Eterna precariedad

Mucho se ha escrito ya sobre la galería de despropósitos que se sucedieron en la constitución del congreso el pasado miércoles. La desconfianza, recelo y desprecio por parte de la fauna y flora perenne (aquellos moradores que se confunden ya con el rancio mobiliario de la cámara) hacia la nueva hornada de la representación popular, es el mejor testimonio de hasta qué punto se ha encerrado el Parlamento en sí mismo y se ha desconectado de la realidad. El aire fresco que irrumpe ahora en las Cortes Generales resquebraja ¡Ya era hora! las paredes de una burbuja democrática que pesa como una losa sobre el futuro de este país.

Una de las cuestiones más sangrantes y farisaicas que ha caracterizado la política de estos últimos años ha sido la instrumentalización de la solidaridad. Mientras la solidaridad territorial era convertida en apéndice de toda corrección política, la solidaridad de clase y generacional ha sido arruinada de manera deliberada. Si las diferencias sociales se ampliaron en el marco de la crisis de manera escandalosa, la política del PP se ha cebado especialmente en el desempleo juvenil, en el acoso a la calidad educativa, en la institucionalización de la precariedad y de la emancipación tardía, y en la condena de la juventud a una diáspora vergonzante.

El modelo social mediterráneo, con una fuerte hipoteca familiar en cuanto a funciones y cargas sociales, no es especialmente diligente a la hora de pasar el testigo generacional. Pero más allá de sus déficits estructurales, la gran recesión ha abocado al empleo juvenil, clave para acometer cualquier proyecto vital desde la autonomía personal, a la extinción paulatina y a una precarización que constituyen hoy una de las mayores aberraciones demográficas en Europa. La estrategia integral del PP para promover la dependencia y marginación de los jóvenes empieza por la educación, pasa por la formación, y llega al acceso al mercado laboral.

Al margen de la inversión en educación, muy inferior a la europea y que comporta una de las mayores tasas de fracaso escolar de la UE, el gobierno redujo en el anterior mandato las becas y ayudas al estudio. Con el empobrecimiento familiar y el aumento significativo de las tasas universitarias, esto supuso perder la universalidad en el acceso a la educación superior. Al mismo tiempo, las iniciativas legislativas del PP hicieron de la transición de la formación al empleo un catalizador del estatus precario, promovido a través de becas y prácticas, pero también en el marco de una formación dual, que no hace sino transferir rentas a la patronal.

Los recortes en las política públicas de empleo, en aras de una pauperización que legitimara su privatización, la falta de monitorización, control y sanciones al fraude laboral, y la devaluación salarial, han empujado a los jóvenes más cualificados a la diáspora, y a los que se han quedado, a la inopia o a la precariedad. El riesgo de pobreza ha crecido en paralelo al aumento incesante de la temporalidad y parcialidad. El 68,2% del trabajo parcial es hoy involuntario y la lacra de la sobrecualificación afecta ya al 54% de los/las jóvenes con empleo. A nadie extraña que con este panorama, entre 2009 y 2013, 218.000 jóvenes tomaran la decisión de marchar.

La juventud se ha convertido en una excusa para institucionalizar un modelo de relaciones laborales que se articula en torno a la precariedad y que alimenta el transvase de rentas del trabajo al capital. El resultado es, entre otros, una tasa de emancipación juvenil (23,9) que está 10 puntos por debajo de la europea (33,7) y que, como ilustran Stefano de Marco y Daniel Sorando en el excelente informe ‘Juventud necesaria’, hipoteca la viabilidad demográfica, económica y social de este país. Ignoran aquellos y aquellas que tanto se escandalizaban esta semana ante la renovación del Parlamento, lo cara que nos puede salir la injusticia social.

La inconsciencia, la irresponsabilidad y la inercia como única perspectiva son hoy la mayor amenaza que pende sobre la viabilidad de nuestro modelo social. Esta semana se incorporaban al Congreso un buen número de diputados y diputadas, más o menos jóvenes, que pueden aportar una perspectiva diferente. Es este nuevo enfoque, la coherencia con los propios valores y la visión de una reforma estructural y política hacia una mayor justicia y cohesión social y generacional, la que puede frenar al fin la regresión integral que con tanto ahínco y codicia ha promovido el Partido Popular.