
Si no fuera por la naturaleza mutante del socialismo español, la conclusión de las elecciones sería la de un empate técnico entre las opciones progresistas, 161 escaños por 11.643.131 votos, y las de la derecha liberal y conservadora, 163 escaños por 10.715.996 votos. Este resultado no será fácil de abordar en un país con una cultura parlamentaria muy limitada y en la que puede ejercer una influencia determinante la vocación alemana y europea por la gran coalición. La presión por parte del socialismo europeo puede llevar a Pedro Sánchez a la que sería su tumba política y catalizador de una nueva ‘renovación´ en el liderazgo del PSOE.
La alternativa, una coalición para la regeneración democrática que sumara un frente amplio para sanear la política y la democracia españolas, choca con dos obstáculos de calado: La imposibilidad de alcanzar una mayoría constitucional frente al Partido Popular (2/3 de la cámara, eso son, 234 escaños), y el propio lastre histórico de algunos partidos en lo que se refiere a la corrupción. El liderazgo de un partido que fuera capaz de liderar, desde la minoría, algunas iniciativas legislativas de geometría variable, choca con la mencionada falta de cultura parlamentaria y con la vocación endémica por los liderazgos exclusivos.
Donde el resultado del 20D sí debería haber dejado un mensaje claro es en Catalunya. Aquí los votos de la izquierda (En Comú Podem, ERC, PSC) suman 2.116.250 votos, por 1.537.016 por parte de la derecha (DyL, Ciutadans, PP, Unió). Este mandato, más allá del subterfugio de la adscripción nacional de una derecha u otra, muestra la determinación de los catalanes/as por transformar la realidad laboral y económica y debiera comportar un giro social en el Parlament. Un giro que habría de recuperar a su vez para la izquierda la vocación histórica por la democracia en términos de autodeterminación y de autonomía política.
Como muestra con meridiana claridad el reciente
Informe sobre la evolución de las desigualdades sociales en Catalunya, publicado por CCOO de Catalunya, al margen de los aspavientos patrióticos, las políticas de Convergencia i Unió han sido un calco de las del Partido Popular y han extendido la injusticia social y la lacra de la corrupción. Si antes de la crisis la desigualdad era inferior a la media europea, las políticas de empleo, de protección social y fiscales ejecutadas en Catalunya por Artur Mas, y votadas por CiU en el Parlamento español, han hecho de este uno de los países en los que más ha aumentado la desigualdad.
La destrucción de empleo que ha comportado la reforma laboral, el menor peso del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza y el retroceso de los salarios en la distribución de la renta no han sido dictados desde Madrid, sino asumidos, reforzados y promovidos desde el Palau de la Generalitat. Frente a la posibilidad de utilizar las propias competencias y resortes endógenos como la negociación colectiva en el marco catalán para aplicar una política económica con mayor vocación social, se ha preferido aprovechar el contexto para alimentar el clientelismo y transferir rentas del trabajo al capital.
Hoy una cuarta parte de la población catalana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El empeoramiento de las condiciones laborales y salariales ha ahogado la demanda, promovido la figura del trabajador pobre, y arrojado a la sociedad catalana a una situación de emergencia social. Los recortes en educación y sanidad se han cebado en los más vulnerables y han producido, mediante la merma de los amortiguadores sociales, una situación de creciente desigualdad social en la que los únicos beneficiados han sido aquellos y aquellas que ya antes de la crisis disfrutaban de recursos abundantes.
En este panorama es en el que tendrá lugar la asamblea de las CUP que puede teñir el horizonte político inmediato catalán de uno u otro color. En cualquier caso parece evidente que no tiene en sus manos la suerte de Artur Mas, porque este se condenó hace ya tiempo con su ideario político neoliberal. Lo que si puede decidir es si quiere salirse ya de la trampa burguesa y sumarse a la amplia mayoría social que exige que se haga frente a la quiebra y a la injusticia social, y que se respete de una vez, ahora en el nuevo Parlamento en Madrid, el derecho a la autodeterminación de Catalunya.
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