
Ni los 23 puntos de observación de la guardia urbana ni los cálculos realizados por los más avezados/as geógrafos pueden dar mayor certeza del éxito de la diada, que una lectura de la prensa más casposa. El tono agrio que condensa la pulpa tóxica que sirven con el habitual galleo las rotativas ultras indica que, una vez más, la realidad no se deja disfrazar. Pero a nadie se le escapa que aunque le escueza, el desafío rampante de la ciudadanía catalana, tampoco le viene del todo mal al PP. Al fin y al cabo el alto el fuego de ETA, en 2006, cuestionó de raíz la estrategia de alimentar la visceralidad política precisa para cohesionar las propias filas, con la amenaza siempre latente de un enemigo interior. Así la campaña de criminalización del Estatut catalán, inaugurada aquel mismo año, y perpetuada con la recogida de firmas y el abyecto recurso de inconstitucionalidad, corroboraba el apremiante anhelo del PP por disponer de un caballo de batalla alternativo que le sirviera para mantener viva esta sanguínea pasión.
Desde la bochornosa sentencia del tribunal constitucional, a principios de verano de 2010, la reacción en Catalunya fue la de mostrar un rechazo frontal al talante antidemocrático de un partido que, lamentablemente, no quiere o no puede superar ese deje autoritario que delata su origen dictatorial. Descontado el voto popular catalán, el éxito de la diada le sirve al PP para reforzar su campaña estatal erigiéndose en el único valedor de la unidad nacional, aunque en eso le haya salido la competencia de la prole de Albert Rivera, que da el mismo discurso, aunque bajo una pátina algo más ‘guay’. También hay que remarcar que en el caso del PP y de Convergencia existe una cierta complementariedad. De lo que se trata es, a fin de cuentas, de retroalimentación, y cuando lo que se pretende es esconder las miserias, poco o nada importa el color de la alfombra bajo la que se quieran barrer. Así la crispación sirve a uno y otro para evitar por igual cuestiones tan delicadas e inmediatas como la corrupción o la debacle social.
Cataluña necesita urgentemente un referéndum. Y el estado español necesita urgentemente un referéndum catalán. Sin un proceso democrático a la altura de la cultura política del siglo XXI, el estado cuestiona su capacidad de ser un interlocutor políticamente serio en Europa, y también a nivel global. Por el lado del gobierno catalán tampoco existe alternativa al refrendo popular. La actual deriva en el concepto de mayoría suficiente, de los dos tercios que requiere cualquier proyecto constitucional, a la mayoría simple, hasta llegar finalmente al 44% de una mayoría ‘plebiscitaria’, dibuja un itinerario que parece replicar en Catalunya la trayectoria autoritaria y escasamente democrática que, hasta hace poco, era marca exclusiva del PP. Es inviable emprender una transformación institucional con una sociedad dividida, pero deviene una patraña torticera cuando se pretende hacer mediante un subterfugio electoral.
El grado de reactividad acumulado en Catalunya se hace evidente también en el tratamiento informativo. El tono de algunos articulistas parece querer abrir vía para inaugurar ‘La Razón’ a la catalana, con la vieja técnica de tirar la piedra y esconder la mano, o de tirar de fantasía cuando flaquean los argumentos. En el caso de la radiotelevisión pública catalana es de sospechar que alguien ha creído que halagar a los unos el mismo tiempo que se denigra a los otros, es cumplir con la neutralidad e imparcialidad que reclama todo proceso electoral. Con todo ello se sienta un precedente peligroso porque se legitima la manipulación informativa y se desarma un diálogo social que resulta especialmente relevante cuando de lo que se trata es de configurar una cámara a la que se le reclama una especial responsabilidad.
A partir de algunos detalles y declaraciones del gobierno de Artur Mas, es de temer que lo que se pretende es constituir un Parlament suficientemente débil en la articulación de mayorías, como para que no haya capacidad para cambiar por ejemplo el ejecutivo catalán. Ante la sospecha de que se quiere seguir gobernando con presupuestos prorrogados y cargos en funciones, es hora de exigir, también desde los medios de comunicación, que se definan las propuestas y los equipos que pretenden gobernar. El desempleo, la pérdida de cohesión, la debacle industrial tan evidente en casos como Valeo o Solvay, precisan de políticas concretas y urgentes, de vías catalanas que no tan solo muestren el horizonte o nos orienten de noche, sino que apunten soluciones concretas para superar la marginación, la incertidumbre y la precariedad.
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