Voracidad ministerial

La economía crece, pero con ella ha crecido también el número de personas en riesgo de pobreza o la tasa de abandono escolar prematuro. Este último indicador que muestra el porcentaje de jóvenes, de 16 a 24 años, que no ha completado la segunda etapa de formación secundaria ni sigue ningún tipo de educación o formación, tiene un comportamiento perverso, porque suele crecer en época de bonanza, y reducirse cuando se contrae el empleo. Así, en los años previos a la crisis llegó a dispararse al 30%, y con la recesión bajó hasta estabilizarse en torno al 17% en Catalunya, para invertir la tendencia, en 2019, y remontar dos puntos hasta situarse a más de 8 de la media europea (10,6%). Este comportamiento coyuntural no se puede dar por bueno, ni ser normalizado, porque favorece la falta de cualificación de las personas trabajadoras y refuerza la exclusión social de los colectivos más vulnerables.

El abandono escolar prematuro afecta más a los hombres, a las personas de origen extranjero y a aquellas cuyas madres (42,1) o padres (39,5%) tienen un nivel de estudios bajos. Es, de hecho, uno de los principales mecanismos de reproducción del estatus socioeconómico, con una probabilidad de AEP diez veces superior en el quintil más pobre de la población, que en el quintil más rico. A nivel territorial afecta especialmente a comunidades con fuerte estacionalidad como Baleares, Murcia, pero también Cataluña, y afecta menos a aquellos que, como Euskadi o Cantabria, tienen economías menos expuestas a la temporalidad, y/o que dedican más recursos públicos a la educación. Es por tanto un problema que tiene su origen en el ámbito socioeconómico, y que se articula, a nivel social, mediante la desmoralización, la interiorización de la supuesta incapacidad y la resistencia escolar.

Como ‘proceso de desvinculación progresiva’ del entorno educativo, los modelos de éxito como el de Euskadi (7,9% AEP) identifican elementos que permiten prevenir, reforzar o revertir el desarraigo escolar o formativo. Así una inversión elevada en educación, sostenida en el tiempo, y que facilite políticas y programas de prevención del absentismo y la desescolarización, es un pilar central en la lucha contra la AEP. La orientación permanente de las personas jóvenes y también de su entorno social, es otro elemento de calidad que se complementa con un encaje óptimo entre el nivel de exigencia académica y el de formación, con tal de anticipar frustración y autoexclusión. El consenso social sobre el carácter inclusivo del sistema, el prestigio de la formación profesional y la concienciación social sobre el valor de la educación son a su vez ejes irrenunciables de un modelo educativo que se pretenda integrador y equitativo.

El éxito en la aplicación de estas políticas precisa de dos entornos cuya vinculación y centralidad parecen evidentes. El primero es el ámbito local, de proximidad, que favorece la eficiencia en el diagnóstico y la intervención, desde el centro de formación pero también desde las familias y la comunidad. El segundo, que demasiadas veces se pretende marginar de las estrategias de solución, es el propio centro de trabajo. Como destino final de quien abandona los estudios para luchar por su emancipación o para ayudar a la economía familiar, es el lugar óptimo para facilitar la toma de conciencia y para recuperar para la formación a las personas que se han visto desplazadas. Como puntos focales de la formación a lo largo de la vida, el centro de trabajo, y el de formación, son polos que se complementan a la hora de generar un entorno estable y proactivo que garantice el progreso y la equidad en el desarrollo profesional.

Resulta por todo ello altamente cuestionable la propuesta realizada por la ministra Celaa de incorporar la formación para el empleo en el Ministerio de Educación. Lo que no parece obedecer a otra lógica que la del control presupuestario y a suspicacias políticas de carácter primario, distorsiona los consensos existentes y abre una brecha entre la escuela y el centro de trabajo, al marginar la concertación y la negociación colectiva como elementos integradores y facilitadores de la formación a lo largo de la vida. Con retos tan inmediatos y urgentes como la lucha contra la AEP y la superación de la brecha social que esta comporta, el pretendido golpe de autoridad de la ex portavoz del gobierno y la voracidad ministerial que traslada, no hacen sino evidenciar una falta de visión a la hora de abordar, desde la confianza, un proyecto político al que se le presupone un carácter conciliador, cooperativo, y pragmático.