Trabajo y república

Las declaraciones previas del Presidente Torra, anunciaban un discurso muy diferente al que finalmente se escuchó en el Teatro Nacional de Catalunya, el pasado 4 de septiembre. Las referencias a los sacrificios que habrían de asumir los y las catalanas, vaticinaban argumentos en la clave que le es común al neoliberalismo, al patriotismo y al fundamentalismo religioso, que no es otra que la redención, mediante el sacrificio, de una injusticia que ha de cobrarse su precio a sangre y fuego. Pero las palabras del President fueron muy diferentes y hay que reconocer que se hizo patente una voluntad conciliadora, hasta cierto punto integradora, si tenemos en cuenta dos cuestiones colaterales. Por un lado, en relación a la forma, la dramaturgia, que contagiaba el escenario con una épica algo disonante, por ser un mensaje al país. Por el otro, en relación al contenido, el uso poco afortunado de la palabra ‘pueblo’, cuando parece evidente que la sociedad catalana permanece profundamente dividida.

En cualquier caso las referencias al carácter innegociable de los derechos sociales, a la igualdad de oportunidades y al valor del trabajo, como elementos centrales de la identidad colectiva, van por el buen camino, si de lo que se trata es de recuperar la cohesión alrededor de valores democráticos y sociales. En este sentido, conviene subrayar que la responsabilidad no puede recaer tan sólo en la capital del estado, sino que, quiérase o no, es compartida, también en lo relativo a las condiciones de vida y de trabajo del ‘pueblo’ catalán. Ni la suspensión por parte del TC de 14 medidas sociales, ni tampoco el frenesí judicial, pueden distraer del hecho que el modelo de crecimiento y de redistribución de la riqueza que nos ha quedado tras 10 años de crisis, se muestra incluso más obsoleto y resulta más perjudicial para la cohesión, que nuestra precaria e injusta arquitectura institucional.

Si nos fijamos en el PIB, a pesar de la mejora desde el punto de inflexión, en 2013, seguimos lejos, en relación a Europa, de la riqueza alcanzada en 2007. Sin embargo, el que el PIB per cápita haya crecido, des de 2013, en un 12,7%, no puede ocultarnos que la renta media neta anual de los hogares, eso es, los ingresos corrientes de las catalanas y catalanes, lo haya hecho tan sólo en un 4,73%. La explicación radica en el carácter nuclear que tienen los salarios para las rentas familiares, y que estos no hayan crecido en este tiempo más de un 1%. Esta devaluación se debe, en primer lugar, en la reforma laboral, aprobada en su momento por CiU, que ha facilitado que más de la mitad de los contratos laborales firmados en 2017 tuvieran una duración máxima de tres meses, que un tercio de los contratos fuera de menos de 7 días, o que los últimos dos años, la contratación mediante ETTs haya crecido un 11,2%.

Los últimos datos de paro registrado y de la seguridad social son preocupantes y nos sitúan a la cola del estado, después de Murcia, en lo relativo a las afiliaciones, y de Castilla la Mancha, en lo que compete al aumento interanual del paro registrado en agosto. Las disfunciones del mercado de trabajo que hace explícito el Departamento de la Vicepresidencia en su NCE 2017, parecen estar atenazando la cohesión, colapsando la redistribución de la riqueza que se está generando desde 2014. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social subió, en 2017, del 22,5 al 23,8%, superando la tasa del 2015, y el aumento de la desigualdad en Catalunya, que hacen evidente los índices Gini i S80/S20 (del 31,4 al 31,8 y de 5,5 a 5,7 respectivamente), pone en evidencia las fuertes limitaciones a las que se está condenando la distribución primaria y secundaria de la riqueza en Catalunya.

Así, al margen del declive en términos de fiscalidad, hoy hemos de lamentar que la mitad de la pérdida de gasto en políticas sociales en el estado, entre 2009 y 2017, se concentre en Catalunya, con una pérdida de 4.134 millones, lo que viene a suponer una reducción de casi el 20%. Si la reducción del gasto en educación, el tercero de mayor importancia en el estado, ha sido del 12%, en sanidad este alcanza el 27,51%. Estos datos habrían de llamar la atención sobre lo necesario que resulta construir y aprovechar consensos como el AIC, para poner a trabajar la política allá donde existan voluntades, medios y competencias. Servicios públicos tan fundamentales como la sanidad y la educación o la formación profesional, las políticas sociales o el modelo energético o de transporte, reclaman una dedicación intensa y un talante abierto, que extienda alianzas en defensa de las condiciones de vida y de trabajo del ‘pueblo’ catalán, y recupere la cohesión que es condición ineluctable para recuperar la gran mayoría social que necesitamos para ejercer nuestro derecho a la autodeterminación.