Fátima

En julio se cumplirán 100 años del milagroso encuentro de tres pastorcillos portugueses con la que sería conocida como la virgen de Fátima. Sus tres misterios han sido interpretados como una alusión al infierno, a los supuestos peligros del comunismo y a los que comporta la pérdida de la fe en la modernidad. Pero sin duda el misterio mayor es el culto mismo. Fátima se ha convertido en un lugar de peregrinación que ya nada tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, los efectos de la exposición prolongada de la retina al sol, o el abuso doctrinal ejercido en la vida de tres niños. Si uno lee los testimonios de los peregrinos que acuden al santuario, se encuentra con algunos pasmosos. Está por ejemplo Manuela Moreira, de 63 años que, tras andar casi 200 kilómetros, el último tramo de rodillas, expresa su agradecimiento porque "El año pasado mis hijos estaban en el paro y ahora ya tienen empleo (...)”.

Será por vecindad o por tradición religiosa, pero también nuestro país sufre el poderoso influjo de Fátima. En un mixto ibérico que combina el lastre implacable del pesimismo católico, con el impuesto por la ortodoxia del mercado, parece que aceptamos de frente y escrutando el sol en el horizonte, como aquel 13 de octubre de 1917, el carácter sobrenatural de nuestra coyuntura socioeconómica. Y es que tan sólo desde la ceguera temporal o desde la fe ciega, se puede explicar la transigencia con las políticas impuestas por el gobierno Rajoy. Con la corrupción y la degradación de la vida pública. Con la devaluación del trabajo y la extensión de la precariedad laboral. Con el expolio del fondo de pensiones, que resulta especialmente lacerante en el marco de la zozobra programada de nuestro modelo de seguridad social.

El previsible agotamiento del fondo de reserva, desde el máximo, en 2011, de 66.815 millones de euros, se explica por las sucesivas disposiciones que se han realizado después de suspender en 2012 el PP el límite legal máximo establecido anteriormente en el 3% anual. La reducción de los ingresos por cotización social, que tiene su origen en la devaluación del mercado de trabajo, introducido por las dos últimas reformas laborales, se ha complementado con una intervención fiscal en toda regla. En la implacable lógica de crear el problema para imponer la solución que interesa, se ha desarticulado el sistema de pensiones, desviando, del 2012 a 2015, 47.201 millones de euros a gastos, que nada tienen que ver con el carácter contributivo del sistema. Ahora se dice que este es insostenible, para argumentar, de inmediato, que conviene reducir aún más las cotizaciones con tal de impulsar la competitividad.

Pero el problema de la robustez y sostenibilidad del modelo, radica, parece evidente, en la pérdida de recaudación del sistema productivo y del sistema fiscal. La mejora de los ingresos por cotización es posible si se revierte el efecto destructivo de las dos últimas reformas laborales, se recupera la calidad del empleo y con ella se reactiva la demanda como motor de la economía. Es necesario para ello más progresividad, aumentar las bases máximas y equiparar la base media entre el régimen de autónomos y el general. Cuando las cotizaciones son las más bajas desde el año 1982, es prioritario recuperar por ley el principio de separación, garantizando que el sistema atienda no más que las prestaciones contributivas, excluyendo las sociales y de supervivencia, los gastos de gestión administrativa, y las ayudas a la contratación, al emprendimiento o al sistema agrario, que deben ser satisfechos en el marco fiscal.

El tránsito demográfico es una evidencia, pero no se soluciona con la liberalización del sistema, sino mediante un plan de choque para crear empleo de calidad, aumentar el salario mínimo interprofesional y aflorar el empleo sumergido con tal de recuperar capacidad contributiva. El derecho al empleo, es la mejor garantía para la sostenibilidad del sistema de previsión social, y ha de quedar preservado en el marco de otro tránsito, cuya sombra se cierne sobre nuestro futuro inmediato, el tecnológico. Es más que improbable que el gobierno Rajoy esté a la altura de la situación, que precisa de un consenso amplio. Por eso la mayor incertidumbre hoy es si la ciudadanía transigirá con un proyecto legislativo que devalúe aún más el modelo de seguridad social, y fíe su suerte, no al sistema público y al sentido común, sino a Fátima y a Mariano.