A dos velas

El significado de quedarse a ‘dos velas’ es el de quedar expuesto a la pobreza o al desamparo. Hay 3 explicaciones que sitúan visualmente el origen de esta expresión. En primer lugar está la referencia al juego y a la costumbre de que en las timbas de naipes, antiguamente, la banca disponía de dos velas, una a cada lado, para alumbrarse en sus operaciones. Si se quedaba a dos velas, es que se había quedado en la ruina, sin nada más que esa escasa luz. En segundo lugar la expresión podría hacer referencia a las velas con las que quedaba iluminado el sagrario cuando se cerraba la iglesia por la noche, y el templo quedaba suspendido en la penumbra. Pero hay una tercera imagen, tal vez más gráfica o elocuente, que utiliza ‘vela’ como metáfora de los mocos que les pendían a los niños de los orificios nasales cuando nadie se los quitaba. A dos velas sería por tanto también expresión de falta de atención y de dependencia extrema.

Si uno repasa la hemeroteca de los últimos veinte años, no tarda mucho en apercibirse que el desajuste en la tarifa eléctrica, ya sea en términos de injusticia o de despropósito, es un mal crónico de este país. Hoy cuando competimos con Chipre y Malta (dos islas con una evidente limitación en la producción energética) por tener la electricidad más cara de Europa, tenemos un oligopolio eléctrico controlado por cinco grandes compañías que compiten en poco más que en la capacidad de generar pingües beneficios (5.000 millones en 2015) gracias a un sector condenado políticamente a una regulación extremadamente compleja y que se distingue por la concomitancia permanente con el poder político. España está a dos velas ya no tan sólo por el gran número de hogares condenados a la pobreza energética, sino porque junto a la fuerza de trabajo, la energía es el segundo factor macroeconómico en términos de competitividad.

Los hitos de esta tenebrosa historia tienen que ver, como la propia expresión, con la ruina de la energía como bien público, con la penumbra y falta de transparencia del sistema, y con la desatención y la omisión permanente de la electricidad como bien de primera necesidad. La liberalización del mercado, en 1997, puso los cimientos del proceso, al externalizar la capacidad de fijar el precio de la producción energética y consolidar el derecho al beneficio por parte de las eléctricas mediante los Costes de Transición a la Competencia, con ayudas por valor de 7.327 millones de euros. Se trataba de blindar a las compañías en su proceso de adaptación al mercado, cuando en términos de ‘liberalización’ tenía que ser precisamente el mercado el que hubiese introducido la presión para mejorar eficacia y eficiencia energéticas. El siguiente paso sería, como el primero, obra del encausado Rodrigo Rato.

El concepto ‘déficit de tarifa’ trata de desligar la fijación del precio de la energía del calendario electoral y de otras cuestiones de primer orden político, y permite que, tras fijar las propias eléctricas el coste de producción, se pase a aplazar el pago mediante la acumulación de una deuda que puede además ser externalizada. Es el caso de la deuda energética que hoy se ha titulizado y colocado a la banca y a la inversión privada, de tal manera que el marco jurídico para auditar y desarticular el fraude del déficit de tarifa, sea mucho más complejo. La deuda acumulada desde el año 2.000 comporta ya la cantidad de 24.000 millones, y se complementa con una lógica en la fijación del precio de venta (no del coste) que debemos directamente a la FAES y a la filosofía introducida por la ‘Propuesta para una estrategia energética nacional’ en el sector, en 2013, y que inspiró los ajustes introducidos por el inefable José Manuel Soria López.

El informe, que vio la luz dos meses después de que Aznar, ya Presidente de la FAES, fuera nombrado asesor para ‘asuntos internacionales’ de Endesa, fue presentado en su momento por el hoy ministro Alberto Nadal y por el ex presidente de REE, Pedro Mielgo, y fue fruto del asesoramiento de las grandes compañías. Aquí se establecía como principal culpable del desajuste eléctrico el desarrollo descentralizador de la producción de energía renovable, al que se condenaba a una moratoria indefinida. Esta posición que es comprensible en quien distinguió en el ‘ecologismo’ un ‘nuevo comunismo’ (así Aznar), no deja de sorprender porque limitaba el número de actores operativos, introducía la inseguridad jurídica en las inversiones y condenaba además el potencial de innovación tecnológica desarrollado con éxito en el sector.

Al margen de la concupiscencia entre estado y eléctricas, cuyo último y lamentable hito es el de la elección del ex director general de la Guardia Civil como consejero, lo que choca de esta historia, es la posición de la patronal. Si José Folgado, el presidente de REE, dirigió el departamento de economía de la CEOE y cuenta en su consejo con la atención y pericia de Ana Cuevas (hija del ex presidente de la CEOE), librándose por muy poco de Alberto Nadal (CEOE y hermano del ministro), habrá que asumir que la política energética es la que conviene e inspira a la patronal. Que la merma en la competitividad que comportan los actuales precios de la energía para las empresas sea asumido como un factor ideológico resulta sorprendente. A no ser, claro, que el acuerdo tácito sea el de condenar a la población no tan sólo a la precariedad y la dependencia a través de la devaluación del trabajo, sino en dejarnos literalmente ‘a dos velas’.