El corazón social de Europa

Tal vez fuera un buen presagio. Al llegar las delegaciones sindicales, hace dos semanas, al 14 congreso de la Confederación Europea de Sindicatos en Viena, se declaraba una crisis en el gobierno austriaco, formado por los democratacristianos y la extrema derecha del Frente Popular. A los pocos días de emprender los 600 delegados y delegadas su regreso, el presidente Kurz presentaba su dimisión, poniendo fin a uno de los gobiernos de la vergüenza que han prosperado en Europa en los últimos años. Sin duda la relación es casual, pero no deja de ser sugerente en el ámbito de las elecciones europeas y del debate sobre el papel y la influencia que pueda ejercer el sindicalismo en Europa, y muy especialmente en la deriva reaccionaria de algunos gobiernos, que, en buena medida, se apoyan en el voto de las clases populares. Vale la pena recuperar en este sentido un artículo de Colin Crouch sobre afiliación y poder sindical, que hace dos años, situaba algunas premisas interesantes.

La pregunta de fondo de este texto es sencilla. Se trata de si la pérdida de afiliación que se ha producido gradualmente desde los años 80 en toda Europa, ha supuesto un declive en la influencia de los sindicatos, y si, a la hora de legitimarse estos, pesa más la influencia política o la correlación de fuerzas frente al capital. Para responder a esta pregunta Crouch describe las paradojas que se han producido en el corazón de las organizaciones sindicales. Así, mientras las que sacan su fuerza de la movilización han tenido que enfrentar un cierto declive en su capacidad de convocatoria, las que se hacen fuertes en la negociación se han visto arrastradas a las contradicciones del mercantilismo, defendiendo una contención salarial que atajaba la inflación y favorecía una hegemonía comercial con beneficios evidentes para sus empresas, pero no tanto para los ingresos salariales y las condiciones laborales de sus afiliados y afiliadas.

El problema de la inflación pasó a ser así el problema del desempleo y de aquí se convirtió en el reto de hacer frente a la precariedad y la pobreza laboral, y con él a la organización de un colectivo de trabajadores que se salía, en buena medida, de los parámetros industriales. Más allá, el politólogo británico analiza la influencia de los sindicatos para atajar la creciente desigualdad social. Así la relación entre la fuerza de los sindicatos (en afiliación…) y la tasa de desigualdad Gini, resulta menor antes de impuestos y transferencias sociales, que cuando se suman estos elementos, que representan la distribución secundaria de la riqueza, en la que influye el marco del diálogo social. Esta evidencia sugiere a Crouch que las conexiones ampliadas en el ámbito político, son más importantes para la influencia de los sindicatos, que su papel en la distribución primaria de la riqueza, a través de la negociación colectiva.

Sin embargo a la lógica de este razonamiento le falte tal vez un análisis cronológico. Fue la gobernanza europea, y sus mecanismos de ajuste y de devaluación interna, los que anularon la negociación colectiva, interviniendo en su autonomía, y desencadenando un incremento de la desigualdad. Y han sido las consecuencias políticas de esta desigualdad, eso es, el aumento del populismo de la extrema derecha, el que hizo volar las campanas y puso sobre aviso a la Comisión Juncker, que intentó recuperar con urgencia la agenda social, desarrollando el pilar social europeo y otras iniciativas. Esta es la situación que nos encontramos después del congreso de Viena, con un nuevo equipo en la Confederación Europea de Sindicatos y también un flamante Parlamento Europeo, legitimado en sus funciones por un aumento importante de la participación en un proceso electoral que ha contenido el voto reaccionario.

En relación al siguiente mandato de la Comisión y al perfil del posible Presidente o Presidenta, vale la pena leer el Manifiesto de Viena que emerge del congreso de la CES, y que cuenta con el apoyo de 45 millones de trabajadores y trabajadoras europeos. Aquí la demanda central es la de un nuevo contrato social en Europa que refuerce la interrelación entre estado, trabajo y capital, y que, por tanto, respete, por un lado, la autonomía de los interlocutores sociales, y por el otro, sitúe el marco legislativo para garantizar que el trabajo de calidad, la redistribución de la riqueza y la inversión en el bienestar colectivo, sean los cauces que abran paso al progreso y a la cohesión social. Este es el mejor dique de contención que se le puede poner al neofascismo que asoma sus miserias por los gobiernos europeos. No exige favorecer el diálogo social en una postura de protección hacia los sindicatos, sino eliminar los obstáculos impuestos por la gobernanza europea que, al subyugar trabajo y democracia al dictado de los mercados, ha acabado por corromper el corazón social del proyecto común.