La productividad del gobernador

El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha heredado, al parecer, algunos malos hábitos de su predecesor. Sus recientes declaraciones sobre el impacto que tendría el tan necesario aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el empleo, perpetúan la tradición de hablar de aquello para lo que no existe mandato institucional, y encienden la sospecha de que, como en el caso de Luís M. Linde, se confunda la autonomía con los intereses de parte. A diferencia de la Reserva Federal, el Banco de España no cuenta entre sus funciones, ni como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, ni tampoco como Banco Central Nacional, la de velar por el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Tratar de interferir por tanto en la decisión del gobierno desde el Banco de España, no augura nada bueno, y menos cuando a las hipótesis que plantea Hernández de Cos, les parece faltar fundamento.

Así lo indica al menos la experiencia más reciente de la que disponemos sobre SMIs en Europa. Como confirma el Instituto de Investigación IAB, adscrito a la Agencia de Trabajo Alemana, en contra del pronóstico interesado y de los pésimos presagios de los lobbies neoliberales, la introducción del SMI en Alemania, considerando sus efectos de junio 2014 a junio 2017, se saldó con un aumento de 30,4 a 32,5 millones de trabajadores. También la respuesta elaborada por el IAB a petición de ‘die Linke’ sobre las consecuencias de un aumento del SMI, de los 9,19€ previstos para 2019, a 12€, señala los límites de la ortodoxia neoclásica. Otro estudio reciente, el que firmaron en 2017 Cengiz, Dube, Lindner y Zipperer y que estudia el comportamiento de SMI y empleo en los EEUU, de 1976 a 2016, muestra cómo, de manera agregada, los empleos por debajo del SMI, que desaparecen al aumentar éste, reaparecen por encima del mismo, y así el efecto no es el aumento del desempleo, sino la subida del umbral salarial más bajo.

En cualquier caso, hasta un lince como el gobernador del BdE reconocerá que vale la pena darle alguna relevancia a la relación del SMI con la media y la mediana salarial, para saber cuál es el recorrido en comparativa europea. En este sentido no se le puede sino recomendar que consulte una publicación de la Confederación Europea de Sindicatos de noviembre de 2017. En ella se muestra como el SMI en España era, en 2017, el más bajo en relación a media y mediana salarial (31 y 37% respectivamente) y cómo se habría de incrementar el SMI un 62% para llegar al umbral que establece la OCDE. No sería irrelevante que de paso se tuviera en cuenta si, tal vez, los cerca de 10.000 € anuales en que está establecido el salario mínimo, no quedan demasiado cerca del umbral de pobreza, que en 2017, estaba en 8.522€ y, más importante, muy por debajo de los 17.896€ por unidad familiar con dos adultos y dos menores de 14 años.

Es evidente que Pablo Hernández de Cos puede decir que las 9.950.000 personas que, en 2017, estaban en riesgo de pobreza en España se la traen al pairo, y que eso va más allá de las funciones previstas para el BdE. Sí está entre ellas la supervisión bancaria, y por mucho que en la web del BdE se argumente que “no se puede evitar que existan entidades mal gestionadas o ineficientes”, parece evidente que los 60.600 millones de pérdidas del rescate financiero, y también sus efectos sobre la deuda pública, demuestran una gestión cuestionable por parte del supervisor. Esta realidad constatable y el vicio por un análisis económico ajeno a los problemas estructurales de nuestro modelo productivo, que van desde la falta de inversión en innovación o formación, hasta el tamaño reducido del tejido empresarial, pasando por el precio de la electricidad, plantean si la productividad que falla no será, en primer lugar, la del Banco de España, y si la autonomía que habría de respetarse con carácter prioritario, no será la del gobierno del que nos hemos dotado mediante elecciones democráticas.

Porque con este tipo de declaraciones, se plantea la duda de si la finalidad última del supervisor es la de garantizar un sistema bancario que facilite un crecimiento y bienestar sostenible para la ciudadanía, o si ha de ajustarse, en primer lugar, al criterio de los mercados y de su ortodoxia neoliberal. Sin duda los efectos del aumento de la desigualdad territorial en Europa, la pérdida de cohesión en países como el nuestro, y el imparable incremento de la crispación, que tantos riesgos conjura en la actualidad, tienen que ver con la economía, y, por ende, con la política monetaria. La gran divergencia que se ha instalado en nuestra sociedad y la incertidumbre que comporta el creciente proteccionismo internacional, reclaman con urgencia nuevas políticas, por parte del gobierno, pero sin duda también por parte de nuestro Banco Central.