Doble fila

Es un supuesto. Una persona desempleada es atendida por otra en el marco de un proyecto de Barcelona Activa. La que presta la orientación lo hace como voluntaria, porque tampoco tiene un empleo. Cuando entre la persona asesorada y la que asesora se crea la debida confianza, la primera le cuenta a la segunda que tiene contactos en una empresa, pero que cree que su perfil no encaja. Sin dudarlo, la que orienta le plantea a la orientada, si no podría facilitarles su propio currículum, que piensa que tal vez sí podría encajar. Se cierra el círculo. Nada que no se pueda entender, a pesar de que pueda parecer sorprendente. La situación de precariedad de quienes trabajan en los servicios de empleo es conocida. Se fundamenta en el hecho de que, según los responsables del servicio, el desempleo tiene un carácter que no es estructural. La financiación depende de programas que se renuevan año a año, y por tanto no pueden hacer fija a la plantilla. A pesar de que la dotación de personal es inferior a otros servicios de empleo en Europa, y de que, en los últimos 40 años, hemos estado más de 20 por encima de un 15% de tasa de paro, casi el doble de la media europea, el desempleo se sigue considerando como coyuntural. Quienes quieren ayudar, al final del día, acaban necesitando ellos mismos ayuda.

Estos días, más de 100 trabajadores de Barcelona Activa, formadores, orientadoras y personal administrativo están con un pie en la calle. Como en tantos otros aspectos en los que nuestro mundo parece estar del revés, el acuerdo de estabilidad de los y las interinas, firmado por gobierno y sindicatos, hace menos de un mes, se quiere traducir, por parte de algunos responsables políticos, en el despido fulminante de parte de la plantilla. Si el escenario y con él el mundo estuvieran del derecho, la solución pasaría por reducir la externalización creciente del servicio de empleo en una pléyade de empresas y de proyectos sociales que sirven para poco más que para aligerar la obligación contractual e internalizar la precariedad. Ante la necesidad de dar estabilidad a las plantillas, la respuesta de los y las responsables es promover aún más la subcontratación. El sector público, que según la última Encuesta de Población Activa arrastra una temporalidad que supera en 7 puntos a la del sector público (7,2 en Catalunya), muestra una incapacidad estructural de enfrentar el problema. Es por tanto un referente singular, por no decir tóxico, para quien, por mandato constitucional, debería atajar la temporalidad en las empresas y garantizar el acceso a un empleo estable y digno.

La última EPA nos dice que de las personas asalariadas en el sector público que trabajan con un contrato temporal, 511.000, eso es casi la mitad del total, ni tan sólo saben la duración del contrato, aunque 486.900 creen que es por más de un mes. Si la calidad del servicio depende, parece evidente, de la propia estabilidad de la persona trabajadora, el servicio público tiene un problema. No tan sólo por su dimensión reducida, cerca de tres puntos menor a la media europea, sino por la temporalidad, que, en los últimos 20 años, ha pasado de afectar a 550.000 a más de 1.050.000 personas. Si en la empresa privada la contratación precaria comporta, mediante procesos de subcontratación y externalización en cadena, un tamaño menor de las empresas y una productividad más baja (menor inversión, formación, cualificación), en el ámbito público sucede lo mismo, sólo que de manera más acusada. La contratación de sanitarios por turno, de educadores por curso, o de orientadores y trabajadores sociales por ‘programa’, reduce el valor añadido y alimenta el envejecimiento vegetativo de la función pública, que hoy se sitúa en máximos, ya sea en los servicios de empleo, en el INSS o en la administración general.

Si nos hemos de creer la voluntad de acometer un cambio del modelo productivo, con tal de incrementar la productividad, la calidad de productos y servicios, y hacer frente a los grandes retos de la digitalización y del cambio climático, el servicio público debería dar ejemplo, distinguiendo los servicios que tienen realmente un carácter ‘estructural’, y realizando las necesarias auditorías e inspecciones para garantizar que no se subcontraten o se cubran con personal temporal, sea cual sea la administración responsable. Si el problema radica en la falta de certidumbre en relación a los ingresos, es necesario adaptar los devaluados recursos fiscales a las necesidades reales. Las inversiones pendientes requieren de más capacidad: En la gestión financiera, en la orientación laboral, en la formación y educación de las personas. Optar en un momento tan singular por la vía expeditiva, no hace sino demostrar falta de visión, de compromiso, y una confusión lacerante entre el carácter lógicamente temporal de la propia dedicación política, y la estabilidad que reclama un servicio público de calidad.