Tortilla que estás en los cielos

Que el IPC tiene una capacidad reducida de reflejar el consumo real de las familias, especialmente las de menores ingresos, no es ningún secreto. Las cestas de la compra de una familia con una renta anual de 10.000€ y la de una que disponga de ingresos de 90.000€, tienen poco que ver, y sin embargo se reflejan en un mismo IPC. La primera sin duda dedicará un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos que, en un año, han subido casi un 16%. Pero además, dentro de este grupo priorizará productos con alto valor energético como el arroz, la pasta, las harinas o el maíz, que han sufrido un incremento del 22,7%. Si tomamos algo tan socorrido como una tortilla de patatas, veremos que con el incremento de los huevos (29,8%), de los aceites (38,1%) o de las patatas (22,6%), la tortilla que daba de comer hace un año a cuatro personas, hoy sólo da para tres. Aún peor si la acompañamos con un vaso de leche (37,2%) con azúcar (50,6%). Con los mismos ingresos habríamos pasado de llenar una taza, a servir la leche en un vaso de café.

Pero al margen del gasto están también los ingresos. Desafortunadamente las personas con rentas más bajas, suelen tener también trabajos más precarios, en sectores menos organizados, que son los que han sufrido menores incrementos salariales. A menor ingreso y mayor gasto, parece evidente que la inflación tiene un impacto más inmediato y profundo en las rentas más bajas, que son además las que tienen menor capacidad de ahorro y de endeudamiento. Las transferencias habilitadas por el gobierno habrán servido para paliar la precariedad extrema de este grupo, pero tan sólo de manera parcial y al precio de aumentar el endeudamiento público que, tarde o temprano, acabará pasando factura precisamente a aquellos y aquellas que más dependen de las políticas públicas. La solución es así otra y pasa por situar con claridad el origen del problema. Así España ha tenido el mejor dato de inflación de Europa gracias al descenso de los precios energéticos. Pero la inflación subyacente, que no incluye este grupo, se ha situado, a lo largo de 2022, por encima de la media europea.

La explicación es sencilla. Los empresarios repercutieron los incrementos de los precios energéticos en sus precios de venta al consumo con tal de salvar sus márgenes. Sin embargo, cuando, gracias al control introducido con la ‘excepción ibérica’, los precios energéticos se redujeron, los productos de la alimentación o la hostelería no lo hicieron a la par, incrementando así aún más su ganancia. Por eso, cuando Yolanda Díaz habla de beneficios ‘escandalosos’ y acusa a la clase empresarial de ‘forrarse’, está trasladando al lenguaje coloquial lo que los números muestran con rotundidad. Un reciente informe del Gabinete Técnico de CCOO sitúa en el 30% el aumento de los márgenes de beneficio en relación a 2019, y en un 92% la contribución del beneficio empresarial al aumento de los precios el pasado verano. El problema no es así de tipo circunstancial, sino que radica en la posición dominante y el poder de fijación de precios de unas pocas empresas. Con este, la capacidad del mercado para equilibrar precios resulta más inverosímil que la inmaculada concepción.

Y lamentablemente, las medidas extraordinarias aprobadas por el gobierno se transfieren de manera indirecta a las empresas, como sucede también con las reducciones fiscales o las ayudas directas. Es lo que ha marcado la diferencia entre las políticas que se han aplicado a la gasolina, con el descuento de 20 céntimos, y las que se han aplicado al gas, donde se ha introducido un tope. Es lo que, de manera previsible, sucederá con la reducción o eliminación del IVA superreducido, que se trasladará de manera directa al balance de las empresas. Ante esta situación existen dos alternativas. O bien se incrementa los impuestos extraordinarios sobre las empresas para incrementar transferencias sin aumentar el déficit, o se interviene con firmeza en los precios, sacando presión a las rentas más bajas y complementando así la negociación de los salarios con tal de mantener su poder adquisitivo. Si al mismo tiempo se mejora el Salario Mínimo Interprofesional y se ponen límites a la banca para evitar que el incremento de tipos se convierta en una sangría colectiva se habría avanzado mucho.

Cuando el 59% de los consumidores encuestados constata un empeoramiento de la situación económica en su hogar y el 80% lo percibe en relación a la situación económica generalizada, parece que la patronal y especialmente las grandes empresas estén jugando con fuego. El riesgo es que la caída en el consumo convierta la recesión en un proceso de estanflación con poco crecimiento y alza sostenida de los precios. Por eso resulta fundamental, en el corto plazo, controlar los precios, y en el medio y largo, aumentar la capacidad de recaudación mediante un incremento de los impuestos sobre los beneficios, el patrimonio y las rentas más altas. Para realizar transferencias en clave social y para hacer frente al reto de una transición justa en clave tecnológica y medio ambiental.