Esperando la Agencia catalana

Publicado en 'Diari de l'educació' i 'Diari del treball'

El informe de perspectivas laborales de la OCDE nos situaba, hace poco, como líderes en pagar salarios bajos a las personas jóvenes. Si aquellos y aquellas que tienen estudios superiores cobran lo mismo ahora que hace una década, los que tienen estudios básicos, ni tan siquiera llegan a lo que ganaban hace ahora veinte años. Pero hay otros ‘liderazgos’ que nos avergüenzan, como el del abandono escolar prematuro, donde, con el 17%, estamos 6 puntos por detrás de la zona euro, o la tasa de emancipación, que en el caso de los jóvenes de entre 16 y 29 años, es de tan sólo el 23,6%, por menos del 8% la de los que no han cumplido aún los 24. Esto quiere decir que tan sólo 8 de cada 100 personas de menos de 24 años tienen hoy la posibilidad de iniciar un proyecto personal con la debida autonomía. Tienen que ver en ello las condiciones que impone el mercado de trabajo, pero también, y mucho, el sistema de formación, que, demasiadas veces, no ofrece una pasarela segura al mundo del trabajo, sino que se convierte en un camino de iniciación a la precariedad laboral.

Pero la formación, junto a la mejora de la situación de las personas jóvenes, encara además otros retos, especialmente si tenemos en cuenta que hace ya más de veinte años que trabajamos para hacer realidad el derecho a la formación al largo de la vida. Hoy hay más de 50.000 personas que llevan más de 4 años en el paro, y que necesitan una segunda oportunidad, pero existen también muchas personas trabajadoras que saben que su especialización tiene los días contados, y que han de volver a formarse, u otros que han querido tomar distancia para cuidar de sus familias y que, en el momento de volver al mundo del trabajo, necesitan poner al día sus conocimientos. Para todos ellos el trabajo no puede ser un tren que pase una sola vez en la vida, y necesitan reengancharse, lo que requiere, casi siempre, de más formación. Para dar acceso en condiciones dignas al mundo del trabajo, pero también para hacer este más inclusivo y abierto a todas las personas que necesitan una segunda oportunidad, se diseñó el Sistema de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya, aprobado hace ahora 4 años por una inmensa mayoría de nuestro Parlamento.

Este sistema plantea dos objetivos centrales. El primero es la creación de un marco integrado que incluya el conjunto de servicios, desde la prospectiva a la acreditación de competencias, y que abarque la formación inicial y reglada, pero también la formación para el empleo. El segundo es la creación de una Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya como órgano director y coordinador del Sistema. Estos días, después de un intenso proceso de concertación que ha necesitado más de seis meses, y en el que han participado hasta 60 personas expertas de todos los ámbitos, se da un importante paso adelante con la negociación de tres documentos que previsiblemente se aprobarán el próximo 31 de julio: El documento de bases de la estrategia catalana, el compromiso con nueve prioridades para impulsar el sistema, y el documento de bases para avanzar en un modelo catalán de formación profesional dual. Los tres tienen en común la centralidad del papel que le corresponde a la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales catalana y necesitarán, para la realización de sus objetivos, que esta disponga de los recursos y de la estructura necesaria.

Cuando tenemos cerca de 450.000 personas desempleadas en Cataluña, pero las empresas ya reclaman con urgencia personal formado, parece evidente que hay un desencaje entre oferta y demanda de perfiles profesionales, máxime si tenemos en cuenta que, al mismo tiempo, tenemos más de medio millón de personas con una cualificación superior a la que necesitan para su lugar de trabajo. Si sumamos a esto la obsolescencia previsible de ciertas profesiones, el envejecimiento demográfico del mundo del trabajo y los retos que comporta el cambio del modelo productivo, parece innegable que es necesario actuar con celeridad, aprovechando el ciclo económico, y desplegando, cuanto antes, el tan esperado Sistema de Formación y Cualificación Profesional catalán. Nos va en ello el derecho de las personas a un empleo digno, la estabilidad de nuestro sistema del bienestar, mediante los ingresos que facilita el trabajo cualificado y de calidad, pero también la robusteza y competitividad de nuestros sectores productivos.

Para ello hace falta un cambio en nuestro marco de prioridades, el primero de todos ellos, superar la infradotación económica de la educación en nuestro país, 1,3 puntos por debajo de la media europea, y que no se ha recuperado de los mínimos alcanzados durante la crisis, ni tan siquiera cuando hace ya 5 años que hablamos de recuperación. Pero para empezar a caminar por la senda que nos marca el nuevo Sistema, es necesario que haya, además, un paso decidido adelante en lo relativo a la confianza de los y las profesionales que lo han de hacer funcionar. Poner en marcha la Agencia Catalana es un proyecto que requiere de la generosidad y de la visión de aquellos y aquellas que viven su compromiso con la formación desde la responsabilidad pública. Este compromiso es, seguramente, la mejor manera de anticipar y avanzar, a la espera de que la aprobación de unos presupuestos con una partida específica normalicen el funcionamiento de un Sistema que reclama con urgencia nuestro tejido productivo, y, aún más importante, nuestra sociedad.