lunes, 27 de abril de 2020
Deuda perpetua
Distingue Dani Rodrik entre dos tipos de economistas. Hay economistas erizo que piensan que liberalizar el mercado es siempre la única medida correcta, y hay economistas zorro, que creen que los detalles son importantes, y están dispuestos a contextualizar. Dentro de esta segunda familia convendría distinguir entre aquellos emparentados con el perro pastor (que vela por la integridad y bienestar del rebaño), y los que comparten genes con el caniche y que, según de dónde sople el viento o el dinero, se ponen a ladrar con fuerza o corren a refugiarse en el regazo del amo. Y luego estaría Niño-Becerra, claro está, que en esta fábula vendría a ocupar, por su particular mezcla de excentricidad y franqueza, el lugar del unicornio azul. He de confesar que este economista me subleva y me seduce a partes iguales, lo último de modo especial cuando pone el dedo en la llaga como en su reciente artículo: ‘La clau és el frau fiscal’.
En él, el catedrático de estructura económica del IQS realiza un cálculo sobre el lastre que comporta el fraude fiscal. Así el déficit acumulado en los últimos 20 años sería de cerca de 2 billones y, en 2019, éste habría rozado los 100.000 millones. Existe por tanto un déficit crónico que tiene que ver con la ineficiencia calculada o consentida (según el nivel de suspicacia) del sistema fiscal, y que dobla el de la Unión Europea. Y está de actualidad lo del déficit perpetuo, especialmente cuando se ha empezado a acuñar el término de deuda perpetua como solución al embate de la crisis y para superar el actual desencuentro europeo. Esta propuesta, a la que sin duda no le falta ni oportunidad ni viveza, le da a la deuda un carácter estructural que, se convendrá, por desgracia ya tiene, y convierte el presupuesto europeo en garante de unos intereses que se pagarían ad perpetuum, a modo de sucedáneo de una deuda mutualizada.
Que Pedro Sánchez tiene cintura nadie lo podrá negar. Y si así fuera, los escépticos no tienen más que revisar su evolución a lo largo de los últimos años. Si Niño-Becerra es el unicornio azul en el mundo de los economistas, nuestro Presidente es el campeón del mambo. Y nos conviene que sea así. Cuando el FMI sitúa el déficit para el 2020 en el 9,5 y la deuda pública en el 113,4%, cuando el supervisor bancario español vaticina una pérdida de la riqueza nacional del 13, y un desempleo rayano en el 20%, más nos vale no perder pié. El aumento del gasto social y la previsible reducción de ingresos fiscales y por cotización, nos ponen ante una situación comprometida, más aún cuando sabemos que para voltear esta crisis hará falta inversión, y mucha. Pero hay que fijar el precio social y contener la codicia de los sospechosos habituales, que han olido sangre y quieren hacer negocio de la precariedad y de la incertidumbre.
El propio Fondo Monetario Internacional en sus perspectivas del pasado 14 de abril, propone limitar temporalmente las exenciones fiscales, y no reducir aquellos ingresos que tasan los beneficios. Hay que prevenir que la gestión privada de la deuda financiera de los estados refuerce la hegemonía de los países fuertes, y la única vía es mediante una política fiscal europea que vaya más allá de la armonización de los impuestos indirectos y se extienda al impuesto de sociedades, y a los impuestos sobre el patrimonio y sobre la renta. Tal vez no sea posible mutualizar la deuda de los estados, pero ha de ser posible que los beneficios tributen a nivel europeo y reviertan, en una parte considerable, en un presupuesto que no ha de ser palanca o garantía del pago de una deuda perpetua, sino el motor de una reconversión económica y de una convergencia social en la que el trabajo ocupe el lugar que le corresponde.
El consenso es fácil de alcanzar por la parte del gasto, especialmente cuando vienen mal dadas y erizos y zorros estiran las orejas. Ponerse de acuerdo en los ingresos es mucho más difícil, pero igual de necesario si se quieren mantener los equilibrios y los fundamentos de justicia social que hacen creíble nuestro modelo socioeconómico. Los presupuestos catalanes, que se aprobaron esta semana suponen en este sentido un paso importante. Hace falta ahora hacer lo propio con los presupuestos estatales y el Pacto de Estado para la reconstrucción, pero también avanzar en el marco de la propuesta que diseña la Comisión Europea. El coste financiero de la deuda pública después del COVID-19 previsiblemente será el doble, y haría inviables las políticas de estímulo que superen la inapetencia de la inversión privada. No es momento de deuda perpetua sino de fiscalidad justa. Aunque nos lo diga un unicornio azul.
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