Bajo la alfombra

En mayo de 2018, la ministra de sanidad, igualdad y servicios sociales, Dolores Montserrat, fue reprobada por el congreso de los diputados por las ‘carencias y negligencias’ en el desarrollo de sus funciones. Ahora sabemos que entre las cuestiones que marginó deliberadamente, estaba la publicación de un informe financiado por la Comisión Europea con más de 250.000 euros, que revisaba en profundidad el sistema de garantía de ingresos mínimos y definía mejoras potenciales en lo relativo a su cobertura y la adecuación a las necesidades actuales y futuras. Es importante recordar que al acceder al cargo, hacía bien poco, CCOO y UGT habían presentado una ILP de prestación de ingresos mínimos, avalada por más de 700 mil firmas, que empezaba su periplo por el congreso y cuyo planteamiento, vemos ahora, encaja en muchos aspectos con las conclusiones de este informe elaborado en el ámbito académico.

Con dos años de retraso, la publicación en la web del ministerio del texto completo y también de un resumen ejecutivo, invita a descubrir las complejidades e inconsistencias de nuestro sistema de garantía de ingresos, sus lagunas, la difícil articulación entre prestaciones y la falta de cohesión que le es endémica. En términos generales describe cómo, en relación a Europa, la cobertura del sistema y sus prestaciones son inferiores, especialmente en el ámbito asistencial, donde la protección por desempleo se sitúa entre las más bajas en el ámbito de la OCDE, y muy por debajo del umbral de la pobreza. Si las prestaciones contributivas funcionan como complemento que asiste el funcionamiento de un mercado laboral altamente precarizado, la atención asistencial, que ha de garantizar la suficiencia de rentas y la cohesión social, se encuentra bajo mínimos con evidentes consecuencias para la población más vulnerable.

Pero el informe ofrece además argumentos de peso para desmontar algunos de los mitos de los que se ha servido el Partido Popular durante la crisis, en la lógica del relato neoliberal. Así se muestra cómo falta evidencia empírica para afirmar que una parte significativa de las personas desempleadas muestren preferencia por permanecer en el paro, o que la percepción de prestaciones por desempleo afecte de manera relevante a la intensidad de la búsqueda de empleo. Sí apunta que las personas desempleadas con prestación tienen un margen mayor a la hora de rechazar o no determinadas condiciones laborales, y que puedan permanecer más tiempo en el desempleo. En cualquier caso, si la insuficiencia de nuestro sistema de garantías ya situaba los niveles de pobreza en un nivel superior a la media europea antes de 2008, con la crisis, ha permitido que estos aumentaran en una proporción superior a la de la mayoría de países de la UE.

Pero el sistema de garantía de ingresos no es tan solo insuficiente sino también ineficaz a la hora de reducir la pobreza, encontrándose España entre los países en los que el impacto de las prestaciones monetarias sobre la tasa de pobreza es más reducido. Así, si el conjunto de prestaciones sociales, tanto contributivas como asistenciales, consigue reducir la pobreza a la mitad, es gracias a las pensiones y prestaciones contributivas. Las cuantías que ofrecen las prestaciones asistenciales están más cerca de los umbrales de la pobreza severa (30% de la media) y tienen un efecto limitado sobre los más de 12 millones de personas que estaban, en 2017, en riesgo de pobreza o exclusión social (26,6% de la ciudadanía). Incide así sobre todo en aquellos que enfrentan una situación de pobreza severa, eso es, un 6,9% de la población, o 3,2 millones de personas el año pasado, según el 8º informe de la Red Europea contra la Pobreza.

Por otro lado, tal y como destaca el informe, el sistema discrimina especialmente a ciertos colectivos en función de su edad y del tipo de hogar en el que viven. Así las personas jóvenes emancipadas de menos de 45 años, las que no pueden trabajar por incapacidades no reconocidas, las mujeres víctimas de violencia de género sin resolución oficial, las personas sin residencia legal, aquellas cuya vida laboral siempre ha discurrido al margen de la legalidad, las personas perceptoras de prestaciones mínimas que encuentran un empleo temporal, las que tienen muy bajos salarios, o las que, por ejemplo, no pueden disponer de un número de cuenta bancaria, quedan al margen de una garantía de mínimos con prestaciones entrelazadas, y de una notoria complejidad, que demasiadas veces genera confusión entre los usuarios/as.

El mapa que dibuja el informe ocultado por Dolores Montserrat es descorazonador porque describe unos instrumentos que quedan lejos de las necesidades reales, y que son fruto de la agregación histórica de estrategias muy diferentes pero siempre insuficientes. Todas ellas tienen en común una falta de ambición y una penalización o estigmatización de aquellos/as que han quedado descolgados de empleo o de renta. Por eso el debate es necesario, porque un buen sistema de ingresos mínimos responde al interés general, tanto en las fases de crecimiento, como en aquellas otras en las que la prioridad está en evitar que la crisis se traduzca en pauperización y precariedad extrema de las personas más vulnerables. Aquellas que algunos/as quieren barrer debajo de la alfombra, con tal de que no les estropeen la estadística, el decorado, o la imagen que se han hecho de la realidad.