¿El problema son los salarios?

La contradicción entre la voluntad de reducir los salarios con tal de maximizar la plusvalía, y la función estabilizadora que tienen estos sobre la economía, se plantea ya en el segundo volumen del capital de Marx: “los obreros como compradores de mercancía son importantes para el mercado. Pero, como vendedores de su mercancía –la fuerza de trabajo- la sociedad capitalista tiene la tendencia a reducirlos a su precio mínimo.” La presión permanente sobre los salarios hace que la economía se vuelva inestable, como ha sucedido, así David Harvey, a lo largo de los últimos cuarenta años. La derivada geográfica de esta cuestión la tenemos de forma palpable en nuestra historia reciente, como muestran con acierto Luis Ayala y Olga Cantó en “Radiografía de medio siglo de desigualdad en España’. La estructura productiva, el alto nivel de desempleo, los bajos salarios y el alcance limitado del sistema de redistribución mediante impuestos y prestaciones, han caracterizado una crónica económica sacudida periódicamente por crisis en las que la palanca de ajuste primaria eran los salarios. Si con moneda propia la alternativa podía ser la devaluación ‘generalizada’, la divisa común introdujo la devaluación ‘selectiva’ que aún ha ampliado más la desigualdad.

Se ha escrito poco sobre el vínculo entre el autoritarismo de la dictadura y la estigmatización del diálogo social o la vocación institucional por limitar la correlación de fuerzas. Si la excusa fue primero la crisis, como en la reforma laboral de 1984, que extendió la temporalidad, en los años noventa el relevo lo tomó el acceso a la Comunidad Europea, utilizado como argumento de fuerza mayor para situar nuestro marco laboral en las antípodas de aquellos países que habían de servir como modelo. Como destacan Ayala y Cantó en su informe, la creciente desregulación de los mercados de trabajo ha facilitado que cuando la economía caía, con ella cayeran los salarios, especialmente los más bajos, pero cuando la economía crecía, estos no se recuperaran en la misma medida. Esta ‘dinámica’ se ha hecho aún más evidente en las dos últimas grandes crisis (2008 y 2020). La pérdida de poder adquisitivo de los salarios en estos últimos doce años ha sido de 6 puntos, o de diez si tomamos como referencia los datos de la Agencia Tributaria, un tema que no es menor si se tiene en cuenta el actual alza de la inflación y la tramitación parlamentaria de la reforma laboral que habría de liberar a la negociación colectiva del corsé institucional impuesto por el PP.

La presión permanente sobre los salarios y el alcance limitado de las políticas sociales (educación, sanidad, familia…) comportan el riesgo de que se cronifiquen pobreza y desigualdad, e inhibe la negociación de un nuevo contrato social. Tal y como plantea el informe mencionado “si esos altos niveles de desigualdad se mantienen en el tiempo, las posibilidades de poner en marcha políticas de redistribución se reducen por la resistencia de las elites económicas al trasvase de recursos”. No sorprende, cuando ya está sucediendo en el debate sobre la reforma laboral y el posicionamiento de algunos partidos (no sólo PP y Vox) que, en el contexto socioeconómico actual, pretenden reeditar los errores de hace una década, eso es, devaluación interna, recorte prematuro de las políticas de estímulo, subida de los tipos de interés y contracción de los ingresos fiscales. Es sorprendente que al mismo tiempo que ‘La Caixa’ publica el informe mencionado, la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, se sitúe como valedor entusiasta de la merma del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores recurriendo al fantasma de los efectos de segunda vuelta, como si fueran los salarios la principal amenaza sobre la inflación.

Si miramos los datos del IPC vemos que el grupo de vivienda, que incorpora gas y electricidad, ha subido en un año un 23,3%, mientras que el del transporte lo ha hecho un 10% y los alimentos y bebida no alcohólicas un 5%. ¿Realmente el problema son los salarios? Las ganancias de Iberdrola y Endesa en 2020, en plena crisis pandémica fueron de 5.000 millones de euros, mientras que, en el primer semestre de 2021, las tres eléctricas que controlan el 85% del mercado español llevaban ya ganados 2.800. Lo que se nos plantea es, al parecer, que no es posible limitar el beneficio extraordinario de actores monopolistas en el sector eléctrico, inmobiliario, financiero o alimenticio, pero si los ingresos de los que depende la renta del 85% de la población, porque esta sería la única vía para contener la espiral inflacionaria…

En situaciones de crisis se hace aún más urgente y necesario un nuevo contrato social. La reforma laboral concertada tiene en este sentido un valor extraordinario que se complementa con otros frutos de la intensa actividad parlamentaria (FP, Empleo, Pensiones…) y se ha de ver completada con la insoslayable reforma fiscal. Estos elementos son la principal garantía para favorecer la consolidación de una mayoría de progreso que permita la regeneración democrática, a la par que una transformación justa y sostenible de nuestro modelo productivo. Para eso es necesario, en primer lugar, redistribuir las cargas y esfuerzos mediante unos salarios que son el principal factor de estabilidad para el crecimiento y la única palanca para recuperar la cohesión social.