El 'sello' Europa

Los líderes europeos no están a la altura. Ni del proyecto europeo tal y como fue concebido en un principio, ni de las expectativas depositadas en él por la ciudadanía. Las conclusiones del pasado Consejo Europeo consagran la impotencia política de una Unión Europea entregada a los mercados, a las transnacionales y al capital financiero. La mera enumeración de objetivos: ‘contener la afluencia de llegadas, proteger las fronteras, reducir la migración, salvaguardar la integridad’ delata una Europa a la defensiva, entregada a la OTAN como última instancia, y sin voluntad de interpretar la situación más allá de la lógica del alambre de espino.

A día de hoy sigue sin haber una política migratoria o de asilo europea, y los mal llamados ‘líderes europeos’ siguen entregados al cortoplacismo y a la instrumentalización que se hace de la tragedia de aquellos y aquellas que buscan refugio en Europa. Ante la derrota moral a la que se nos arrastra y de la que nuestro estatus ‘democrático’ nos hace corresponsables, no cabe sino la movilización para dejar claro que la principal amenaza que pende sobre Europa no son los refugiados y refugiadas, sino la ruindad moral de nuestros/as responsables políticos.

Porque el reto al que se enfrenta Europa con la emergencia migratoria no es otro que el de su propia viabilidad futura. El flujo de refugiados/as no lo atenuarán a la larga ni las medidas militares ni la deriva ‘autoritaria’ de una Europa entendida como fortaleza, sino el compromiso de la Unión con unos principios coherentes y claros que hagan del sello ‘Europa’ algo más que un visado. Así urge:

1.- Reconocer el fracaso del modelo económico y social que inspira a la actual Unión Europea. El modelo de crecimiento que vampiriza los recursos naturales a nivel global, destruye estructuras de estado (Irak, Siria…) y abandona la geopolítica a una política comercial inspirada y ejecutada por las transnacionales no es sostenible. El comercio no puede tener otra razón de ser que promover el desarrollo global y hacer frente a aquellos problemas que compartimos a escala planetaria (cambio climático, pobreza, violencia bélica…).

2.- Junto al comercio, la cooperación ha de ser el otro pilar de una política internacional que facilite la estabilidad en los países de origen y condiciones dignas para la población que quiera permanecer. Es necesario controlar desde la corresponsabilidad la intervención de las transnacionales y prevenir situaciones de expolio, desestabilización permanente y mecenazgo político mediante el desarrollo y consolidación de mecanismos democráticos.

3.- La vecindad constituye una especial responsabilidad y también una especial oportunidad política. Promover la cohesión y el desarrollo social en áreas como el Mediterráneo permitirá reducir los contrastes sociales y facilitar la normalización de los flujos migratorios. Establecer zonas de tránsito y corredores humanitarios e informar y gestionar la petición de asilo en los países de origen, son medidas que facilitan la gestión de emergencias humanitarias.

4.- Hay que evitar a toda costa no tan sólo las prácticas mafiosas en la trata de seres humanos, sino también la mercantilización de la asistencia a los refugiados/as que puede degenerar en servidumbres económicas con fuerte potencial de contaminación. La gestión y asistencia a los refugiados/as ha de ser por eso eminentemente público y ciudadano, reforzando el liderazgo por parte de los estados y promoviendo al mismo tiempo la figura del voluntariado.

5.- Frente a la instrumentalización política de la emergencia migratoria, conviene una política de prevención y castigo de aquellas iniciativas y campañas de la extrema derecha que no persiguen sino el aumento de la tensión social y la extensión del miedo entre la ciudadanía. Se ha de castigar con severidad la utilización de mensajes xenófobos y racistas y penalizar a los que intenten utilizar de manera propagandística la migración con tal de sacarle rédito político.

6.- Una afluencia de refugiados/as como la actual precisa de una campaña permanente de sensibilización de la ciudadanía sobre las condiciones en los países de origen, ya sea en el caso de migración climática, por conflicto bélico o por emergencia sanitaria. Esta comunicación ha de poner énfasis en la interacción económica, y también en la responsabilidad sobre el agravamiento o deterioro de la situación social, económica o política en el país de origen.

7.- El principio de no discriminación salarial: ‘Mismas condiciones laborales para una misma tarea en un mismo lugar de trabajo’ ha de ser garantizado a escala europea en la regulación del salario mínimo, en la negociación colectiva y en las condiciones aplicables a trabajadores migrantes o desplazados. Esta es la principal garantía para evitar que la afluencia de refugiados/as comporte beneficio económico, fomente el dumping social, o sea percibida como ‘amenaza’.

8.- Los/as refugiados/as y migrantes requieren de un asesoramiento inmediato en relación a su acceso al mundo laboral o a la mejora de sus competencias y capacidades. Esta orientación ha de facilitar el desarrollo de un plan personal para permanecer en Europa, pero también si hay disposición a volver en un plazo medio o largo al país de origen, para reforzar las capacidades y recursos existentes en él, poniendo coto al expolio laboral continuado.

9.- La adaptación temporal o permanente de los refugiados en los países de acogida requiere de facilidades para aprender la lengua y conocer la cultura local. Se han de atender las secuelas psicosociales, facilitar el respeto a la diversidad, pero al mismo tiempo transmitir los valores de la laicidad y del estado de derecho como premisa de la normalización efectiva de la convivencia en la Unión Europea.

10.- La emergencia migratoria requiere de una financiación extraordinaria que permita la coordinación de estas políticas a escala europea y su ejecución a nivel de los estados. Para ello es preciso perseguir la falta de solidaridad (fraude fiscal y renta financiera) y fiscalizar las plusvalías que genera el expolio de los recursos humanos y naturales en los países de origen. El desarrollo de una fiscalidad justa sobre condiciones sociales, climáticas y laborales en estos países es, junto a la cooperación y la política comercial, el tercer pilar de una política global que promueva un modelo social y económicamente viable: en el mundo y en Europa.