La transición pendiente

Que sean compatibles democracia y desigualdad es una paradoja estimulante si tratamos de entender el grado de progreso social alcanzado. El caso español ofrece un marco óptimo para el análisis, al ser una sociedad en la que se operó un cambio de régimen que puso fin a la dictadura e instauró una democracia parlamentaria. Si ésta hubiera sido un revulsivo contra la desigualdad, la superación del franquismo habría comportado necesariamente una mejora significativa de la distribución de las rentas, en base a una mayor progresividad fiscal. Esta es la tesis analizada por la profesora de historia económica Sara Torregrosa en el estudio ‘¿Trajo la democracia más redistribución? Perspectivas desde el sistema fiscal español’ que toma como referencia el periodo 1960-1990, y trata de determinar si nuestra experiencia puede servir para distinguir una causalidad positiva entre ambos conceptos. Si fuera así, la democracia habría comportado una revolución fiscal que hubiese facilitado una transición en términos no tan sólo institucionales, sino también socioeconómicos.

La pregunta es oportuna al ser España, como Portugal o Grecia, una de las democracias de tercera ola, que normalizaron con evidente retraso su sistema político, cuando ya había pasado la época dorada del fordismo y se hacía patente la presión que ejerció y ejerce la globalización sobre la calidad de nuestras democracias. En nuestro caso el consenso para que la transición fuera integral, eso es, también en lo relativo a la redistribución, queda plasmado en nuestra Constitución, cuyo artículo 31 establece como modelo “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, mientras el 128 garantiza que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Sin embargo, como demuestra Sara Torregrosa, a pesar del discurso político y del énfasis, la transición no trajo una redistribución significativa de los ingresos, ni facilitó un reparto justo de las cargas necesarias para dotarnos de un estado del bienestar más completo, cohesionador y a la altura de los países de la Unión Europea.

La transición facilitó una transformación del sistema fiscal que respondía a un consenso generalizado, pero tan sólo tuvo éxito en su primera fase, porque, ya en los años noventa, sufrió el embate de una contrarreforma fiscal en la que, la patronal CEOE y el partido popular, jugaron un papel prominente, poniendo fin tanto a la convergencia fiscal con los ingresos de los países de la UE, como a los tímidos avances realizados en términos de redistribución. Este fue también el momento en el que se fijaron los instrumentos para una competencia fiscal a la baja entre autonomías. Si bien el incremento del gasto presupuestario mejoró la distribución de la renta mediante la educación, la sanidad o las prestaciones sociales, no fue suficiente para contrarrestar la creciente desigualdad. Como corroboró la crisis de 2008, y, previsiblemente confirmará la actual, los periodos de contracción económica en nuestro país sirven de manera recurrente como argumento de autoridad para quienes pretenden una redistribución inversa de la riqueza y, por ende, diluir los avances ‘democráticos’ en la redistribución.

El propio estudio sitúa el carácter regresivo que tiene la evasión en España (defrauda más quien más tiene) como un elemento clave a la hora de erosionar nuestra base fiscal que, si se pudiera incorporar objetivamente al cálculo, reduciría aún más el efecto redistribuidor que introdujo la democracia. La posible causa de esta falta de correspondencia entre democracia y cohesión social la recoge la siguiente cita (Albertus y Menaldo): “la relación entre democracia y redistribución tan sólo se alcanza cuando una amenaza revolucionaria impide el control de las élites en la transición democrática”. No resulta gratuita, menos aún si complementamos la lectura de Torregrosa con algún libro de Mariano Sánchez Soler. En el caso de ‘Los ricos de Franco’, este nos muestra cómo corrupción y desarrollo fueron partes del proceso en el que se consolidó el capitalismo español. A falta de ‘ruptura democrática’, la ‘reforma pactada’ dio continuidad a una oligarquía financiera que se hizo rica con Franco y que “concentró el poder económico, usufructuó el político y se repartió el patrimonio del patriotismo.”

La transición fue así, en cierta medida, una transacción, en la que no se alteró el sistema fiscal, ni tampoco la distribución de riqueza y patrimonio en nuestro país. Hasta qué punto esto supone una rémora y un lastre para el progreso social parece obvio, especialmente si contemplamos la resistencia a las políticas del gobierno de progresos, con un tono cada vez más bronco y amenazador por parte de los medios generalistas y de la derecha extrema. Asumir que la transición fue incompleta, y que tenemos pendiente una segunda transición que amplíe al marco socioeconómico lo que tan sólo se alcanzó en el institucional, es hoy uno de los consensos más importantes que deberíamos alcanzar a nivel de país. Para eso hace falta abrir un debate amplio e integrador sobre democracia y economía para el que estudios como el de Sara Torregrosa suponen un acicate y un estímulo importantes.