Hipertrofia financiera

El sector financiero es el que concentra de la manera más evidente las contradicciones del modelo económico que sufrimos. Su ineficacia y dependencia son evidentes si tenemos en consideración que la creación monetaria por parte del Banco Central Europeo estos últimos años ha sido del 3% del PIB de la UE, eso es, tres veces más que el presupuesto del que dispone la Comisión. Este dinero se ha quedado en buena medida en los balances de los bancos sin irrigar el tejido productivo con las inversiones que con tanta urgencia necesitamos para hacer frente a un cúmulo de retos (climático, tecnológico, demográfico). Si nos fijamos en el estado español, las contradicciones son aún más flagrantes. A pesar de que las entidades bancarias españolas son las más rentables de nuestra zona monetaria, son las menos solventes (tres puntos por debajo de la mediana), y las que menos aportan en términos fiscales (menos del 3%). Alguna cosa tendrá que ver la concentración bancaria que, en el caso de las cinco mayores entidades, es del 58%, por un 32% por ejemplo en Alemania.

Esta fue alimentada en la anterior crisis por el así llamado ‘recate bancario’, facilitando, a costa del contribuyente, el mantenimiento de un sistema financiero inoperativo si tenemos en cuenta los niveles de inversión privada y la incapacidad de retornar los dineros inyectados. Que un banco no devuelva los créditos supone una paradoja hiriente, o, en términos neoliberales, un ‘riesgo moral’, como lo es que se socialicen las pérdidas (rescate y fiscalidad) y se privaticen los beneficios (rentabilidad), se le reconozca una ‘excepcionalidad’ a un actor privado por ser ‘demasiado grande para caer’, o se acepten ‘esquemas de protección activa’ (si ganas, ganas tú. Si pierdes, perdemos todos). Con la fusión anunciada de Caixabank i Bankia se da un paso más en esta involución. El rescate de Caja Madrid y la absorción por parte de Caixabank del Baco de Valencia (por 1 euro), costaron más de 35.000 millones al contribuyente (un 3% del PIB). Una cantidad relevante, especialmente si tenemos en cuenta el previsible incremento de la deuda pública que, en 2021, puede acabar triplicando la del año 2008.

La operación orquestada por la ministra Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos y el Vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, comporta además otros déficits y riesgos importantes. Por una parte legitima una gestión pésima del banco público por parte de su presidente Goirigolzarra e incrementa aún más la concentración bancaria. Por el otro supone la renuncia a una banca pública que hoy parece más necesaria que nunca antes. Si países tan poco susceptibles de ser tildados de ‘venezolanos’ como Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido disponen de una banca pública para garantizar que funcione la correa de transmisión de las inyecciones financieras al tejido productivo (140.000 millones en el caso del estado), no parece que el hecho de pasar del control de una entidad (60%) a ser socio minoritario en otra (12-14%) sea la mejor opción. Renunciar al mismo tiempo a cerca de 10.000 profesionales bancarios con unas capacidades evidentes, supone además una pérdida crítica de unos activos que pueden ser claves para reactivar la economía.

La falta de ambición en lo relativo al liderazgo público por parte del ala liberal del PSOE puede ser comprensible en términos ideológicos, pero resulta injustificable en el marco de un gobierno de progreso que se halla ante una oportunidad y un reto únicos. El dinero que Europa facilita al tejido productivo, precisa de una capilaridad que permita irrigar los balances y proyectos de la pequeña y mediana empresa, en el marco de una inversión pública que acompañe la transición a una economía verde, de alto valor añadido y justa en el plano social (empleo, vivienda…). Si por un lado la concentración bancaria aumenta el riesgo sistémico por hacer más grandes a los que ya eran demasiado grandes para caer, por otro lado reduce la competencia en un sector que ofrece los créditos más caros (3 puntos por encima de la media europea), y que limita el acceso territorial y social a los servicios bancarios por parte de la población más vulnerable. Este último punto es relevante si tenemos en cuenta las dificultades actuales por ejemplo en la gestión de las prestaciones contributivas y asistenciales.

Que la fusión planteada se haya filtrado cuando ya estaba muy avanzada, y se haya hecho de espaldas al socio de gobierno, es una mala señal en relación al modelo económico que prevalece en el partido de Pedro Sánchez. Anticipa una negociación compleja de los presupuestos del estado y supone un precedente de dónde se pondrá previsiblemente el acento en la eufemística colaboración público-privada que con tanta ansia reclama la patronal. Comporta además un lastre importante para la legitimidad y el arraigo social del actual gobierno. Escribe Piketty que “la huida hacia delante con la creación monetaria y la hipertrofia del sector financiero contribuyen a fomentar el sentimiento de desilusión frente a toda posibilidad de una economía justa”. La financiarización de la economía y la desigualdad e injusticia evidente que esta arrastra, no hace sino alimentar el discurso más reaccionario del espectro político y promover, entre los más castigados, la sensación de que no hay nada que hacer, porque la política tan sólo obedece al dinero.