Política de perfil

Publicat al 'Nueva Revolución' el 28.02.2023


Si cada país enfrenta algún problema estructural que responde a un conflicto o déficit instalados en su tejido socioeconómico, en nuestro caso sin duda sería el desempleo. Con unas tasas que permanecen instaladas más de cinco puntos por encima de la media europea, España desconoce lo que es el desempleo técnico, que es el que se da exclusivamente por la transición de las personas de un empleo a otro. Lejos de ese hito que sí se ha alcanzado en diferentes países europeos, como es el caso hoy de Alemania, en nuestro país coinciden en el tiempo una tasa de paro de casi el 13%, con la demanda por parte de las patronales de poder contratar en origen por no encontrar trabajadores cualificados. Eso supondría que, a pesar de tener más de una de cada ocho trabajadores sin empleo, habríamos alcanzado el umbral del paro estructural, eso es, aquel en el que, por falta de adecuación entre demanda y oferta, y mayormente por falta de cualificación, hay un remanente de personas que no ven satisfecho su derecho a un trabajo digno. Si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo en la zona euro es actualmente del 7,6%, la dimensión del problema que enfrentamos no es menor.

Compartir zona monetaria, si bien conlleva algunas ventajas en términos de estabilidad, también comporta algunas desventajas evidentes, especialmente cuando se permanece en la cola en lo relativo a los indicadores del empleo. Así, cuando desde las instituciones comunes se apela a la tasa natural de desempleo, eso es, el umbral bajo el cual la falta de trabajadores cualificados hace que suban los salarios, y con ellos demanda e inflación, cuando se apuesta, en definitiva, por darle la vuelta al problema, eso es, atajar la inflación al precio de incrementar la tasa de desempleo, por desgracia se pone en el mismo saco a países como Alemania, con una tasa del 2,9%, y a España, con una que es diez puntos superior. Parece obvio que, como palanca de ajuste, el desempleo tiene mucha mayor incidencia si la situación de partida es más precaria, como en nuestro caso. Se podrá decir que las personas ahorradoras alemanas, agobiadas por la inflación, no tienen la culpa de la ineficiencia del mercado laboral en España, pero la realidad es que todos compartimos, queramos o no, una sola política, y esta ha de responder a las necesidades del conjunto de la población.

Que la ley de empleo formara parte de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia negociado con Europa tiene así todo el sentido del mundo. El esfuerzo legislativo ha culminado con un acuerdo amplio y una ley que ahora se ha de trasladar a la realidad. El cambio que se plantea sin embargo no será operativo si no se traslada también ‘culturalmente’ a los tres actores esenciales en las políticas de empleo. Por la parte de las personas trabajadoras es necesaria una mayor asertividad a la hora de defender el derecho a la formación permanente, ya sea desde la propia empresa o en el marco de la negociación colectiva y de la concertación social. En lo relativo a la empresa, conviene combinar el hábito de la contratación a la carta, con el de anticipar las necesidades en términos de cualificación, mediante la formación continua de los trabajadores/as. Al mismo tiempo no existe excusa posible para no superar el trauma de la eterna juventud que parece aquejar a algunos empresarios y empresarias y que se traslada a un rechazo visceral a emplear a las personas de más de 45 años con independencia de la experiencia o cualificación que puedan aportar.

Y finalmente están las propias instituciones, y muy especialmente el servicio de empleo estatal y los servicios autonómicos. Por mucho que cambie de nombre, ni el SEPE ni tampoco lo servicios de empleo en el ámbito autonómico podrán encarar el reto de un cambio ‘estructural’ del mercado de trabajo, si no se produce antes un giro copernicano en sus planteamientos, trasladando aquellos que define la nueva ley. Si hubiéramos de visualizar el cambio de paradigma, éste sería el paso de un servicio en el que se registra a la persona con tal de facilitar su acceso a una prestación, o, a lo sumo, a un programa de empleo que, la mayor parte de las veces, ni la insiere laboralmente ni mejora tampoco su cualificación, a otro en el que la persona es atendida en base a un perfil elaborado, y orientada de manera personalizada definiendo un itinerario que le permita acceder o a una oferta adecuada o a un programa de empleo que la acompañe e insiera o que, como mínimo, mejore su cualificación y con ella sus posibilidades reales en el mundo laboral.

Pasa por disponer de perfiles que permitan que, identificando al usuario/a, se acceda a su histórico, de tal manera que se pueda completar éste con otros datos relevantes obtenidos mediante entrevista, con tal de adaptar la orientación a las expectativas y necesidades de la persona. Con los datos de contratación y los de la Seguridad Social ya registrados, el perfilado inicial es suficiente para hacer mucho más práctico, útil y satisfactorio el trabajo del orientador o orientadora del servicio público de empleo. El cambio de paradigma requiere así de una significativa inversión tecnológica, accesible en el marco de las ayudas a la digitalización de la Administración Pública, y de una mayor atención e integración de las propuestas y demandas de los y las profesionales de los servicios de empleo. La prioridad debería ser facilitar la intermediación real, hoy en mínimos, y al mismo tiempo promover la cualificación de las personas trabajadoras para superar una cota de desempleo estructural que se mantiene en cotas insostenibles y que requiere de humanizar las políticas de empleo, dándoles para empezar, un ‘perfil’ propio.