¡Benditos 84!

La política está llena de paradojas, pero hay una que resulta especialmente curiosa. Se trata de la evidencia demostrable de que los partidos de la izquierda hacen políticas sociales fuertes cuando son débiles, y políticas sociales débiles cuando son fuertes. Así, una mayoría absoluta en un partido socialdemócrata no comporta necesariamente un impulso político para alcanzar mayor justicia y cohesión social, sino que suele implicar una cierta deserción y reorientación hacia premisas de corte liberal. Sin embargo, una mayoría simple o incluso muy ajustada, permite alumbrar, a veces, la definición y ejecución de aquellas políticas que desea la inmensa mayoría del voto progresista. Para muestra un botón: la publicación en julio en el BOE del Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el PSOE de los 84 diputados, y que es, tal vez, uno de los acuerdos de carácter socio-laboral más destacables de la historia reciente de este país.

El propio título del acuerdo nos remite al ámbito de la OIT y a su Programa de Trabajo Decente, que se convirtió, en 2015, en uno de los elementos centrales de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Cuando este 7 de octubre se cumplen 10 años de la introducción de la Jornada Mundial del Trabajo Digno, convocada cada año por la CSI (Confederación Sindical Internacional), no podemos sino celebrar que no sean tan sólo los países con un claro subdesarrollo social los que definan un plan de trabajo decente, sino que también aquellos que, como el estado español, debieran pertenecer a la vanguardia del progreso social, hagan un acto de humildad y de compunción socioeconómica a la hora de abordar frontalmente las notorias carencias en términos de calidad y dignidad del empleo. Abordar el ‘trabajo del presente’ cuando se agota tanta energía en dilucidar el ‘trabajo de futuro’, recupera para la ciudadanía una buena porción de lúcido pragmatismo y de compromiso político real.

El acuerdo aprobado por el PSOE identifica la precariedad laboral como una rémora de la falsa salida a la crisis, y como una lacra social que ha extendido la dependencia y la incertidumbre en la sociedad española, proponiendo, como uno de sus objetivos centrales, la recuperación de los derechos que ha esquilmado el directorio neoliberal desde Washington, Madrid y Bruselas. La precariedad se ceba hoy en los trabajadores/as, especialmente jóvenes y mujeres, al impedir que puedan conformar proyectos personales o profesionales que tengan vocación de futuro y de permanencia. Lo hace con nuestro sistema de la seguridad social, al devaluar los ingresos por cotización, pero se ceba también en el tejido empresarial, al dificultar que la competencia se base en el valor añadido (formación, innovación, inversión, organización) y se acabe orientando demasiadas veces no más que en la viveza y la falta de escrúpulos.

El diagnóstico que realiza el acuerdo define claramente las dos fases que han marcado los últimos diez años de nuestro mercado laboral. Una primera, hasta 2013, con una infame destrucción de empleo, y una segunda, en la que se crearon 2.400.00 puestos de trabajo, pero de baja calidad, al ser casi la mitad de ellos de carácter temporal, y muchos de ellos parciales involuntarios, o que se correspondían con la figura de falsos autónomos, falsos becarios y también falsas cooperativas. Frente a esta realidad, el Plan Director reafirma su carácter pragmático a lo largo de 75 medidas, 55 de carácter operativo y 20 con vocación organizativa, y dos planes de choque, uno contra el fraude en la contratación temporal, y el otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, ambos iniciados este mes de agosto.

La mejora interanual en la contratación indefinida que plasman los recientes datos del paro y de la contratación registrada, corroboran un impulso en la conversión de contratos temporales en fijos que ha supuesto una mejora con respecto a agosto y septiembre de 2017 de un 49,2 y un 37,52% respectivamente. Parece por tanto evidente que es posible incidir en la calidad del empleo si existe voluntad política, y la cuestión crítica que se plantea es, hasta cuándo será posible mantener ésta, dada la precaria aritmética parlamentaria en el congreso. Recuperando la paradoja del principio, otra pregunta que no podemos dejar de hacernos es, si, tras unas previsibles elecciones, el PSOE de Pedro Sánchez mantendrá este tipo de iniciativa a pesar de tener una mayoría parlamentaria más holgada, o si siguiendo la tónica histórica, atenuará su impulso en la misma medida en la que alcance una mayor estabilidad política.

Ante esta duda legítima se abre una cuestión que traslada la paradoja al conjunto de la clase trabajadora: ¿Cómo garantizar en unas elecciones que un partido tenga una mayoría limitada y simple, con tal de que siga realizando buenas políticas socio-laborales?