Izquierda sandía

Ningún sistema fiscal es ajeno al momento, a la estructura del tejido productivo, a los equilibrios sociales o a la ideología de aquellos que tiran de los hilos. La política fiscal es la política que traslada de la manera más clara la ideología y, por esta razón, aunque en otras cuestiones a menudo sea posible tejer alianzas, en esta es difícil salirse. Como ha mostrado a lo largo de las cinco jornadas que la Plataforma por una fiscalidad justa, social y solidaria ha dedicado estos últimos años al debate fiscal, la justicia fiscal es una cuestión de eficiencia y de voluntad política y es cuando se debaten las grandes leyes como la de presupuestos, cuando cada uno se retrata y muestra de la manera más clara los intereses que defiende. Así en relación al contexto, se ha de subrayar que la quinta jornada celebrada este fin de semana, dedicada a la fiscalidad verde, coincidió temporalmente con el debate del proyecto de presupuestos presentado por la Generalitat, fruto de la negociación con En Comú Podem, pero también con el inicio del debate presupuestario en el Congreso de Diputados.

El debate sobre la fiscalidad verde es prioritario, y lo es porque la emergencia climática y social ya no permite posponer más los cambios estructurales que necesita nuestro tejido productivo con tal de garantizar la sostenibilidad del ser humano y de su ecosistema. Al plantearlo en nuestro país, es necesario tener en cuenta una serie de elementos que condicionan el margen de transformación de nuestro modelo fiscal. Así, la brecha fiscal que tenemos con los países de la eurozona en relación a gasto e ingreso, y que suma más de 6 puntos sobre nuestro PIB, comporta un déficit importante. Superarlo es prioritario, pero se ha de hacer en el marco de la regla del gasto que limita éste al potencial de crecimiento previsto por el Ministerio de Economía, a no ser que haya un cambio normativo que incida en la recaudación de los impuestos existentes, o que plantee la creación de otros nuevos. En este sentido la fiscalidad verde puede ser una alternativa para recuperar recorrido fiscal sin alterar el marco financiero que se nos ha impuesto.

La mejora del margen fiscal, superando el encorsetamiento que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es además una prioridad socioeconómica inaplazable, porque el impacto de las políticas monetarias parece agotado y lo que se precisan son políticas fiscales que permitan liberar recursos en dos ámbitos clave: Inversiones en el tejido productivo para enfrentar urgentemente el cambio climático y tecnológico, y gasto social para superar la desigualdad que han instalado crisis y devaluación interna. Hacerlo mediante una actualización del modelo fiscal en lógica de ‘sostenibilidad’, permite además actualizar las estrategias para incrementar la eficiencia en la recaudación haciendo frente a elusión, evasión y fraude fiscal (con más de 60.000 millones de déficit anual), y avanzar en un marco con ‘sintonías’ globales y una sensibilidad suficientemente institucionalizada como para que se puedan situar impuestos mínimos que permitan reducir el impacto de las tretas de optimización fiscal del capital financiero y de las grandes multinacionales.

Parece pues evidente que la fiscalidad verde es una necesidad pero también una oportunidad en el contexto actual. Aún así sus límites los situará la resistencia que dibujen tres actores. En primer lugar las instituciones europeas e internacionales que si bien han comprado narrativa y relato, están aún muy lejos de interiorizar gramática y sintaxis. En segundo lugar el capital que, aún apuntándose como solución, no deja de tener la posición de bombero pirómano, especialmente en el caso de las grandes corporaciones. En este sentido uno de los potenciales de la fiscalidad verde es precisamente la de redistribuir la riqueza en dos lógicas empresariales: entre grandes y pequeñas y medianas empresas, mediante palancas como el gasto energético, y entre aquellas que acumulan capital para forzar su posición de poder, y aquellas otras que invierten en innovación, cualificación y sostenibilidad social, laboral y ambiental.

Aún así la resistencia que más nos habría de preocupar, especialmente cuando se están reestructurando iniciativas políticas como las de Esquerra Unida, Esquerra Verda o Podem, es la resistencia de las personas trabajadoras. Cuando la revuelta de los chalecos amarillos, la BBC lo resumía en una síntesis magistral con el titular: “Proteged a los pobres de la fiscalidad verde”. La fiscalidad verde ha de gravar en lógica de sostenibilidad, pero de manera equitativa (sin marginar en función del acceso a la tecnología), proporcional (paga más quien más contamina), progresiva (paga más quien más tiene), y con una conexión con el gasto social que sea visible, pública y notoria y muestre cómo la mejora de los márgenes y de la eficiencia fiscal verde se traslada, en primer lugar, a la lucha contra la pobreza, la precariedad y la pérdida de cohesión social.

En este sentido la fiscalidad verde, al igual que la izquierda, tan sólo puede ser verde por fuera, porque, como en el caso de las sandías, ha de tener el corazón muy rojo.