Un gobierno para Europa

Intervención en el seminario: ‘La democracia en la nueva gobernanza económica de la UE’ organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y la Cátedra Jean Monnet.

Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions (Nada es posible sin los seres humanos, nada perdura sin las instituciones). Jean Monnet.

Permítanme que excuse la presencia de nuestro Secretario General y agradezca en su nombre y el de las CCOO de Catalunya la invitación a participar en este seminario. El Parlamento Europeo es a menudo una inspiración, y hoy, cuando la democracia atraviesa momentos de especial precariedad en Europa, es también nuestra principal esperanza. De la gobernanza no nos gusta ni tan sólo el nombre. Nos recuerda la agenda del estado mínimo y el lenguaje de las instituciones financieras internacionales cuando intervienen en países en situación de fallida, pretendiendo avalar la seguridad jurídica con tal de garantizar la consecución de los intereses extractivos de las multinacionales. También asociamos esta palabra a una concepción de la UE como proyecto de liberalización, en los términos que planteó, en 1939, Friedrich August von Hayek, en el ensayo ’Las condiciones económicas del Federalismo interestatal’. La Federación europea en el sentido del economista austríaco tiene bien poco que ver con la que defendía Jean Monnet, y se basaría en la transferencia de la soberanía económica de los estados no a una superestructura europea, sino a los mercados. Esto ha sucedido en tres grandes etapas: El Acta Única Europea en los años 80, que creó el mercado interno, la introducción del euro, con la pérdida de la soberanía monetaria, y, finalmente, la gobernanza económica europea, que normalizó este proceso de liberalización progresiva.

Si antes de la Unión monetaria los ajustes macroeconómicos se realizaban por la devaluación de la divisa, esto es, afectando a las rentas del trabajo y las del capital, de tal manera que todos, de un día al otro, perdían por igual, con la moneda única los ajustes se fuerzan a través de una devaluación interna, que se regula mediante la gobernanza europea. Sus instrumentos: la coordinación presupuestaria en el marco del semestre europeo, las correcciones automáticas en caso de déficit macroeconómico excesivo, y la compra de deuda y rescates, realizan esta devaluación en función de un ideario ortodoxo con tres grandes fundamentos: (1) La deuda está en el origen de la crisis y para reducirla hace falta austeridad. (2) Las rigideces del mercado laboral generan paro, y tan solo con la flexibilización se crea empleo. Y (3) los salarios son la clave de la competitividad y por eso recuperar ‘músculo’ exportador comporta rebaja salarial. Este es el marco ideológico de la gobernanza que se traduce en medidas concretas: Para reducir la deuda pública, la austeridad fuerza recortes en salarios públicos, servicios y prestaciones, ya sean pensiones, educación o sanidad. En el caso del empleo, la flexibilidad se traduce en la desregulación del mercado laboral y la precarización de la contratación. Para bajar salarios se descentraliza la negociación colectiva en beneficio de las empresas, eliminando la ultractividad y reduciendo la eficacia y cobertura de los convenios.

Es necesario apuntar que la consolidación de la deuda pública tan sólo se realiza por la parte del gasto. Más allá del aumento de la imposición indirecta, no hay medidas fiscales ni en lo relativo a la eficiencia en la recaudación, ni en la mejora de la capacidad redistributiva ni tampoco en el nivel de fiscalización, ya sea del trabajo o del capital. Tal y como recoge con mucho acierto la resolución del 13 de marzo de 2014 del Parlamento Europeo, las medidas descritas se basan en unos fundamentos ideológicos errados. Si miramos los resultados vemos que estas medidas son ineficaces, injustas y contraproducentes. Ineficaces porque allí donde se han aplicado han conseguido justamente lo contrario de lo que pretendían: Ha aumentado la deuda, se ha destruido empleo y se ha perdido competitividad. Injustas, porque tal y como describe con meridiana claridad la resolución mencionada, se contravienen artículos clave del Tratado y de la Carta de Derechos Fundamentales. La UE se desvía aún más de los objetivos de la estrategia 2020 y, a nivel institucional, se margina de todo el procedimiento al Parlamento Europeo, a la OIT, al Comité Económico y Social y al de las Regiones, mientras la Comisión no cumple con su papel de guardián del tratado y el Banco Central Europeo se extralimita en sus funciones. Finalmente es contraproducente porque comporta una fuerte pérdida de cohesión a nivel territorial y social en Europa, provocando un repliegue nacional por parte de los estados y alimentando la pérdida de confianza y la extensión de tendencias xenófobas.

En respuesta a aquellos que intentan argumentar en positivo diciendo que ya se hace patente el crecimiento, y proporcionan análisis que a menudo no contemplan ni la bajada en el precio del petróleo, la devaluación del euro ante el dólar, o el hecho de que el BCE haya abierto el grifo del dinero, pensamos que hace falta asumir los errores cometidos y actuar en tres ámbitos temporales diferenciados. El corto plazo viene marcado por Grecia y en él se ha de demostrar que la gobernanza incorpora en su análisis los indicadores sociales y de empleo que se planteaban en la comunicación de la Comisión ‘Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria’. No se han de rescatar los bancos sino las personas, haciendo frente a la pobreza, a la incertidumbre y a la precariedad. Los flujos de liquidez no pueden agotarse en la contabilidad de los bancos, sino que han de llegar a las empresas y especialmente a las pequeñas y medianas, que tienen un papel clave en el empleo y en la activación de la demanda interna. En este sentido la victoria de Syriza no puede ser presentada como una afrenta de los griegos con respecto a Europa, sino como un mensaje positivo y claro. El reciente llamamiento de los sindicatos alemanes parece un buen ejemplo de hasta qué punto la gran mayoría de la ciudadanía europea entiende la situación que atraviesa el pueblo griego como el resultado de una gran injusticia, y ve las propuestas del gobierno griego como una oportunidad para corregir un rumbo arbitrario y errado.

A medio plazo, y podríamos entender por este los 4 años y medio que le quedan de mandato al Parlamento Europeo, hace falta extender a otros instrumentos de la gobernanza, eso es, a la coordinación presupuestaria y a los mecanismos automatizados de corrección, el criterio social que ha de prevalecer en los rescates. En la línea del artículo 41 de la resolución aprobada, es prioritario introducir un mecanismo de corrección de desequilibrios sociolaborales excesivos que complemente los económicos y recupere las garantías que establece el Tratado. En relación al propio sistema de gobernanza parece injustificable que no se hayan incorporado indicadores que fuercen la consolidación de las cuentas públicas también por la parte de los ingresos. El fraude, la evasión y la elusión fiscal en Europa exigen que se intervenga en los países y de manera coordinada en la Unión para alcanzar más eficiencia en la recaudación (más de 50.000 millones en el caso del estado español) y para poner fin a la competencia a la baja en ciertos impuestos como el de sociedades. Estas medidas habrían de ser prioritarias por el agravio que suponen, pero también porque pueden facilitar la liquidez que precisa un plan de inversión que vaya más allá de las prestidigitaciones financieras del Plan Juncker, como el que defiende la Confederación Europea de Sindicatos con una inversión anual de un 2% del PIB durante 10 años y la creación de 7 a 11 millones de lugares de trabajo.

Finalmente a largo plazo parece evidente que es inevitable un nuevo cambio del Tratado. Los riesgos y asimetrías que ha provocado la gobernanza europea demuestran que una verdadera Federación Europea en el sentido de Jean Monnet, precisa de más competencias para el Parlamento Europeo en el que habría de residir toda la iniciativa legislativa, a parte del control sobre una Comisión que no puede estar secuestrada permanentemente por los juegos de equilibrio de los estados y especialmente de aquellos que tienen más poder dentro del Consejo Europeo. La capacidad de intervención, también mediante políticas anticíclicas cuando corresponda, precisa no de una gobernanza, pero sí de un gobierno europeo que ha de tener su fundamento en un Parlamento libremente escogido por la ciudadanía. En este sentido hace falta cambiar el papel del Banco Central Europeo para que persiga no tan sólo la estabilidad monetaria, sino también el pleno empleo en Europa. También se ha de poner fin a que el BCE sea el mecanismo por el cual Europa sostiene y alimenta bancos privados ineficientes o quebrados, mientras se endeudan los estados. Más allá hará falta avanzar en la unión bancaria y fiscal, pero también en la unión social y política, estableciendo una arquitectura institucional y un mapa común de competencias que desarrolle la subsidiariedad y supere aquellos solapamientos históricos que suponen hoy, un gran déficit para alcanzar la Europa que soñara Jean Monnet.