Salario de excepción

Desde que entrase en vigor el 1 de enero de 2015 el salario mínimo en Alemania no han faltado intentos para ampliar las excepciones que se introdujeron en la ley en su trámite parlamentario en la cámara del Bundestag. A los temporeros, trabajadores/as en prácticas, parados/as de larga duración (perceptores de la ayuda Hartz IV), y a los trabajadores de sectores con salarios muy bajos (cárnicas, peluqueros, jardineros/as) a los cuales se impuso un periodo de transición de 3 años hasta alcanzar los 8,50€ la hora, la patronal, la cámara de comercio y otros actores plantearon sumar desde muy temprano a los refugiados y refugiadas. Esta propuesta recurrente lo volvió a arrojar al debate público el partido de la canciller, la Unión Cristianodemócrata, hace bien poco, a mediados de febrero, no se sabe si pensando en el Consejo Europeo del Brexit y de Turquía o en aras de las elecciones regionales celebradas este domingo día 13 de marzo en 3 Länder alemanes.

Los argumentos son invariablemente los mismos: la crisis de los refugiados/as no ha de castigar los bolsillos de los contribuyentes y por tanto se les ha de dar acceso al mercado de trabajo cuanto antes para descargar la presión sobre las cuentas públicas. Esta lógica, que desafortunadamente ya ha llevado en otros lugares de Europa a que se les ‘descargara’ a los solicitantes de asilo de sus pertenencias personales, tiene su complemento en otro razonamiento que establece que dada el bajo nivel de cualificación de los y las refugiadas, estos han de poder trabajar a precios más bajos si pretenden tener alguna oportunidad en el mercado de trabajo. Estos argumentos justificarían la excepcionalidad contemplada para los ‘parados de larga duración’ y también para los/las trabajadoras en prácticas. Estas 2 propuestas, como la de penalizar a los refugiados/as que no asisten a cursos de integración obligatoria o a aquellos/as que rechacen ofertas laborales, no han podido prosperar por ahora gracias a la oposición del socio de gobierno de la CDU, el partido socialdemócrata, y a la campaña pública desatada por el sindicalismo alemán.

Sigmar Gabriel, líder del SPD, resumía el peligro que comporta la excepcionalidad en los siguientes términos: “No se puede confrontar a los que pobres que vienen con los pobres que ya están aquí”. Parece evidente que el dumping social reclamado por la patronal no haría más que identificar a los/las refugiadas con una amenaza sobre los salarios y las condiciones de trabajo, ampliando aún más la tensión en un país que, en términos de convivencia, ya tiene para dar y regalar. Alemania acogió el año pasado a 1.100.000 refugiados (según datos oficiales) y registró como demandantes de asilo a 477.000 personas. El esfuerzo de la población ha sido extraordinario como en el caso de otros países como Suecia o Austria donde, en relación al número de habitantes, ha sido incluso superior. Aunque el motivo dado por parte de las autoridades alemanas para acoger a este gran número de refugiados es en buena parte la solidaridad, no se ha de olvidar que la República Federal padece, desde hace años, una obsesión por la proyección demográfica y la falta de mano de obra que habrá en el mercado de trabajo en un futuro no demasiado lejano.

Berlín calcula en 6 millones el déficit de trabajadores asalariados para el año 2030. La obsesión por hacer frente al reto que plantea el envejecimiento de la población se ha intentado paliar con programas de acogida de aprendices y también abriendo las puertas a un importante número de trabajadores eminentemente jóvenes y/o cualificados que han buscado una oportunidad en Alemania. Se ha de decir que la República Federal tiene en esta cuestión una posición ciertamente bicéfala. Por un lado escenifica socialmente un fuerte rechazo a la migración como ‘amenaza’ a la identidad nacional, y por otra, reclama mano de obra extranjera con tal de garantizar la sostenibilidad tanto del modelo industrial como del modelo social (pensiones…). Como defendía el partido xenófobo ‘Alternativa para Alemania’ (AfD) en sus mensajes electorales previos a las elecciones de este domingo, no se trata de escoger a cualquier refugiado o migrante, sino tan sólo a los cualificado/as que se adapten lo antes posible a las costumbres y a la lengua alemana. La instrumentalización de la migración que inspira la política interior alemana se trasladó así a la campaña política beneficiando finalmente a la extrema derecha.

El partido AfD ha entrado como segunda fuerza en el Land de Sachsen Anhalt consiguiendo el 24,2% de los votos, pero ha entrado también en los Länder del oeste, tradicionalmente menos receptivos a los mensajes xenófobos. Así en Rhainland-Pfalz ha conquistado el interés del 12,6% de los votantes y, en Baden-Württemberg, el 15,1%. El análisis en profundidad de este resultado se habrá de realizar en las próximas semanas y tendría que incluir la hipótesis de un fuerte miedo o rechazo a la posibilidad de una nueva precarización del empleo en Alemania. El recuerdo de la Agenda 2010 introducida por el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, que comportó una fuerte segmentación del mercado de trabajo, sigue vivo en la memoria de la ciudadanía, especialmente en la del ejército de trabajadores/as precarios que con más fuerza han depositado su esperanza en el Salario Mínimo. En este sentido las recientes declaraciones del ex canciller Schröder, reclamando una ‘Agenda 2020’ para afrontar la crisis de refugiados supone una lamentable reafirmación de la socialdemocracia de la tercera vía en los graves errores cometidos en el pasado.