Liderar el futuro

A mediados de junio la banca reunió a sus líderes en una conferencia convocada con el altilocuente título ‘Empresas españolas liderando el futuro’. En la antesala del anuncio de los fondos europeos de reconstrucción, el cónclave financiero proclamó las virtudes de la colaboración público privada, defendiendo esta singular ‘alianza’ como el modelo que había de inspirar la reactivación económica en el marco de la actual crisis. Poco después la CEOE firmaba con la consultora PWC un convenio para crear una ‘Oficina técnica de apoyo para proyectos europeos’, y ponía al frente a Luis Socias, un directivo situado en la órbita de Deloitte. Con ello ponía los cauces para ‘participar’ en la distribución de los 72.000 millones en transferencias directos, y de los 68.000 millones en préstamos que tiene previsto facilitar la Comisión Europea.

La anticipación de la patronal coincidía, en agosto, con el anuncio, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, tras año y medio de investigación, solicitaba una multa de 47 millones a 22 empresas del llamado cartel de las consultoras. Estas, según la CNMC, habrían manipulado licitaciones de contratos públicos para mantener los precios altos de forma anticompetitiva. Más de la mitad de esta sanción (17,2 y 10,4 respectivamente) se reclamaba a Deloitte y a PWC. Sin duda una coincidencia alarmante, que proyecta sombras sobre las intenciones reales de la CEOE y, también sobre ese futuro que la gran patronal quiere liderar. Pero la revisión crítica de la supuesta efectividad de la colaboración público privada (CPC) viene de lejos y ha sido estudiada anteriormente por diversas organizaciones e instituciones.

Hace dos años el Tribunal de Cuentas Europeo examinó 12 proyectos de CPP en 4 países europeos (entre ellos España) llegando a la conclusión de que esta colaboración comportaba en demasiados casos “demoras, aumentos de costes y una infrautilización de los resultados de los proyectos”. En sus recomendaciones el TCE proponía que antes de apoyar este tipo de ‘alianzas’, el pagano, eso es, la Comisión, condicionara su financiación a garantías en términos de efectividad en la relación calidad-precio. Una reserva que recogía esta semana el Comité Económico y Social Europeo en un dictamen firmado por Javier Doz (CCOO), en el que se propone que se eviten las ayudas y contrataciones públicas COVID-19 a empresas que realicen transacciones no justificadas con países de la lista ECOFIN de paraísos fiscales, actualizada este febrero.

El dictamen, aprobado por los agentes que participan en el CESE (incluida la patronal europea) apela a que, cuando son tan necesarios los recursos financieros públicos para hacer frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia, “es intolerable que una notable cantidad de los mismos se desvíe ilícitamente hacia el lucro privado”. La elusión fiscal nos cuesta anualmente en Europa entre 160 y 190 mil millones de euros. Por otro lado la CNMC ha cuantificado en un 25% el sobrecoste medio de los contratos públicos realizados en el marco de la eufemística ‘colaboración público privada’ que Daniel Bernabé definía, en una reciente entrevista (Ángel Muñárriz, Infolibre), como ‘socialismo para ricos’. Y no le falta razón.

Economistas de prestigio como Joseph Stiglitz han llamado la atención sobre cómo al margen del discurso ideológico, los líderes de empresa prefieren no competir, porque la competencia reduce los precios. La clave está en el poder de mercado que convierte a las grandes empresas en interlocutores privilegiados del estado y les permite vender por encima del valor y comprar por debajo del precio de mercado. Hay una diferencia evidente entre crear riqueza o quedarse con la riqueza. Las crisis brindan ocasiones excepcionales para hacer lo segundo: A costa de ‘socializar’ las pérdidas y de engrosar una deuda pública que hace débiles a la sociedad, a la democracia y al estado.

Ante el reto y el riesgo moral que comporta el escenario actual, sería injustificable por parte del gobierno Sánchez que se malversara esta oportunidad única para activar la economía y se degradara la iniciativa europea, con la enésima réplica de la disfunción público-privada que tan bien conocemos. Los fondos han de irrigar el tejido productivo empezando por aquellas empresas que pagan impuestos, que distribuyen renta mediante empleo digno y que tienen la modestia suficiente, no para liderar el futuro (que habría de ser público y colectivo), sino para liderar sus empresas con honestidad, responsabilidad y un cierto sentido de la función social y económica que les corresponde.