de progreso, especialmente en lo relativo al modelo fiscal y a la precariedad laboral a la que apelaba enardecido el portavoz en su discurso.

El otro Hernando, el inefable Rafael, una fábrica de tropelías verbales que no se arredra ante la dignidad de los familiares de las víctimas del franquismo, ni tampoco ante las evidencias del cambio climático, o el respeto institucional que le corresponde a jueces como Santiago Pedraz, sonreía y se pavoneaba en la investidura de Rajoy. Con tal de apoyar la posición contrahecha de la gestora, redundaba en el populismo de Podemos y citaba sin caérsele la cara de vergüenza a Miguel de Unamuno, apelando al sueño de una España joven, que si nos atenemos a la realidad, el PP ha condenado al ostracismo y a la incertidumbre estructural.

No cabe duda de que existen grandes diferencias entre Hernando y Hernando, empezando por la trayectoria política. Sin embargo tampoco se nos puede escapar la sintonía que comparten en el proyecto del ‘oficialismo’, ese ‘rigor mortis’ de la política, que sacrifica cualquier conato de pulso o transformación social o política, al lastre de la resignación. Los dos se deben a sus faraones y son tremendamente eficientes echando balones fuera cuando se trata de justificar el estatus quo. Sin embargo en el caso de Antonio Hernando, éste no hablaba, en octubre, por voz de los militantes, ni tampoco de Pedro Sánchez, que le escuchaba mudo desde el escaño.

La recomposición del PSOE pasa por situar con precisión este momento. Ha sido la promesa de Sánchez, que habrá de mostrarse coherente en al menos tres aspectos. La introducción del concepto de ‘plurinacionalidad’ supone un paso importante, pero queda además el finiquito al gobierno Rajoy, que no puede ser diferido, y un cambio constructivo en la política de alianzas en la izquierda. Cada vez que Rafael Hernando habla de totalitarismo, algo se remueve en la tumba de Hanna Arendt, en el Bard College de Nueva York. ‘El movimiento se demuestra andando’ dice Hernández, y Fernández añade: ‘Yo diría más, La demostración se anda moviendo’.

domingo, 21 de mayo de 2017

El efecto reflejo

El ayuntamiento de Barcelona ha lanzado en TMB una inteligente campaña de civismo. El o la protagonista es la ‘Karma’, un personaje tipo ‘tieta’, desdibujado y simpático, y su lema central ‘tot torna’ (todo vuelve), una divertida referencia a doctrinas como el hinduismo, que le viene como anillo al dedo a una ciudad cosmopolita y transcultural como Barcelona. Si en el ámbito de lo cívico, lo habitual es la referencia estricta al ‘respeto’ al otro, o como máximo, el no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, el planteamiento de esta propuesta es mucho más sugerente, porque plantea la ‘inteligencia colectiva’ y el carácter circular que une lo individual y colectivo, y que hace que aquello que sembremos, lo acabemos recogiendo.

La interrelación a la que se refiere esta campaña de civismo se manifiesta también a otro nivel, el de la dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, propone que esta es inalienable y connatural al ser humano. El menosprecio que se le hace, es ultraje a la conciencia de la humanidad (así el preámbulo) y existe el efecto reflejo, que hace que quien atente contra la dignidad de otro, atente contra su propia dignidad como persona. Las caras que nos miran desde los escenarios globales de la miseria, desde la pobreza extrema, la esclavitud, la tortura o el hambre, transmiten por eso dignidad, más allá de lo indigno de la circunstancia que se les impone, y que se contagia a quien asiste mudo a la escena.

La conciencia de la humanidad es un concepto esencial, tanto o más trascendental que el karma, que nos asigna responsabilidad mutua, colectiva y global. Esta interrelación que hace que lo que hagamos a otros, nos lo acabemos haciendo a nosotros mismos, inspira también la declaración de Filadelfia, de la OIT, anterior incluso a la de los DDHH, donde leemos que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos” y que, en clave actual y europea, nos remite al precio real de los estragos que han causado las políticas de austeridad en nuestro tejido social, y a la factura que, en forma de xenofobia, racismo y nacionalismo excluyente, nos ha pasado, pasa y pasará al conjunto de la ciudadanía europea.

Los principios que pretenden atajar en Europa la distorsión que ha comportado el aumento de la desigualdad, son los de ‘cohesión’ e ‘inclusión’, que en la UE se construyen, históricamente, en torno a tres ejes: las políticas inclusivas de empleo, las políticas de rentas mínimas y los servicios públicos de calidad. La lucha contra la pobreza en la UE ha ido acompañada de la creación de nuevos indicadores (Arope…) en el marco de un mecanismo, el método abierto de coordinación, que pretende trasladar las políticas de inclusión al Semestre Europeo, y facilitar que las políticas sociales y económicas no se analicen de forma aislada, sino de manera interrelacionada, equilibrando la asertividad de la gobernanza económica con un contrapeso social.

Hay que saludar que se empiece a aceptar públicamente que la principal convulsión, o, a estas alturas, ‘fibrilación’ del proyecto europeo, radique en la imposibilidad de crear una identidad común alrededor del mercado, y que se entienda que el futuro de la UE, pasa por unos valores y derechos sociales fundamentales. Sin embargo el encaje institucional, a día de hoy, relega las competencias sociales a los estados, mientras, a través de la gobernanza económica y sus instrumentos, se impone desde Europa la consolidación fiscal, y con ella la presión sobre la calidad del empleo y la cohesión social. Este es el trasfondo sobre el que la Comisión presentó, el pasado 26 de abril, una importante iniciativa, la del Pilar Europeo de Derechos sociales.

Los 20 principios y el aparato de indicadores que pretenden evaluar los resultados de los Estados miembro en términos sociales y de empleo, se articulan entorno a tres ejes: La igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. El diálogo recuperado e intenso entre la Comisión y los agentes sociales, especialmente la Confederación Europea de Sindicatos, es probablemente una de las buenas noticias del año. El resultado, que ahora tendrá que ser ‘interiorizado’ por los estados en un marco que es, por desgracia, mucho menos vinculante que la gobernanza económica, sitúa la centralidad del trabajo como principal garantía para crear valor social, evitando así que ‘todo vuelva’, y poniendo un cauce al ‘riesgo’ que enriquece a unos, al precio de pauperizar y de robar dignidad y futuro al proyecto europeo en su conjunto.

domingo, 14 de mayo de 2017

¡Hamon ibérico!

El resultado de las elecciones francesas ha profundizado la crisis de identidad de la socialdemocracia en Europa. Si la primera vuelta de las presidenciales cuarteaba el panorama electoral francés en 4 opciones con menos de 1 millón y medio de votos de diferencia entre ellas, la segunda vuelta elevaba a la presidencia al hijo pródigo de Valls y Hollande, un tránsfuga en toda regla, que tiene como referente la versión más cruda del liberalismo social. La victoria de Macron, con el apoyo del 43,6% de los votantes, es el resultado del todo o nada frente al extremismo de Le Pen. De haber habido una coalición electoral entre Mélenchon y el socialista Hamon, esta habría sumado 9 millones 350.000 votos, 700.000 más que el becario banquero, y habría permitido, tal vez, que el debate de la segunda vuelta se articulara en torno al modelo económico que realmente desea la ciudadanía francesa.

Si el líder de Francia Insumisa llevaba en el programa la refundación democrática de la 5ª república, Macron también pretende transformar el país, pero no en términos institucionales, sino en una intervención social y económica que apunta a la liberalización del mercado de trabajo y de todo aquello que pueda considerarse ‘público’. La impopularidad de la reforma laboral que el retoño Rothschild pretende recrudecer a lo largo de los próximos meses, y que el año pasado suscitaba el rechazo de 7 de cada 10 franceses, no hace sino replicar el mandato de la gobernanza económica de la Eurozona, que ha dejado desfondada la socialdemocracia europea y ha puesto viento en las velas de la extrema derecha. Este es el panorama en el que hay que situar las elecciones al Bundestag alemán, el próximo septiembre, y cómo no, el debate por las primarias en el PSOE, que se resolverán el próximo domingo, 21 de mayo.

En lo relativo al partido socialista francés, la victoria de Hamon, en enero, con un 58% de los votos, no comportó la necesaria cohesión ante las presidenciales. Como en el caso de Jeremy Corbyn, la revuelta más o menos velada del aparato, dejó aislado al candidato. El exponente más claro del mal perder es con toda seguridad Manuel Valls, que, cuatro meses después de declarar que “Benoît Hamon es el candidato de nuestra familia política y ahora es el encargado de llevar a cabo la misión de la reunificación”, ha corrido a buscar refugio en el regazo de Emmanuel Macron, dando por muerto el partido que le confió, en marzo de 2014, la jefatura de estado. Con familiares así, más le vale a uno declararse huérfano. Mientras Macron busca entre la sociedad civil sus 428 candidatos/as para las legislativas en junio, en el partido de Mitterrand y Jospin no faltan los oportunistas que se las ven y se las desean para dar el salto.

Susana Díaz expuso su análisis de la debacle socialista en Francia con una sentencia que da mucho que pensar: “Cuando uno pretende copiar a la extrema izquierda y ser lo que no es, al final los ciudadanos eligen el original, no la copia”. Se entiende que la presidenta andaluza se ve a sí misma como el original, y ese no puede ser otro que Macron, porque a pesar de lo que Ian Gibson definía como ‘maternalismo enfático’, su respeto por el candidato socialista francés, no da como para digerir una derrota. El papel de Hamon en versión ibérica se lo adjudicará, con toda seguridad, a Pedro Sánchez, anticipando así la falta de apoyo por parte de la estructura del partido, si este gana las primarias socialistas. La ‘copia’ sería, en este caso, el intento de recuperar, desde el PSOE, la vocación por unos valores socialdemócratas que, hoy por hoy, enarbola con mayor entereza la nueva izquierda, a la que Díaz tacha de ‘extrema’.

El grado de personalismo y el encarnizamiento del debate es tal, que resulta del todo ingenuo pensar que acabe imponiéndose el sentido ‘común’. Este nos dice que la cohesión, tan importante para ganar la confianza del electorado, es inabordable sin la necesaria coherencia. En el caso del PSOE esta precisa de una revisión crítica que no puede liderar una gestora, ni resolverse tampoco en el marco de unas primarias, porque precisa de un congreso en toda regla. El debate pendiente en el socialismo español y europeo, es el de la superación de la tercera vía. No para saltar a una cuarta que, como en el caso de Macron o de Rivera, no lleva más que a la plena subordinación al capital financiero, sino para recuperar el pulso de aquella democracia social que construyó el bienestar y la prosperidad en Europa a lo largo de más de treinta años. Para ello hace falta un proyecto político, complicidad social y liderazgo, algo que Díaz, por serle completamente ajeno, tilda de ‘populista’, mientras remueve los macarrones. Hay que decir que, ante tal berenjenal, lo suyo es tirar de ‘jamón ibérico’.

domingo, 7 de mayo de 2017

¡Qué cruz, Jordi!

La ha armado Jordi Cruz, y ha animado de paso un debate necesario. Sus declaraciones sobre el ‘privilegio’ que supone trabajar gratuitamente a cambio de compartir genio y talento, han situado en la agenda la precariedad en una de sus formas más truculentas, la de los becarios. No ha tardado en echar leña al fuego el jefe de la patronal, corroborando el ‘privilegio’ que supone trabajar gratis para alguien que, con su prestigio, excusa la necesidad de remunerar una experiencia que ‘vale todo el oro del mundo’. Tiene algo indigesto que este debate se sitúe en el ámbito de la cocina. Lo tiene porque la gastronomía es una cultura de entrega al otro, en el que se elabora para alimentar y procurar una experiencia placentera, y por tanto se le atraviesa el hecho de que el resultado sea, finalmente, no el de facilitar la comunión de los sentidos, sino el de amargarle la existencia al prójimo, sea o no becario.

La cocina, y con ella los programas televisivos dedicados a la materia ofrecen una panorámica generosa sobre la transformación social y cultural de un país. En ella ocupan un lugar especial chefs que, como Arguiñano o José Andrés, han tenido un papel central a la hora de popularizar el cuidado de recetas y productos. Una historia televisiva y culinaria que cuenta con ejemplos tan integradores como Karakia, en TV3, que pasó a la ofensiva con jefes como Chicote, y que se instala en el modelo del talent show con Top o Master Chef. Es de lamentar que la televisión pública haya entrado de lleno, con este último programa, en un subgénero, en el que el sacrificio sin límites y la humillación son la norma. El talent show trivializa y legitima un régimen disciplinario específico, el de la entrega del ‘aprendiz’ al ‘maestro’, que reproduce a la perfección el ideal de las relaciones laborales que inspira la ortodoxia neoliberal.

Hace ahora un año, lo situaba otro talento sin límites, el de Risto Mejide, en un manifiesto dedicado al 8 de mayo, día internacional del becario. La entrega emocional de aquellos que se asoman al umbral del genio ha de ser total: “Es el momento de ejercer de aprendiz. Identifica un referente, un ídolo…”. Y el premio es impredecible: “Con suerte trabajarás gratis. Con menos suerte, hasta te costará dinero trabajar al lado de esta persona” aunque en el peor de los casos, siempre quedará interiorizar aquello de que “fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cómo deseas lo que deseas”. Así reza el dictado de la filosofía de la subordinación y de la entrega ciega en su versión gastronómica y televisiva. Aquí el éxito se mide por el reconocimiento del maestro, y el fracaso por la falta de ambición y de autoestima en un régimen que tal vez sea futurista en lo culinario, pero que resulta medieval en lo relativo a las relaciones laborales.

La dimensión ‘legal’ del becario queda suficientemente diluida entre el mal uso de las prácticas no laborales y el abuso del contrato para la formación y el aprendizaje. Hoy, según la Comisión Europea, el 70% de los becarios no remunerados llevan una carga laboral equivalente a los y las trabajadoras con contrato. Al margen de la explotación laboral, resulta paradigmático que ser becario sea todo un lujo. Cuando se establece como única remuneración la manutención, el alojamiento y la formación, obviando toda cotización y salario, el acceso a la experiencia y al conocimiento queda vetado a aquellos y aquellas que vienen de extractos sociales pobres y que no disponen de recursos para entregarse al ‘lujo’ del trabajo gratuito. La esclavitud de la que reniega Cruz, y el privilegio al que apela Rossell, lo es porque se circunscribe a un espectro demográfico ajustado, que como mínimo excluye a aquellos que tomen en serio sus derechos.

Como recordaba la coordinadora de Acció Jove de CCOO de Catalunya, Irene Ortiz, existe una confusión interesada entre producción y formación, que demasiadas veces discurre a espaldas de la inspección, en ausencia de tutores que controlen el proceso formativo y al margen de lo que establece el convenio de hostelería, en el que no aparece la figura del ‘becario’. La cocina del talento se convierte así en una caja de resonancia social que promueve la informalidad y la desregulación del trabajo, lo que resulta especialmente inadecuado y torticero cuando se realiza desde la ventana pública. No sabemos si a los directivos de TVE les falta talento, o les sobra ideología, pero sería de desear que por bien del interés general incluyeran en el programa y en el abundante ‘merchandising’ una referencia clara a las condiciones y derechos laborales. Si además hicieran una visita a las neveras reales de la ciudadanía, o invitaran a cocinar con la cesta del banco de alimentos, tal vez sacrificarían algo de glamur, pero recuperarían algo de la vocación de servicio y la referencialidad que le hemos de exigir a nuestra televisión pública.

domingo, 30 de abril de 2017

¡Justicia, la justa!

Este viernes coincidían en la agenda tres cuestiones importantes. En el día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo se publicaba además la EPA del primer trimestre de 2017, mientras el gobierno presentaba el programa de estabilidad 2017-2020. Lo de la estabilidad tiene en estos tiempos una connotación que no puede ser sino evocadora. La tormenta que ataca en términos de corrupción y despropósito político a la ciudadanía, anuncia cualquier cosa menos estabilidad. La precariedad se extiende, y es hoy democrática, institucional, pero sobre todo social y laboral. El marco macroeconómico presentado por el gobierno anuncia la creación de empleo, hasta reducir la tasa de paro al 11,2% de la población activa en 2020, al tiempo que celebra las reformas laborales, que habrían permitido reducir por debajo del 1% el umbral del crecimiento económico para crear empleo. Pero esta prestidigitación no consigue ocultar la realidad que describe con crudeza la Encuesta de Población Activa.

La precariedad cubre un abanico de situaciones personales, que parece infinito y es difícil de cuantificar. Empieza por aquellas y aquellos que pasan a engrosar la columna de los ‘inactivos’. En los últimos cinco años en el estado español el paro ha bajado en un millón de personas, mientras el empleo ha aumentado tan sólo en 350.000. El efecto estadístico del envejecimiento es aquí favorable, pero son más los que se ven abocados a la emigración o los que abandonan toda intención de encontrar empleo. La precariedad continúa su andamiaje en aquellos que buscan un empleo, hoy 4.255.000 personas en el estado, el 18,75% de la población activa, de los cuales más de la mitad llevan más de un año en situación de desempleo, habiendo cerca de 1,4 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro. En Catalunya el desempleo afecta a 576.600 personas, el 15,3% de la población. Estas disfrutan tan sólo en parte, de una prestación social, estando 1 de cada cuatro en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Tener un trabajo ya no es sinónimo de salir de la pobreza y de poder iniciar un proyecto vital. En primer lugar está la precariedad en la contratación. De los 20 millones de contratos que se firmaron en 2016 a nivel estatal, 91,5% fueron temporales, elevándose la tasa de temporalidad al 25,7%, el 20,8% en el caso de Catalunya. Aumenta también la rotación contractual. Si antes de la crisis hacían falta 3 contratos temporales para tener trabajo todo el año, hoy son 4,6, y en el caso de los contratos indefinidos, de cada 3, tan sólo dos siguen ‘vivos’ al año. El trabajo autónomo es demasiadas veces precariedad, y también lo es el trabajo parcial, que afecta al 15,6% de la población activa, el 14,6% en el caso de Catalunya, y que, en 6 de cada 10 casos, es involuntario. Los que disfrutan de un empleo experimentan la precariedad por la creciente ‘disponibilidad’, por el desencaje entre su formación y la que requiere el puesto de trabajo (462.658 personas en Catalunya), pero también por el evidente aumento del margen de tolerancia en términos de salud y de seguridad laboral.

Y finalmente está lo que se oculta tras el eufemismo de la ‘moderación salarial’. Mientras hace ya dos años que se recuperó el excedente empresarial anterior a la crisis, la recuperación para las rentas del trabajo se hace esperar. Si las estadísticas auguran un aumento del PIB cercano al 2,5% a lo largo de los próximos años, este no se traslada a los salarios y es fruto del patrón de crecimiento equivocado, vulnerable y coyuntural, que redunda en los errores previos a la crisis. La EPA muestra que apenas un 7,1% de la población ocupada trabaja en sectores de contenido tecnológico medio y alto, lo que supone, junto al descenso del empleo industrial, una pésima situación ante los retos tecnológicos que se presentan en el futuro inmediato. Esta es la ‘estabilidad’ que se promueve, y, como subraya el gabinete económico de CCOO “Lo más preocupante es que el gobierno se encuentra a gusto con este modelo.

La estabilidad es hoy pura evocación. Las tropelías que conforman la nebulosa de la actualidad política, pueden distraer en parte de la centralidad que le corresponde a la precariedad social y laboral, pero no pueden ocultar que, pese al optimismo presupuestario, la inestabilidad conforma la regla para la mayor parte del empleo. Una fiscalidad progresista para mejorar la inversión pública, incremento del salario mínimo y recuperación de la autonomía y de la extensión de la negociación colectiva con tal de aumentar salarios y recuperar la demanda interna. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, introducir una Renta Mínima (la RGC en Catalunya), y hacer frente con voluntad política a la lacra del desempleo y a la precarización en la contratación. Estos son los pilares de una estabilidad real que permita a las personas disponer de un proyecto vital con unas garantías mínimas. Por ellos saldremos a la calle este 1 de mayo. Para reivindicar ‘Empleo estable, salarios justos y más derechos sociales’ y para denunciar la negligencia en la administración de la justicia política y social.

domingo, 23 de abril de 2017

Tres piernas

Hay algo que conecta a Sicilia, la Isla de Man y Barcelona. Se trata del triskelion un motivo artístico de origen celta, que representa tres piernas dobladas unidas por su parte superior, y que aparece en las banderas de ambas islas, aunque en el caso de la isla mediterránea, el centro lo ocupe la cara de la medusa. En Barcelona esta imagen está presente, porque una buena parte de los grandes yates que están amarrados en la Marina del Port Vell, navegan o se exhiben bajo la bandera de conveniencia de la isla del mar de Irlanda. Desde que, en el año 2010, la sociedad británica Salamanca Group se hiciera con la titularidad de este espacio, antes público, el puerto se ha convertido en un escaparate de la globalización sin reglas que, gracias a la iniciativa de PP y CiU, permanecerá amarrado a nuestra ciudad, hasta el año 2036, tras ampliarse la concesión a esta empresa de capital opaco.

Cerca del muelle del Port Vell está la plaza dedicada a Antonio López, un prócer del esclavismo, eso es, de los anales mismos de la globalización. Si algo tiene ésta, es que favorece que los delitos y miserias que se cometen en una parte del mundo, no afecten a la pátina de respeto y de distinción que se disfruta en el otro, hasta el punto de que la ciudadanía acabe por pasear a los pies de un mercader sin escrúpulos, al que la influencia política convirtió en prohombre de la ciudad. Si algo tiene el capital es el don de la ubicuidad. Lo hemos visto estos días con el Canal de Isabel II, cuyas estribaciones conectan al parecer con el canal de Panamá, con el Amazonas y con el Orinoco, en el marco del flujo de capital transoceánico que atraviesa el planeta, o con Rodrigo Rato, cuya responsabilidad al frente del FMI no le impidió ingresar 31,3 millones a través de tratos amañados con empresas a las que había privatizado anteriormente.

Lo del FMI tiene delito si se considera la trayectoria de sus últimos tres presidentes, pero aún más si se intenta encontrar un hilo de coherencia a su discurso. Así, a principios de año recomendaba a España un nuevo ajuste fiscal, subiendo el IVA, eliminando exenciones y tipos reducidos (medicamentos, pan, leche, frutas…), para al mismo tiempo reducir el gasto en sanidad y educación y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas en materia de despido. Unos pocos meses después su economista jefe, Maurice Obstfeld celebra la situación boyante de los mercados financieros, advirtiendo al mismo tiempo de las consecuencias de una crisis política que tiene como motor el proteccionismo y la desigualdad que han originado las perturbaciones estructurales en los mercados de trabajo y el crecimiento bajo de los salarios medios. Como para hacérselo mirar, especialmente en el caso de España.

Se trata al parecer de proteger a nivel nacional los derechos y garantías transnacionales de las grandes empresas, mientras se globalizan aquellos que afectan a aquellos/as que viven de su trabajo. Como en el caso de los impuestos, en donde argumentativamente se pretende limitar el debate a ‘subir o bajar’, cuando de lo que se trata es de intervenir en su progresividad, la ceremonia de la confusión se extiende al concepto de ‘protección’, enfrentando de manera interesada la ‘protección social’ a la ‘protección de la inversión y de los flujos comerciales’, que es la que, en el ámbito doctrinal, promueve el crecimiento y con él una riqueza que, debido a la intervención coercitiva en los mecanismos de redistribución de la renta, ya sean salariales o fiscales, nunca llega a trasladarse al conjunto de la población. Agotada toda coherencia en la política económica global, quien se acaba beneficiando es la visceralidad patriótica.

Lo hemos visto en Francia con la primera vuelta de las presidenciales y con la alarmante victoria de Marine Le Pen. Junto a ella se ha querido encasillar también al candidato de la izquierda Jean Luc Mélenchon, en el ámbito del populismo proteccionista. El tirón del líder del movimiento Francia Insumisa, sin embargo no se ha debido al populismo y el recurso al miedo y a las más bajas pasiones políticas, sino a la coherencia del discurso. El proteccionismo solidario al que ha apelado Mélenchon es el de la inteligencia colectiva, el de la refundación democrática de la república y del empoderamiento de la ciudadanía. La repartición de la riqueza mediante una revolución fiscal, el enfrentamiento a la degradación ecológica y la defensa de la multilateralidad global y de un marco reglamentario para la globalización y el comercio, le han valido el apoyo de casi el 20% del electorado. Un importante estímulo para seguir luchando contra la ubicuidad del capital y las tres piernas del triskelion, hasta afianzar un cambio que nos devuelva el equilibrio bípedo que nos corresponde como seres humanos.

lunes, 17 de abril de 2017

Frente abierto a la pobreza

Hace poco menos de 20 años, el Parlament de Catalunya aprobaba la Renta Mínima de Inserción (RMI), “una acción de solidaridad de carácter universal hacia los ciudadanos y las ciudadanas con graves dificultades económicas y sociales…” que pretendía que “las personas atendidas pudieran alcanzar la plena autonomía personal, familiar, económica y social”. En agosto de 2011, en plena crisis, el gobierno de Mas, enarbolando la bandera de la lucha contra el ‘asistencialismo’, que es lo que la derecha identifica como el peor enemigo de la ‘justicia social’, dio la puntilla a la RMI. Tras contratar a 40 técnicos mediante una conocida empresa de trabajo temporal, el govern pasó a revisar 20.000 expedientes en busca de supuestos fraudes. Se creaba así el ambiente político y social necesario para eliminar, mediante decreto, el carácter universal de la RMI, y convertir ésta en poco más que una ayuda discrecional.

La iniciativa de CiU, que dejó en una situación de extrema precariedad a buena parte de las 34.000 familias que cobraban en 2011 la RMI, levantó una fuerte marea de indignación. Por lo torticero de la escenificación, por la falta de sensibilidad social, pero también por la incoherencia de una medida que teóricamente obedecía a razones presupuestarias, cuando 3 meses antes, el gobierno de Mas había promovido, junto al PP, una nueva modificación del impuesto de sucesiones que redundaba en el problema de fondo, la redistribución interesada de la renta nacional catalana. Fruto de esta indignación nacía la plataforma para promover una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que ya había sido presentada, en 2003, por CCOO de Catalunya, como instrumento para la lucha contra la pobreza, y que exigía que se articulara de una vez el derecho promovido por el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

El libro ‘Rescatem les persones’ firmado por Arcarons, Garganté y Toledano, en julio de 2013, da las claves de la iniciativa de ley presentada, el 25 de enero de 2013, a la presidenta del Parlament, y cuyo objetivo no es otro que el de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y a las familias o núcleos de convivencia que se encuentran en situación de pobreza, mediante “itinerarios, acciones y servicios de inclusión e integración social”. La RGC se presentaba como un derecho subjetivo, individual, universal, subsidiario y de carácter suplementario, no sujeto a condicionamientos personales, ni tampoco a disponibilidad presupuestaria. La cuantía de la RGC, ligada a la Renta de Suficiencia (IRSC), era en ese momento de 664€ mensuales y los cálculos realizados en el marco de un fuerte impacto social de la crisis, no superaba el 5% del presupuesto de la Generalitat, o el 1% del PIB catalán.

La negociación sobre la RGC ha ido avanzando a trompicones a lo largo de los dos últimos mandatos, pero parece encallada en algunas cuestiones fundamentales. Uno de los elementos de fondo es con toda probabilidad el viejo debate de ‘estímulo o exigencia’ que caracterizó la introducción de la agenda 2010 alemana (Hartz IV…), y la prevalencia del tópico ideológico del ‘asistencialismo’. La contraposición interesada de la ‘responsabilidad individual’ frente a la ‘responsabilidad o solidaridad colectiva’ no debería distraer de la cuestión de fondo, que es el derecho subjetivo de la persona a vivir con dignidad, eso es, el derecho a disponer de medios que garanticen el derecho a la vivienda, los suministros, a una alimentación sana, la educación, la sanidad o la autonomía personal. Este está recogido en la constitución y se le ha de suponer continuidad y desarrollo en cualquier hipotético marco jurídico futuro.

El compromiso por parte de los y las trabajadoras catalanas con este derecho se hizo aún más visible con la firma, el 20 de febrero de este año, de una declaración de las organizaciones sindicales catalanas, que proponía extender la acción protectora de la RGC a “todos aquellos/as que tengan rentas del trabajo por debajo de la IRSC”, y que aprobaron por unanimidad los delegados al XIº congreso de CCOO de Catalunya en el marco de la resolución ‘Luchemos por el trabajo digno y contra la precariedad’. El riesgo que comporta que la patronal aproveche la complementación del salario con tal de garantizar la dignidad de las personas, para alimentar aún más la devaluación salarial, ha sido asumido desde la responsabilidad de la clase trabajadora y las organizaciones que la representan. La lucha contra el fraude será posible si existe la voluntad política de complementar la dotación de la RGC con mecanismos creíbles y eficientes socialmente para la inserción laboral, y si se garantiza que las organizaciones sindicales puedan intervenir con mayor fuerza en el seguimiento de la contratación y en la extensión de la cobertura de la negociación colectiva.