Trabajo y renta

El pasado 30 de abril tuve la ocasión de debatir con David Casassas sobre renta básica ante los compañeros y compañeras del PSUC Viu. El encuentro permitió situar contrastes y discrepancias en una cuestión a la que no nos es ajena, a los unos y a los otros, un cierto maniqueísmo. Aprovecho estas lineas para recoger algunos de los argumentos planteados en relación a esta cuetsión. La renta básica, como derecho a la percepción incondicional, individual y sin excepciones de una renta, desde mi punto de vista no se diferencia de la renta mínima o de la renta garantizada, a excepción de que esta última tan solo atiende a quien la 'necesita' y por tanto no tiene carácter universal. Aunque en situaciones extremas, por cataclismos naturales o circunstancias en las que fallan o no existen las estructuras y servicios del estado del bienestar puede tener sentido una renta básica y universal. La perspectiva es diferente cuando de lo que se habla es de su carácter permanente y generalizado. En este supuesto sitúo brevemente las siguientes reflexiones.

Uno de los argumentos en defensa de la RBU es la complejidad de la gestión administrativa de las rentas mínimas y del conjunto de prestaciones y subsidios que actualmente ofrece el estado. Conviene situar que el simple intento de compactación, como en el caso del 'Universal Credit', introducido en Escocia, no funciona por vía de la compresión de la casuística. Como destaca el profesor Noguera, tampoco la RBU quedaría al margen de una tramitación que, en cualquier caso, a medio plazo, se habría de beneficiar de tres cuestiones. En primer lugar es inaplazable el acceso mediante una declaración responsable por parte de las personas beneficiarias a todas las ayudas y prestaciones. Además hay que garantizar la interoperabilidad entre administraciones y departamentos en el marco del avance tecnológico también en la función pública. Finalmente, es perentorio ampliar la mediación personal y directa de trabajadores/as y orientadores/as sociales, marginados de su función en el marco de la regresión neoliberal, la austeridad y los recortes.

La confusión que comporta el carácter 'universal' de la RBU radica en que sus beneficios no se concentran en el 20% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza y en que no aporta un criterio 'redistributivo', fiando el peso de la redistribución a una fiscalidad que hoy está bajo presión permanente. Como señalaba David Harvey, la renta básica no mejora, en términos económicos, la redistribución, pero tampoco resuelve la mejora de la renta disponible. La mejora del valor de cambio de esta es absorbida de manera previsible por la reducción de su valor de uso, eso es, por vía del incremento de los precios de productos y servicios. Tampoco la superación de la esclavitud del trabajo asalariado, que se sitúa como argumento recurrente para la RBU, desaparece. El trabajo asalariado continúa existiendo aunque sea en forma de trabajo 'marginal' que ha de complementar la renta, al no superarse la esencia del problema, que no es otro que el capitalismo. Esta 'insuficiencia' es la que hace amable la renta básica a actores como la OCDE, el Banco Mundial o el FMI.

Finalmente el gran reto de una renta básica es la fijación y actualización de su importe. En relación al segundo aspecto, cuando estamos en una fase regresiva en relación a la capacidad redistributiva de la fiscalidad, cuando enfrentamos, año tras año, un reto para actualizar IPREM, IMV, pensiones no contributivas, IRSC o RGC, no se acaba de ver cómo se habrá de garantizar que la actualización de la RBU responda a las necesidades mínimas de la población y no a los intereses de quien tiene el poder económico y financiero. Si hay quien piensa que la democracia aporta suficientes garantías tal vez le convenga revisar el estado de salud y la capacidad de transformación de un sistema democrático polarizado y muy debilitado. Ligar en este marco la renta mínima al sistema de la Seguridad Social y no a la única ley que tiene un carácter anual y por tanto obsolescente, eso es, los Presupuestos Generales del Estado, podría aportar una cierta garantía, pero supondría ligarla de cerca a un marco de relaciones laborales que para algunos comporta un estigma.

Más allá de los detalles y de las cuestiones más mundanas, la RBU choca también para algunos de nosotros con una cuestión de tipo más conceptual e ideológico. Conecta de una manera demasiado directa con la propuesta de un impuesto negativo sobre la renta, planteada por Rhys-William y Milton Friedman, eso es, con una propuesta que monetiza el estado del bienestar, convirtiéndolo en un 'estado de transferencias'. La conciliación que proponía el padre del neoliberalismo entre mercado y estado del bienestar, se basaba en una sacralización de la 'libertad', como derecho subjetivo de los ciudadanos, que deberían ser los únicos 'jueces' de sus necesidades, más allá de los servicios y derechos que ha de proveer el estado. En este debate el elefante en el salón no es otro que fijar el mínimo 'necesario'. La libertad se esfuma de manera inmediata si se considera el acceso a la sanidad en los EEUU, o se analiza la permanente manipulación del concepto 'libertad' por parte del neoliberalismo y de personajes tan 'libertarios' como Ayuso o Milei.

Finalmente hay un último punto relevante. Para la transformación del capitalismo parece más difícil de organizar una legión de pequeños rentistas, que una clase trabajadora con conciencia y capacidad de intervenir en el tejido productivo mediante la correlación de fuerzas. Son muchos los retos para el trabajo organizado en el marco de la digitalización, el individualismo, la creciente ubicuidad del capital y el control social que facilita la tecnología. Aún así para muchos de nosotros continúa siendo válido que sin trabajo no hay plusvalía. Por tanto la palanca para la transformación gradual del capitalismo sigue siendo el trabajo organizado. Sí resulta perentorio revisar el concepto de 'trabajo' para ampliarlo al trabajo reproductivo y a la generación de valor en el ámbito de la digitalización. Al mismo tiempo es inaplazable un debate social sobre 'propiedad' y sobre el sentido de lo 'público'. No entra en la lógica neoliberal, pero algunos y algunas continuamos pensando que la emancipación del trabajo tan sólo es posible organizándolo, y no mediante una renta que lo fía todo a unos derechos hoy asediados y a la capacidad 'tractora' de una democracia en horas bajas.