País de M.

La reacción del Partido Popular frente a la convocatoria de huelga parcial para el 8 de marzo demuestra hasta qué punto está nervioso el partido de Mariano Rajoy. La pésima calidad de sus argumentos, tildando la movilización de ‘insolidaria’, ‘elitista’, ‘frívola’ o ‘irresponsable’, es la mejor prueba de cómo el PP teme que, junto a la aguerrida protesta de los y las pensionistas, se les abra un nuevo frente. Decía Goethe en un hermoso poema que ‘el ruidoso sonido de sus ladridos sólo demuestra que cabalgamos’, y se convendrá que entre la bullanga, se distingue también la voz trémula, pero al fin y al cabo canina, del partido anaranjado. Así cuando se desentiende de la convocatoria por ser esta ‘anticapitalista’, no hace sino ladrar, como si fuera muy ‘capitalista’, el tolerar la corrupción y el clientelismo del Partido Popular.

Las razones para la huelga han sido definidas con claridad, pero aquí van otras para todos/as aquellos que se resignan a la decrépita gloria que impera en el ‘País de M.’, la inicial traviesa de quien gobierna a la medida de unos pocos y al precio de la precariedad de todos los demás. Esta semana, mientras el rapero Valtonyc era condenado a 3 años y medio de prisión, se secuestraba judicialmente el libro de Nacho Carretero y era retirada la obra ‘presos políticos’ de la feria ARCO, Amnistía Internacional presentaba su informe 2017. En él se denuncia el poco respeto del PP a la libertad de expresión, las crecientes restricciones a la libertad de prensa, la situación de las miles de personas que son condenadas al desahucio, o cómo el gobierno sigue trabajando por dejar impunes, históricos crímenes que no son sino de lesa humanidad.

Unas semanas atrás el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) publicaba su evaluación anual, analizando la situación de parlamentarios, jueces y fiscales en España. De las once recomendaciones iniciales, hoy tan sólo cumplimos 7, de manera parcial, y suspendemos en otras cuatro, entre otras las relativas a la supervisión del patrimonio y de los intereses económicos de los y las congresistas, o la que exige fijar por ley criterios objetivos y métodos de evaluación en la elección de los altos cargos del poder judicial. La corrupción les cuesta a los españoles 87.000 millones de euros anuales, y según el informe mundial presentado hace unos días por Transparencia Internacional, mientras en nuestro país se dispara la percepción de la corrupción, la lucha contra este fenómeno parece desplomarse.

A principios de años comentábamos en este blog el informe del Instituto Sindical Europeo ‘Bad job’s recovery’, que muestra cómo España es el 3er país por la cola en Europa en el índice de calidad del empleo. Tal y como muestra la Encuesta de Calidad de Vida 2016, presentada hace ahora un mes, también la calidad de vida deja mucho que desear. España es, junto a Croacia, Grecia y Chipre el país que más ha bajado en los niveles de felicidad y de satisfacción desde 2011, año en que ganó con mayoría absoluta el Partido Popular. Nuestro país es de los peores en términos de conciliación, de inseguridad sobre la suficiencia de los ingresos en la vejez, de confianza en las instituciones, y el peor de todos en términos de incertidumbre existencial, con un 38% de los encuestados que piensan que posiblemente acaben perdiendo su vivienda.

Tampoco el índice de Justicia Social 2017 mejora la perspectiva, especialmente en términos de acceso al mercado laboral, o de abandono escolar temprano, donde tan sólo nos supera Malta. Hay que recordar que, en 2016, 13 millones de personas, casi el 28% de la población residente, estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y que la situación se ha deteriorado, desde 2011, con especial virulencia en la franja de 16 a 29 años. Hablaba recientemente Enric Juliana de ‘Legislatura ciega’ y tal vez convenga ampliar el concepto a ‘Gobierno ciego’. Porque no percibe la realidad en la que viven sus ciudadanos/as, porque se cree sus propias mentiras, porque mientras esquilma la calidad de nuestra democracia, se embelesa escuchando gazmoñerías patrióticas de una vedette de tres al cuarto. Pero este es nuestro ‘País de M.’, la mojiganga que compartimos, y de la que se hacen corresponsables, día a día, quienes teniendo a su alcance los medios, no le ponen fin, desde la solvencia democrática.