La letra pequeña

La política está de saldo. Al menos la de Feijoo. Con el candidato gallego han llegado al mercado las rebajas de verano con la promesa de una importante reducción de impuestos. Según como vaya todo, no es de descartar que a partir de otoño tengamos ya las rebajas de invierno, con recortes en servicios básicos y en derechos. Porque la economía no sabe de milagros, y el Presidente del Partido Popular parece empeñado en inventar la cuadratura del círculo. Reducir el IRPF, los impuestos a la banca, a las grandes empresas y a los patrimonios, contrayendo, al mismo tiempo, deuda y déficit, y todo eso sin tocar la sanidad, la dependencia o la educación, tal vez sea lícito en el marco de una campaña electoral, pero es tremendamente falaz. Alguien podrá decir que la fortuna sonríe a los audaces, pero en este caso no se trata de coraje, sino que el ejercicio, de nuevo, no va más allá de la más pura demagogia. Las recetas del neoliberalismo que propugnan PP y Vox, ya se aplicaron con pésimos resultados hace una década, y no hicieron sino debilitar nuestro tejido productivo, recortando los servicios públicos e instalándonos en más pobreza y en una mayor desigualdad.

A pesar de las recientes mejoras, el sistema fiscal español sigue estando por debajo, en potencia, eficiencia y calidad, de la media europea. La debilidad del sistema público de sanidad, de atención a las personas mayores o de la educación, se hizo evidente con la pandemia. Ante los inmensos retos que enfrentamos, en el ámbito tecnológico, en el de la sostenibilidad, de la demografía o en clave de cohesión social, una nueva dosis de austeridad y de supuesta audacia económica no haría sino debilitar la situación de las personas que más dependen de una renta digna, empezando por los 10 millones de pensionistas, pasando por las más vulnerables, como los perceptores de prestaciones y subsidios, las personas migrantes o los trabajadores menos cualificados, hasta llegar a esa mitad de la población condenada a una peor posición de salida, cuando se trata de alcanzar unas condiciones de vida y de trabajo dignas, suficientes y justas. La ‘ayusización’ fiscal que promovería el PP beneficiaría a las rentas altas y a los grandes patrimonios, al precio de debilitar el tejido productivo y de condenar a la precariedad y a la incertidumbre a quienes dependen de un trabajo o prestación.

El contrato de país de la derecha extrema y de la extrema derecha se escribe con titulares y tiene como única finalidad el conseguir que una mayoría vote en contra de sus propios intereses. De ahí la polarización, los eslóganes provocadores y el recurso permanente a la identidad y al agravio, nacional y masculino, como si estos tuvieran mayor importancia para las trabajadoras y trabajadores que la calidad del empleo, de la educación o de la sanidad, o el acceso a unas prestaciones que permitan vivir más allá del miedo y la incertidumbre. Ante la falacia de que la rebaja de impuestos estimula la economía y permite aumentar la recaudación, de que la reducción del Impuesto sobre la Renta (IRPF) mejora renta disponible y poder adquisitivo de las personas trabajadoras, conviene señalar que este tipo de contratos tiene letra pequeña. Si la mejora del salario se consigue mediante una reducción generalizada de impuestos, quien pierde, es quien no puede permitirse un seguro o un colegio o una universidad privada, eso es, quien depende de la calidad de lo público y de los servicios que se financian con los impuestos que gravan consumo, beneficios, rentas y patrimonio.

La reducción de impuestos a las rentas más bajas tan sólo supone una mejora si se compensa con una mayor recaudación en las rentas más altas y en las grandes fortunas. Pero eso es tabú para Feijoo y el lobby corporativo y financiero que secunda su campaña y también la de Vox. Por eso el PP votó en contra de la reducción del IRPF de las rentas de menos de 22.000 euros, hizo campaña sin descanso por una deflactación que beneficiaba especialmente a las rentas más altas, o, como manifestó en Barcelona, se las ve y se las desea para que la judicialización del impuesto a los beneficios extraordinarios de banca y las eléctricas, le evite, vía sentencia, tener que justificar ante Bruselas la eliminación de los impuestos a aquellas empresas y corporaciones que más se han lucrado con la inflación y con el incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El proyecto de Feijoo se presenta desde la moderación y recurriendo a eufemismos como los ‘ajustes’ de la reforma laboral, pero lo hace orque tiene muy claros los tempos.

La finalización del periodo de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la finalización de la compra de deuda en el mercado secundario por parte del BCE, nos devolverán a las tensiones que ya sirvieron de excusa a Rajoy para recortar el estado del bienestar y para alimentar la pobreza y la desigualdad en España. Pero frente a ese cálculo está la memoria y la experiencia. Una inmensa mayoría de las personas que viven de su trabajo en nuestro país, tienen presente cómo, frente a la precariedad laboral introducida por el PP, se ha demostrado que es posible crear al mismo tiempo más y mejor trabajo. La mayor parte de los pensionistas no han olvidado el ‘0,25%’ de aumento mínimo de las pensiones que introdujo el PP con la reforma del 2013, y que les habría costado, en 2022, una de sus 14 pagas. La sociedad española es consciente de que no se trata de reducir los impuestos de manera generalizada, sino que frente a la demagogia y el populismo, conviene leer la letra pequeña.