El principal problema de las pensiones se llama 'Patronal'

Ha hablado la patronal. Que no cunda el pánico.

Las recientes declaraciones de Javier Vega de Seoane , presidente del Círculo de Empresarios, calificando de ‘concepto trasnochado’ la jubilación a los 65 años, y situando la edad óptima a los 75, responde, más allá de la tan humana voluntad de legitimarse en el puesto, a pesar de tener ya los 70 años cumplidos, a algo tan connatural a la patronal como es la provocación. El alboroto y los titulares no se corresponden así, ni con el análisis de fondo de los expertos invitados al encuentro sobre ‘demografía y longevidad’, ni tampoco a otro argumento que no sea el de instalar el miedo y la resignación, con tal de facilitar la tan largamente planeada transmutación del modelo público de pensiones, en un lucrativo negocio para unos pocos.

Que patronal, PP, y suponemos que C’s, la tengan tomada con nuestro sistema de pensiones, es comprensible. Al fin y al cabo el modelo se basa no en la ‘capitalización’, sino en el ‘reparto’, palabra que le revuelve las vísceras a cualquier neoliberal de pro. Se trata por tanto no de un esquema financiarizado de ‘ahorro’, en el que los contribuyentes guardan individualmente sus contribuciones en unos fondos que quedan al alcance de la insaciable fantasía de la economía financiera, sino de un modelo que se basa en el trabajo y en la ‘solidaridad intergeneracional’ y en el que los trabajadores/as de unas generaciones financian las pensiones de otras. Que este modelo sea inviable por la proyección demográfica no es sino una falsedad interesada.

La mentira comienza con la estrategia maniquea de centrar el debate no en los ingresos del sistema, sino en la proyección demográfica del gasto. Así se pretende dejar al margen del debate la ‘fiscalidad’ y al mismo tiempo la calidad del empleo, que es el pilar central sobre el que se sostiene el sistema de reparto. El principal problema no es así la edad a la que se accede a la jubilación, sino la duración y la calidad de la carrera contributiva, eso es, las condiciones en las que ejercemos nuestro derecho al empleo (Art. 35). Cuando andamos 13 puntos por detrás de Europa en la tasa de empleo de 16 a 24 años (22,9 frente a 35,8%) y 10 en la de 50 a 59 (61 y 70,7%), parece evidente que el problema no es la edad de jubilación.

El problema es la patronal: Porque precariza el acceso al mercado laboral imponiendo un peaje a los jóvenes mediante ‘prácticas’ y ‘becas’. Porque impone la intermitencia e insuficiencia de rentas (rotación, temporalidad, parcialidad y bajos salarios) a las carreras contributivas. Porque desdeña a los trabajadores/as de más de 50 años, a los que discrimina en la contratación, en la formación continua (tan esencial para mantener las capacidades) y en la estabilidad laboral, al ser la víctima propiciatoria en los expedientes y despidos, con tal de favorecer la revisión a la baja de los salarios. Y eso por no hablar del problema endémico del empresariado con las trabajadoras, y la desproporcionada brecha salarial que precariza el conjunto del sistema.

Especular con un aumento de la edad de jubilación a los 75 años, no tiene por tanto otro fin que el de sembrar el pánico y paralizar a la sociedad en el ejercicio de sus derechos. Hay solución y pasa en primer lugar por garantizar el derecho al empleo (de los 18 a los 65 años) y la calidad del mismo, eso es el grado de autonomía, capacitación, conciliación, seguridad, confort, y participación que tengan las y los trabajadores en sus empresas, con tal de evitar la precariedad, la penosidad y la monotonía que cercenan y esquilman sus carreras laborales. En segundo lugar pasa por extender el ‘reparto’ del criterio ‘generacional’ al ‘social’, eso es, eliminar los topes de cotización y reforzar la solidez del sistema mediante la fiscalidad.

Vale la pena recordar que, en ese sentido, un adalid de la patronal, como lo era el consejero delegado de Gas Natural, fue jubilado esta semana, a los 67 años, con 18 millones de Euros… Es hora de darnos cuenta de que los problemas sociales, económicos y también demográficos (entre otros las inexistentes políticas familiares), no se arreglan recurriendo una y otra vez al lado de la ‘oferta’ en el mercado laboral (eso es, la fuerza de trabajo), sino desarrollando mecanismos para mejorar y cualificar la ‘demanda’ (eso es empresa y empleo). Eso comporta sin duda una ofensiva en el modelo impositivo, pero también una revisión del modelo de empresa y de aquello que hemos de decidir y definir entre todos: su función social.