¿Quién le pone el cascabel al gato?

Publicado en Nueva Revolución el 25.12.2021

La reciente corrección de las previsiones de crecimiento e inflación por parte del Banco de España para el próximo año no dibujan un escenario halagüeño. En relación al pronóstico de septiembre, la revisión a la baja del crecimiento del PIB es de casi 2 puntos, y en relación al IPC, los precios se habrían incrementado este año un 3%, mientras que, el 2022, el aumento estaría 2 puntos por encima de lo previsto hace ahora tres meses (1,7%). El supervisor argumenta que el cambio sustancial en la perspectiva se debe a la incertidumbre. Sobre la evolución de la pandemia, los cuellos de botella en la producción y suministro de bienes intermedios, la activación de la bolsa de ahorro acumulada durante la Covid-19, la recuperación de la demanda turística, la efectividad en la ejecución de los programas europeos… Mucha incertidumbre para un modelo económico que se basa en la aversión al riesgo y el sentido de la oportunidad por parte de demasiadas empresas.

El escenario es desalentador. Por la precariedad instalada en el mundo laboral y por el riesgo de pobreza al que se ven expuestas tantas familias trabajadoras en nuestro país. En el tercer trimestre de 2021, la distancia con los indicadores económicos anteriores a la Covid-19 era aún de 6,6 puntos, mientras que en la zona euro se situaba ya tan sólo a tres décimas. El Banco de España lo explica por el mayor peso del turismo internacional, el poco dinamismo de nuestra demanda interna y parece obviar que, a pesar del éxito de recursos innovadores como los ERTE, las ayudas han sido inferiores a las de otros países europeos, o que la situación de partida, tras la aplicación temeraria de medidas anticíclicas en el marco de las políticas de austeridad, era de una fuerte vulnerabilidad en recursos críticos como la sanidad, la educación o la capacidad de gestión de las administraciones públicas. Pero nuestro supervisor no discierne tampoco con claridad en lo relativo a las soluciones.

Si por un lado vaticina que la inflación limitará la renta disponible, especialmente de los hogares de rentas más bajas “que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes energéticos” que son los que más se han encarecido, por el otro sostiene que el mayor riesgo radica “en el grado de transmisión del repunte de la inflación a las demandas salariales, que de ser elevado, realimentaría a su vez mayores alzas de precios”. Es sabido que lo de ponerle el cascabel al gato es un arte que se le resiste incluso a todo un banco central. Sin salarios no hay demanda y con mejoras salariales se activan los ‘efectos de segunda vuelta’ que comportan la realimentación mutua entre precios y salarios. David Ricardo dejó escrito que los beneficios representan el residuo del valor que los trabajadores producen y no tienen que consumir para su propio mantenimiento, y que permite que subsista y se perpetúe la raza, y con ella (añadimos) la condición de quienes cosechan los mencionados beneficios.

Afortunadamente, y a pesar de la impronta del economista inglés sobre la ortodoxia neoclásica que tanto daño ha hecho, los tiempos han cambiado y con ellos han evolucionado también los axiomas que algunos pretendían imperturbables. La creciente desigualdad y la disrupción en la distribución equitativa y eficiente de la riqueza tiene que ver sobre todo con el debilitamiento del poder de negociación de las trabajadoras y trabajadores, promovido, en nuestro caso, por reformas laborales como la del PP. La autonomía de la negociación colectiva con tal de poder trasladar la correlación de fuerzas a salarios, condiciones laborales y organización del trabajo, son hoy la mejor garantía para un crecimiento económico sólido y estable. Cuando parece que, junto a la reforma de las pensiones, y otras importantes iniciativas legislativas, se va a revertir al fin parte del daño causado en el ámbito socioeconómico por la reforma firmada por Fátima Báñez, podemos tomar aire aunque queden aún algunos flecos importantes por resolver.

En la línea de un número creciente de economistas conviene recordar que el objetivo del gobierno no debe ser el de aumentar los beneficios, sino la inversión empresarial. Es en este marco en el que se han de articular los programas europeos que determinarán en buena medida la recuperación económica y la capacidad para actualizar nuestro modelo productivo. No para consolidar las posiciones de monopolio de agentes económicos como los del sector eléctrico o el sector financiero, que esquilman recursos en su orientación cortoplacista y sus estrategias de extracción de renta, sino para estimular, desde el liderazgo público, un cambio de modelo socioeconómico que sea sostenible y justo desde el punto de vista social, ambiental, económico y financiero.