Negocio sin chispa

Al final no sabemos si las propiedades ácidas de la coca cola son suficientes para diluir un filete de carne, pero sí tenemos constancia de que le sobra poder corrosivo como para disolver en la nada a cerca de 800 de sus empleados/as. Que el despido colectivo que amenaza a una cuarta parte de la plantilla se hiciera a pesar de obtener beneficios, al parecer preocupó tan poco a la dirección como que en junio pasado la Sala de lo social de la Audiencia Nacional declarara nulo el proceso y obligara a la readmisión de los despedidos. Aún así, se procedió con injustificable soberbia al cierre de 4 de sus plantas, entre ellas la segunda más grande, la de Fuenlabrada, y se ha iniciado el desmantelamiento de las instalaciones ante la desesperación de los trabajadores/as que llevan más de un año acampados ante los portones de la fábrica. Este tipo de prácticas van más allá de si la multinacional es de uno u otro país, ni dependen del tamaño del negocio. La utilización del coste de personal como variable de ajuste preferente al margen de cualquier otra consideración estratégica, no se detiene ni tan siquiera ante el deterioro que pueda provocar el despropósito y la codicia en la imagen de marca, tal es la arrogancia hoy de una visión corporativa en la que el consumidor no merece mayor respeto que el empleado.

Ocurre igual en empresas como Panrico, Alstom, o AJRuz, ya produzcan rosquillas, vagones ferroviarios, garanticen el mantenimiento de compañías eléctricas como Endesa, o la limpieza viaria en plazas y calles. En el caso de los compañeros que este sábado cumplieron 100 días de huelga ante la pequeña empresa de Sils, el trato vejatorio y las condiciones de seguridad, higiénicas o laborales eran, según la experiencia de algunos de sus trabajadores, las habituales en algunos países subdesarrollados. Que AJRuz ganara un concurso público y reciba dinero que procede de tasas e impuestos, no marca diferencia alguna, al menos para los ayuntamientos que siguen pagando las facturas. Ni el consumidor, ni el cliente, ni tan siquiera la autoridad judicial les merece el debido respeto a estos capitanes de empresa que son campeones en maltratar a sus trabajadores, perseguir a los sindicatos o destruir empleo. En lo del timón y la orientación andan las más de las veces, ya sea por talento ya por sentido de la responsabilidad, en la estela del ilustre Schettino, capitán del Costa Concordia, que embarrancado el barco por una imperdonable negligencia, no tuvo prisa más que por abandonar el navío. Suerte para algunos que las exigencias para un capitán, no son las que se le piden al empresario.

Esta lamentable cultura patronal que alimenta el paro y con él debilita aún más la demanda y afianza así la recesión, se ha visto estimulada por la reforma laboral. Ante el debilitamiento de la tutela judicial, la descentralización de la negociación colectiva, y la criminalización ya no de la huelga, sino de cualquier otra forma de protesta, los conflictos se han radicalizado. Hoy el precio de la dignidad de la fuerza de trabajo pasa por adentrarse por una senda plagada de incertidumbres y que requiere de una gran fuerza y de un valor excepcional. Frente a ella está la codicia y la soberbia típica de cierta alta dirección. La mayor parte de las veces la supuesta racionalización ni mejora el balance ni tampoco la productividad sino que afecta a la empresa de manera negativa y lastra su viabilidad. Los superjefes que en esta nueva cultura corporativa dedican todo su talento no más que a un producto: su carrera personal, utilizan la reingeniería para distraer la atención de los accionistas y para demostrar su autoridad y el alcance de su poder discrecional. Por eso cuando la plantilla tiene valor y fuerza para organizarse, la afrenta que experimenta el alto directivo es personal y pervierte así el proceso de negociación.

Frente a esta lacra que debilita el tejido productivo es preciso actuar. A nivel privado mediante el consumo, y a nivel público poniendo el máximo rigor en la contratación, en la licitación y en la gestión de servicios de interés general. Si parece contraproducente atacar el producto, porque de él dependen empresario y trabajador, el boicot puntual puede cosechar excelentes resultados. En relación a la contratación pública el factor de inversión y de calidad del empleo debería ser una variable decisiva y el balance de los equipos de gestión y el que respeten la normativa fiscal o la legislación laboral, un factor central. Por ejemplo la reciente multa de 625 millones a Alstom por soborno, debería haber forzado cambios en la dirección, o los paraísos fiscales, a los que tan aficionadas son algunas multinacionales, debería excluirlas de servir al interés general. Hay que promover mediante la contratación y el consumo aquellos actores empresariales que acrediten una gestión sostenible, responsabilidad corporativa y respeto por el valor del trabajo. El siglo XXI precisa de empresas inteligentes que entiendan su papel en la sociedad y sepan concertar sus políticas de formación, de empleo o la organización del trabajo. Ante la volatilidad del capital, no hay mayor garantía de sostenibilidad que la que aportan a la empresa sus trabajadores. La política fiscal y la redistribución pueden corregir el curso, pero es allí donde se genera la riqueza, en la producción, donde ha de arraigar la democracia.