Quid pro quo

Que la política también puede dar alegrías nos lo confirmó recientemente la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2023 sobre pensiones. La iniciativa completa las medidas y garantías en relación a la sostenibilidad y suficiencia del sistema público introducidas por la ley 21/2021, y consolida un marco normativo que conjura estabilidad y justicia en el horizonte. Es el momento de felicitar a los máximos responsables del consenso alcanzado, pero también de recordar a todas y todos aquellos que bregaron por tejer las necesarias complicidades y por superar los agravios y diferencias que se hicieron evidentes a lo largo del camino. Y no nos referimos tan sólo a quienes entienden el sistema público como una competencia desleal al negocio de los fondos privados, sino también a aquellos y aquellas que ven el sistema de pensiones como un gran fondo de capitalización del que creen que han de ejercer como accionistas. Y sin embargo el sistema es de reparto. Una generación paga con sus cotizaciones las prestaciones de las anteriores, lo que es una garantía de estabilidad, y la razón por la cual quienes participan en la mesa de negociación sean sindicatos y patronales.

Al recordar a quienes han estado en la lucha por un sistema cuya suficiencia y sostenibilidad está garantizada por la solidaridad entre generaciones y entre persones, nos vienen a la cabeza unos cuantos compañeros/as que nos han dejado a lo largo de estos últimos tres años. Quisiera destacar a uno de ellos en especial, Miquel Lluch, que, durante buena parte de este intenso trayecto, ejerció de máximo responsable de los y las Pensionistas y Jubiladas de CCOO de Catalunya. Víctima de un accidente laboral de circulación, que le dejó con la vista muy mermada con poco más de 40 años, Miquel fue pensionista, pero se quedó a las puertas de cobrar una jubilación que, finalmente, le negó la enfermedad que se lo llevó el 9 de septiembre del año pasado. Hasta el último momento estuvo volcado en difundir y defender las mejoras introducidas por la primera fase de la reforma aprobada en diciembre de 2021 y en cerrar filas para promover una segunda fase que desarrollara los aspectos que quedaban pendientes, y especialmente todo aquello que tenía que ver con la brecha de género, las pensiones mínimas, o con ampliar y afianzar las garantías de ingresos.

A Miquel tal vez le fallaban los ojos, pero le sobraban visión y capacidad de análisis político para ver mucho más allá de los afortunados que, aún disfrutando de buena vista, situamos demasiado cerca nuestro horizonte inmediato. A lo largo de las asambleas realizadas conjuntamente, de las campañas ideadas en su despacho, o de las conversaciones algo más informales, en la otra orilla de la Vía Laietana, la cuestión se perfilaba siempre con meridiana claridad. Las pensiones para unos, que son los que más poder tienen, siempre han sido un negocio, mientras que para la inmensa mayoría, son la principal garantía para poder vivir el último tramo de la vida en unas condiciones mínimas de dignidad. La reforma actual, con la mejora del Mecanismo de Equidad Generacional, con la cuota de solidaridad que grava por primera vez el salario completo de las rentas más altas, con el incremento de las pensiones mínimas, las medidas para paliar la brecha de género en la vejez, o la alternativa en el período de cómputo, le habría supuesto una gran satisfacción por ser medidas que hasta hace bien poco parecían inalcanzables y consolidan la robustez del sistema público.

Se habría reído Miquel desde la complicidad, por el repentino magisterio negociador del otrora volcán Escrivà, que tanto nos desesperó en la primera fase con sus aparatosas filtraciones a los medios. Se habría sorprendido de la improbable pericia del ministro al tejer un acuerdo urdido a cuatro bandas, incluyendo dos actores tan impredecibles como la Comisión Europea y los socios necesarios para aglutinar una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Se habría sentido satisfecho de lo alcanzado y habría visto confirmadas una vez más sus sospechas por la espectacular pataleta de Nuñez Feijoo en su reciente periplo europeo. La crítica al amplio consenso social y político alcanzado sitúa con meridiana claridad cuál es la querencia del Partido Popular, y cómo es de evidente el peligro de que, si se alcanza una mayoría nacional conservadora en las próximas elecciones al congreso, se acabe aplicando un nuevo correctivo como el de 2013, aunque sea pasando por encima de la necesidad y de la voluntad de la inmensa mayoría de la población.

El supuesto republicanismo centrista de Macron lo ha dejado muy claro. La distribución de la riqueza ya sea entre capital y trabajo, entre generaciones o entre personas, para algunas y algunos, no pasa por el respeto a las reglas básicas de la democracia. La construcción de una hegemonía capitaneada por la alianza entre extrema derecha y derecha extrema en Europa ha comenzado a convertirse en presunta normalidad en buena parte del continente y extiende su sombra también a Francia y España. El resultado previsible no se le escapa a nadie: pérdida de soberanía democrática y de contrapeso al dictado del capital financiero y corporativo, hasta revertir las recientes conquistas sociales y laborales, incluyendo las dos leyes de pensiones que aportan suficiencia y sostenibilidad por la vía del ingreso, eso es por la vía de la justicia social, y no por la del recorte del gasto. Y sin embargo hay quien sigue pensando que se puede nadar y guardar la ropa, votar a la derecha y disfrutar al mismo tiempo de los derechos sociales, ya sean pensiones, educación o sanidad. Quid pro Quo que diría Miguel. Si quieres derechos te organizas y votas a quien representa tus intereses.