No es no poder...

En la declaración de Josep Lluís Trapero ante la Audiencia Nacional hubo un comentario que conviene destacar. Sugirió el mayor de los Mossos que, a raíz de la violencia ejercida entre 2010 y 2012 en el marco de la represión social, como muy tarde pública y notoria desde la brutal agresión policial a Esther Quintana, el cuerpo se planteó un cambio de modelo para incorporar una mayor proporcionalidad y situar, al igual que otras policías europeas, la mediación como estrategia preferente. Si bien es cierto que la actuación de la policía catalana sigue siendo mucho más indulgente con movilizaciones nacionales o de la extrema derecha, que con las movilizaciones sociales o sindicales, sí es cierto que la prudencia en la intervención de los Mossos el 20 de septiembre ante el Departament de Economía, y la moderación en la estrategia policial del 1 de octubre, permitieron evitar la tragedia que sí buscaron por su temeridad aquellos cuerpos policiales que fueron enviados a Barcelona al albor de rabiosas proclamas y cánticos legionarios como aquel funesto ‘A por ellos’.

Parece evidente que cuando 20.000 policías pretenden controlar y sancionar a 2,3 millones de ciudadanos que reivindican firmemente sus derechos democráticos, no hay soluciones fáciles, ni por desproporcionadas ni por proporcionales. En su defensa, Trapero arguyó ante los embates del fiscal Miguel Ángel Carballo, que una cosa es querer y la otra poder, o, en sus propia palabras “no es no querer, es no poder”. Esta confesión, sincera, pragmática, muestra cómo a veces la voluntad y la realidad son irreconciliables, y que por mucho que uno quiera forzar su encaje mediante porra o decreto, difícilmente hallará satisfacción. Deberían tener en esto la fiscalía y judicatura española una mayor sensibilidad y empatía, especialmente cuando, también en su caso, han podido comprobar cómo, con independencia del empeño y la insistencia depositados, por ejemplo, en solicitar una extradición europea, no se llega a ‘poder’, cuando en el camino se interpone la incómoda independencia jurídica de otros, ya sea el TJUE o los tribunales belgas, alemanes o escoceses.

Le cayó a Pablo Iglesias una somanta de palos por poner el dedo en esta pudibunda llaga de la justicia española, y tildar de ‘humillante’ la condición que se le ha impuesto a la imagen que tienen nuestras instituciones en Europa mediante semejantes escarceos. Y es que lo de ‘donde dije orden, digo orégano’, eso es, el poner y quitar una orden de detención europea en función del resultado, no tan sólo traslada una imagen de desconfianza en el criterio de otros jueces, sino también la sospecha de que hay quien prefiere eximirse de su obligación de perseguir una conducta delictiva (por ejemplo la malversación), por no negarse el placer de ir a una condena mayor. Pero al margen del “no es no querer, es no poder” que también sufre la justicia española, resulta aún más inquietante cuando lo que sucede no es que no se pueda, sino que no se quiera, eso es, en modo ‘Trapero’, el “no es no poder, es no querer”. Parece ésta la actitud de aquellos que hoy se niegan a renovar el poder judicial, sin otro fin que el de beneficiarse de una mayoría que dejó de corresponderles en términos democráticos.

Mucho se ha escrito sobre la voluntad de gobernar mediante el poder judicial aquello que no se controla desde el Congreso, especialmente en territorios donde uno se ha visto condenado a la irrelevancia política, y no parece nada nuevo, cuando, de noviembre de 2006 a septiembre de 2008, ya hubo otro bloqueo similar por parte del PP. La pregunta sería ahora si también para el Poder Judicial en esto de la renovación pesa más el poder o el querer. Es cierto que al máximo órgano de los jueces le faltan atribuciones para renovarse institucionalmente, y que para ello depende del congreso, pero como escribían recientemente cuatro vocales en un voto particular, sí le es posible contenerse, o cortarse un pelo, a la hora de asignar discrecionalmente la renovación de plazas. De hecho esto resulta muy aconsejable si lo que se pretende es evitar un grave cuestionamiento. Y no pensamos ya en la locuacidad de Pablo Iglesias, sino en cualquier ciudadano o ciudadana que se pregunte si cabe apelar a la ‘responsabilidad institucional’ y denunciar la ‘utilización política’ del Tribunal Supremo, cuando la prioridad del poder judicial parece ser la de garantizar el control político a quien salió como perdedor de las urnas.