Coacción

En el juicio a los 8 de Airbus se ha puesto en evidencia que no tan sólo el gobierno del PP es una rémora del pasado autoritario de este país, sino que le asiste en su vocación represora una legislación que conviene cambiar de manera inmediata. Así el ya tristemente famoso párrafo 3º del artículo 315 del Código Penal es un anacronismo heredado del artículo 496 del código de 1976, concebido para intimidar a las organizaciones sindicales en su lucha por la transición democrática. En él se sanciona con fuerza a quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

La RAE define la coacción como la “fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo”. Parece por tanto evidente que el párrafo en cuestión no se refiere a la intimidación, sino a actitudes violentas y claramente amenazadoras. En las huelgas en las que he participado, no he presenciado nunca violencia o amenaza por parte de los piquetes, pero sí que he visto cómo esta actitud se ha integrado en el paisaje laboral y social de este país, normalizándose en el marco de una labor de zapa legislativa, que el Partido Popular ha desplegado sin miramientos. Así la coacción se presenta hoy en una casuística muy diversa:

Coacción es por ejemplo cuando el empresario amenaza con despedir a quien no acepte cambiar su contrato por uno a tiempo parcial, y trabajar el resto de la jornada en negro.

Coacción es cuando el patrón le dice al trabajador que, si no renuncia a la indemnización que le corresponde, no volverá a trabajar en el sector, en el pueblo o en la comarca.

Coacción es cuando se amenaza al trabajador/a accidentado para que declare al médico que sus heridas son fruto de un accidente doméstico, y así impedir que intervenga la Inspección.

Coacción es cuando el jefe de personal se pasea con una lista y va preguntando quién va a cumplir con su derecho de huelga, para ir tachando ostensivamente los nombres.

Coacción es cuando se traslada la producción a otro lugar para diluir el impacto de una huelga, o se contrata a trabajadores para sustituir a los y las huelguistas.

Coacción es cuando se deja sin trabajo, varado ante su mesa, en el almacén o en la fábrica, al que ha protestado y se ejerce sobre él/ella un acoso moral que pretende ser ejemplarizante.

Coacción es cuando se despide a un/a candidato a delegado/a por alguna lista sindical antes de que se celebren las elecciones, pretendiendo intimidar a otros posibles candidatos/as.

Coacción es cuando la alternativa en la mesa de negociación no es otra que aceptar una reducción de salario, o hacerse ‘responsable’ de que se traslade la empresa.

Coacción es cuando se denuncia a 300 trabajadores y sindicalistas por participar en una huelga y se persigue con especial saña a quien representa al sindicato.

Coacción es, en definitiva, cuando una de cada 4 personas no ve cumplido su derecho constitucional al trabajo, cuando se hace depender el crédito a un país de recortes que niegan derechos y garantías fundamentales, cuando 100 familias son desalojadas a diario de sus viviendas y condenadas a la marginalidad y la pobreza. Coacción es cuando se interpretan los resultados electorales como si se tratara de una afrenta o de un despropósito, la impunidad ante la corrupción, la mordaza frente a la protesta, la cárcel ante la disidencia y la mano que alza la pistola y dispara al aire, ya sea en el congreso o ante el piquete en una huelga.

De alguna manera el día de huelga, y especialmente el de la huelga general, es el día en el que se denuncia colectivamente la coacción que ejerce de manera permanente el capital sobre el trabajo. Porque es la lógica de la codicia, del derecho al beneficio, aquel que convierte a las personas en una posición en una hoja de cálculo, el que coacciona y coarta libertades que son fundamentales, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación o a una buena atención sanitaria. El día de huelga el trabajador rompe, por un tiempo, el contrato social y recuerda que es el acuerdo de las partes y no el poder, el que hace posible la convivencia.

Hemos de estar agradecidos a los 8 de Airbus, y a todos aquellos y aquellas que con valor y a riesgo propio han defendido y defienden el derecho de huelga. La OIT ha denunciado la presión continua que se ejerce sobre el Convenio 87, al igual que la CES o la CSI, que le dedicó una jornada de lucha el pasado 18 de febrero. En España muchos líderes políticos y partidos democráticos se han sumado a la denuncia de las maneras de un partido cuyo espíritu autoritario es propio de otra época. Un partido que, puesto contra las cuerdas por la infamia y la corrupción, pretende reprimir el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Recientemente el beatífico Fernández Díaz instrumentalizaba una vez más el terrorismo para coaccionar la política de alianzas democráticas en España. Al mismo tiempo se ha recrudecido en su propósito, arremetiendo contra titiriteros, músicos y opositores políticos, la ofensiva contra la disidencia y la crítica social. Se hace evidente que es el odio del títere del poder financiero, industrial y mediático, el que se desata contra aquellos que reniegan de los hilos y pretenden recuperar el aspa de mando sobre sus propias vidas. Pensará el PP que en el país de los títeres el titiritero es el rey, sin entender que la ciudadanía y la clase trabajadora no es un guiñol o una marioneta, sino un sujeto de derecho que actúa desde la libertad de conciencia.