Reforma y salarios

Publicado en 'Nueva Revolución' el 31.01.2022

La Encuesta de Población Activa ha confirmado la utilidad de las políticas empleadas para hacer frente a la pandemia. Pero a pesar de la mejora cuantitativa, con 218.000 personas ocupadas más que en el trimestre anterior a la irrupción de la pandemia, queda mucho por hacer para mejorar la calidad del trabajo. Reducir la contratación precaria pasa por aprobar la reforma laboral. Esta, a su vez, facilitará una negociación colectiva liberada de las trabas impuestas por PP i CiU en 2012, que redundará en una mejora de los salarios. Es este el aspecto que más incide en la calidad de vida de las personas trabajadoras, pero también en la estabilidad de nuestro modelo social, mediante cotizaciones e impuestos, y en el valor añadido que genera nuestro sistema productivo. Cuando la inflación interanual se ha puesto en el 6,5%, y la media de 2021, en el 3,1%, el incremento salarial no es una cuestión menor, especialmente para los hogares de rentas más bajas que más recursos han de dedicar a productos básicos como la energía, cuyo precio se ha disparado. Pero en contra de la mejora de los salarios se ha posicionado no tan sólo el Partido Popular, que se sentiría más cómodo reincidiendo en las recetas tóxicas de 2012 (retirada de estímulos fiscales y monetarios, reducción de ingresos fiscales, recortes en el gasto público), sino también otros actores como el Banco de España, que alertan del peligro que entrañarían los supuestos efectos de segunda vuelta.

Estos, en teoría, hacen que, a más salario, mayor inflación, convirtiendo así la contención salarial en la principal palanca de ajuste. Que la inflación actual responde en primer lugar al incremento de los precios de los productos energéticos, de un 40% en 2021, parece obvio, pero no lo es para todo el mundo, como tampoco lo és que estos aumentos sean compatibles con unos beneficios desorbitados por parte de las tres empresas que concentran el 85% del negocio eléctrico. Al margen del factor oligopólico hay que añadir que muchas empresas han pasado a repercutir estos incrementos en sus precios de venta, de tal manera que el IPC subyacente (sin productos energéticos ni alimentos no elaborados) se ha situado ya por encima del incremento de los salarios por convenio. Esta realidad se corresponde con un viejo axioma que dice que los precios son libres, y no se pueden contener, mientras que los salarios se han de subordinar al contexto económico, y especialmente a la evolución de los réditos empresariales. A nadie se le escapa lo interesado del planteamiento, que es tanto más nocivo por dar continuidad al tratamiento erróneo de un desajuste que no se origina en la evolución de los salarios con respecto a los precios, sino en el apalancamiento del capital y su aversión al riesgo, a la inversión, y a ejercer el talento que supuestamente legitima su preponderancia en la distribución de la riqueza.

Si el trabajo es creador de valor, y la circulación de capital realiza ese valor, la parálisis e inactividad del capital en una cuenta, aquí o en las Islas Caimán, comporta que la economía gripe y esa es la tendencia que define el momento actual en el que la prioridad no parece radicar en la gestión de la economía, sinó en la financiera, en manos de, así el siempre lúcido David Harvey “una horda de inversores insaciablemente codiciosos dotados de suficientes fondos para comprar casi cualquier oposición, alimentando al resto del mundo con una dieta de dinero crediticio indigerible”. Un panorama que puede parecer exagerado pero que se nos hace bien presente cuando, como traslada el gabinete económico de CCOO, las empresas no financieras han generado 261.000 millones en excedentes a lo largo de los últimos 7 años para aparcarlos en la economía financiera. Ese es el rendimiento que ha dado la reforma laboral de la derecha a una élite aciaga que ha desperdiciado, una vez más, la oportunidad para convertir el crecimiento económico en estabilidad, cohesión y desarrollo. Ese es también el plusvalor que las personas trabajadoras hemos de recuperar en la negociación salarial, con tal de retornarla a la economía real mediante salarios que irriguen el tejido productivo a través del consumo y de la inversión.

Al margen del tabú y de la fijación obsesiva de algunos actores por números mágicos como los de la deuda pública, del déficit o de la inflación (60-3-2), está por demostrar que una inflación algo más elevada no tenga efectos positivos si se mantienen bajos los tipos de interés y se garantiza el poder adquisitivo de los salarios. Es la vía más corta para impulsar la amortización de la deuda de los Estados, hoy al límite de lo asumible, pero además favorece a los actores que más invierten y consumen, penalizando a los que cultivan el interés como principal fuente de riqueza, y con ella el apalancamiento del capital. En cualquier caso los salarios son la principal garantía para dar impulso al consumo de los hogares y con ellos a la demanda interna como elemento de estabilidad para el crecimiento. Este se dará si se mantienen las medidas de estímulo fiscal y monetario, si se supera la incertidumbre sanitaria y si se articulan políticas expansivas que pongan en circulación un capital que ha permanecido durante demasiado tiempo preso de la codicia y la falta de perspectiva de unos pocos, y que para ser disputado en condiciones justas, precisa de un marco normativo que no puede ser el de la reforma introducida hace 10 años por el Partido Popular.