domingo, 20 de diciembre de 2020

Ahora sí

No hay cuestión política más urgente en la estrategia de recuperación que la de los salarios y de la negociación colectiva. Lo dice la CES. Si el inmenso esfuerzo que se quiere realizar no se traslada a las rentas de los trabajadores, especialmente de los más vulnerables, y si los retos estructurales que hay que afrontar no revierten la precariedad laboral, difícilmente funcionará. Es en este contexto en el que conviene situar el debate sobre el Salario Mínimo. La propuesta de directiva sobre unos salarios mínimos adecuados del Parlamento y Consejo Europeos (COM(2020) 682 final) lo dice bien claro: “El papel del salario mínimo es aún más importante durante las recesiones económicas” y “es esencial garantizar (…) salarios mínimos adecuados para respaldar una recuperación económica sostenible e integradora”. Lamentablemente a la propuesta le falta una definición clara de la ‘adecuación’ aunque como infiere la CES los valores de referencia internacionales serían los del ‘doble umbral de dignidad’, eso es el 60% del salario mediano y el 50% del salario medio. Estos situarían el SMI español en los 1.142€ mensuales y los 1.116 (12 pagas), según se considere una u otra referencia, e implicarían un aumento, para 2021, del 3 o del 1% respectivamente.

A pesar del amplio consenso, y de que las recomendaciones nacionales que establece la Comisión Europea no incluyan, por primera vez desde 2011, una sugerencia sobre moderar la subida de los salarios mínimos o de descentralización de la negociación colectiva, la resistencia por parte de la patronal y de algunos sectores del gobierno no se ha hecho esperar. Frente a la evidencia del impacto social positivo, mediante la reducción de la desigualdad salarial, el sostenimiento de la demanda interna, o su efecto sobre la brecha salarial de género (cobran el SMI más mujeres que hombres), los detractores de un aumento del SMI arguyen que este lastraría la viabilidad de las empresas y condicionaría la reactivación. Recuperan así los argumentos de la ortodoxia económica impuesta en la crisis anterior, con un efecto calamitoso, y se sitúan antes en la órbita de Milton Friedman, que en la del actual consenso keynesiano. Con respecto al efecto beneficioso que tiene una subida del SMI sobre la demanda interna, Jordi Sevilla cuestionaba recientemente esta derivada en una respuesta por twitter al economista de CCOO, Carlos Martín Urriza, aduciendo que el aumento no tenía sentido por las restricciones a la movilidad y por estar en máximos el ahorro de las familias.

Dada la proyección que tiene Sevilla en el PSOE y por su experiencia en el Consejo de Ministros, en el ámbito de consultoras como PWC, o presidiendo el Consejo de Administración de REE, vale la pena contrastar sus argumentos. Si prescindimos del primero, por negociarse el SMI para 2021 y no haber certidumbre de si se mantendrán o no las limitaciones a la movilidad, en lo relativo al segundo, cabe plantear la siguiente reflexión. Como muestran Dossche y Zlatanos en un reciente Boletín del BCE, los indicadores de ahorro se situaron en toda Europa en el segundo trimestre en niveles no alcanzados anteriormente. Este ahorro lo circunscriben a dos factores: el ahorro involuntario por las dificultades en la realización de compras y el ahorro por incertidumbre, que es aquel que realizan las familias para anticipar posibles caídas de renta. Con respecto a la demanda embalsada, eso es, las compras que no se han podido realizar, los dos economistas se muestran cautos en relación a si esta se materializará o no en el momento en el que se levanten las restricciones. En 2021 prevén que, ante la incertidumbre económica, se mantenga en buena medida el ahorro por precaución.

Otra interesante referencia nos la da el estudio del Banco de España, sobre la tasa de ahorro en España entre 2007 y 2016, en un periodo de contracción y crecimiento económico. Aquí se señala que una fuente de incertidumbre relevante es la del contrato laboral. Así se constata por el incremento del gasto (sin variar los ingresos) al convertirse un contrato temporal en indefinido. Concluyen así que “cuando el riesgo de pérdida del empleo es elevada, los hogares reducen su consumo para aumentarlo cuando este riesgo se mitiga”. Parece por tanto dudoso que la demanda embalsada sea un argumento concluyente para limitar la subida del Salario Mínimo, si se mantiene la incertidumbre socioeconómica. Por otro lado, a nadie se le escapa que la tasa de ahorro en los hogares más vulnerables, es reducido o inexistente. A nivel UE estamos en la cola en relación a la renta disponible después de pagar un alquiler. Así del salario medio mensual neto tras pagar el alquiler de una vivienda de 3 habitaciones en el centro de una gran ciudad, quedan 301,81€, y en el caso de pagar un apartamento de una habitación, 633,81€. Si en vez del salario medio mensual neto tomamos como referencia el Salario Mínimo, parece evidente que SMI y ahorro son dos factores excluyentes.

En el debate sobre el Salario Mínimo se ha situado con razón, que este influye menos en el decil salarial más bajo que la tipología del contrato. El 10% que menos cobra en España, tiene, en un 44% de los casos, contratos temporales a tiempo parcial, y, en un 50%, contratos indefinidos a tiempo parcial. Si valoramos el impacto de la contratación en ahorro y demanda (BdE) parecería así obvio que no hay suficiente con incrementar el SMI, como mínimo hasta el umbral europeo, sino que además la reactivación de la demanda exige dar continuidad a la ofensiva contra la temporalidad y la parcialidad involuntaria, iniciada con el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020). Por último y en relación al SMI no está de más recordar que el programa electoral del PSOE en 2016, al que no fue del todo ajeno Jordi Sevilla, incluía la siguiente propuesta: “Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es la cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente”. Esta propuesta se mantuvo también en el programa para las elecciones generales de 2019, presentado bajo el lema: ‘Ahora sí’.

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