Precariedad. Intervención en la fête de l'Humanité

Permitidme que antes de comenzar agradezca a los organizadores la invitación que me ha permitido compartir hoy con vosotros esta gran fiesta y este debate sobre un tema, la precarización, que lamentablemente es de gran actualidad también en Catalunya y en el Estado Español.

La precarización del empleo comienza en nuestro caso hace ya muchos años, pero sin duda se aceleró a partir del giro copernicano en las políticas de estímulo que anunció el presidente socialista español Zapatero, el 12 de mayo de 2010. Fue en el marco de la presidencia española del Consejo, pocos meses después de aprobarse la estrategia europea 2020 y tan sólo cuatro días después de presentar Felipe González en Madrid el estudio ‘Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades’. Este estudio, elaborado por doce así llamados ‘sabios’, a los que tal vez convendría llamar ‘apóstoles del mercado’, recoge la filosofía que inspira la austeridad y la gobernanza económica. Esta se podría resumir en la siguiente premisa: “Europa está en lucha con el mundo y para poder sobrevivir ha de ganar competitividad al precio que sea”. El precio, como hemos visto los últimos 4 años es el de someter la política, e incluso la democracia, a una ortodoxia económica profundamente injusta, innecesaria y equivocada.

Zapatero comenzó a aplicar el ideario de la austeridad en mayo de 2010, y lo hizo no tan sólo por la presión de los ‘mercados’, sino porque así se lo impuso el Consejo Europeo, la Comisión y el BCE mediante diferentes instrumentos de presión. Este ideario es muy simple y se basa en tres fundamentos completamente erróneos: 1) La crisis es por culpa de la deuda y por eso se han de recortar servicios y prestaciones 2) El paro proviene de las rigideces del mercado laboral y por eso hace falta facilitar el despido individual y colectivo 3) El desequilibrio a nivel europeo es consecuencia de la evolución de los salarios, y por eso conviene intervenir y descentralizar la negociación colectiva. La liquidación y privatización de los servicios públicos, la destrucción del empleo y la intervención en aquello que la Comisión critica como ‘capacidad para fijar los salarios por parte de los sindicatos’, deviene así en mecanismo para forzar la deflación salarial y la precarización del trabajo.

En relación a los recortes y al debilitamiento de los servicios públicos, los ataques de las reformas de Zapatero y de Rajoy, con intervenciones en el Servicio de Empleo que ha supuesto la eliminación de 3.000 orientadores y mediadores laborales desde 2012, se ha acompañado de facilidades crecientes para los actores privados. Así el presidente socialista facilitó el acceso a la intermediación en la función pública a los actores privados en 2010, abrió el sector de la construcción y la administración pública a las ETT, o permitió que estas pudieran gestionar también trabajos peligrosos o insalubres. Rajoy fue un paso más allá al facilitar a las ETT la tramitación de contratos de formación y aprendizaje y fijando, en 2013, un acuerdo marco para la intermediación por parte de empresas de intermediación. Conviene recordar que el papel de las ETT se potencia en un mercado laboral en el que las reformas estructurales facilitan y promueven el despido, se desvirtúa la contratación y se debilita de manera sustancial la negociación colectiva.

Con un 25% de paro no es de extrañar que se pueda forzar la deflación salarial. Cuando hay 2,4 millones de parados que llevan más de dos años sin poder trabajar, 770.000 familias sin ningún ingreso y cerca de 150 desahucios diarios (más de uno cada 15 minutos), el terror social es suficientemente fuerte como para doblegar las resistencias, más si cabe cuando hay una fuerte hegemonía en los medios que ataca los servicios públicos y promueve el emprendimiento individual y la eficiencia de los actores privados. Una buena parte de las reformas de Rajoy se han hecho en agosto cuando los españoles están de vacaciones. Así lo hizo con el presidente Zapatero en 2011 para cambiar la Constitución, el 2013 para abrir la intermediación laboral a las agencias privadas, y este agosto cuando decidió qué agencias podrían participar en la inserción laboral. Han ganado Manpower, Addecco, Randstad, Eulen, pero también podrán intervenir directamente la patronal o algunas multinacionales. Estos actores podrán cobrar por la inserción de cada desempleado de "difícil colocación" entre 300 y 3.000€ mediante incentivos que incluyen la denuncia de infracciones por parte de los asalariados.

El tipo de contratos abiertos a las agencias de colocación serán los indefinidos, pero también los de prácticas o de formación y aprendizaje. Los 41,66 millones que se invertirán en los años 2014 y 2015 contrastan con fuerza con la inversión en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, reducida en un 50% y hace evidente que de lo que se trata es de un paso decisivo en su privatización. No olvidemos que en 2012, las políticas activas de empleo se recortaron en un 21%, y en el 2013 un 34,6%. La relación entre las ETT y las agencias de colocación privadas parece evidente. Cuando hace más de 10 años se ganó la lucha para que a los trabajadores de las ETT se les aplicaran las condiciones laborales de la empresa usuaria, muchas ETT pasaron de la prestación de trabajadores a la prestación de servicios. Con la nueva ley se incorporan a la intermediación laboral, lo que les abre un nuevo horizonte. Al margen del beneficio que pueda sacar el gobierno al lobby, habrá también otra cuestión que le permitirá solucionar un problema urgente.

Después de la fase de destrucción de empleo a lo largo de los últimos años, ahora se acercan las elecciones municipales en 2015 y las generales en 2016. Las últimas elecciones europeas supusieron para el bipartidismo PSOE-PP una catástrofe que por primera vez las situó por debajo del 50%. Ahora se trata de mejorar la imagen y por eso se hace necesaria una buena dosis de maquillaje estadístico. A pesar de que el nombre de horas trabajadas en el estado español continúa bajando, el paro ha empezado a bajar también. Eso se debe a que aumenta el trabajo precario hasta el punto de ser ya el primer país en subempleo (trabajo parcial involuntario) en Europa, con un 57,4% de estos trabajadores que quisieran trabajar más. La parcialización del empleo se acompañará de un aumento de los contratos de formación, en el marco de la garantía juvenil y de otros mecanismos que permitirán que las agencias privadas jueguen un papel importante. A lo largo de los próximos meses veremos cómo los resultados cuantitativos desacreditan aún más a los Servicios Públicos y refuerzan la ficción de un país que vuelve a trabajar.

Este es el escenario de la precarización del empleo como estrategia económica de la clase dominante para forzar la transferencia de rentas del trabajo al capital. Este tipo de intervención en el mercado laboral precisa por su brutalidad de una fuerte precariedad social que doblegue las voluntades de los trabajadores y trabajadoras, pero también de una precarización de la política, que permita garantizar que no pueda articularse ninguna resistencia que cambie las tornas. Este es el dilema con el que nos encontramos hoy. La solución pasa por reforzar la organización de los trabajadores y trabajadoras en las empresas para defender los intereses del conjunto de los asalariados con indiferencia de su contrato o de sus condiciones laborales. Además habrá de recuperarse la capacidad transformadora de la política en el marco de una renovación democrática que habrá de hacer frente a las inercias actuales para generar un nuevo modelo mucho más transparente y participativo.