Partido Polilla

El 5 de julio se cumplirá un año desde que el gobierno hiciera pública su decisión de reformar el sistema tributario. El anteproyecto de ley que ha desarrollado a tal fin Cristóbal Montoro y que fue presentado recientemente, no parece corresponderse con lo que cabía esperar de una reforma fiscal. Si el presidente del Sindicado de Técnicos del Ministerio de Hacienda tildaba la propuesta de ‘parche’, otros expertos la han interpretado como un ‘retoque’ o una ‘mini-reforma’ que de manera alguna está a la altura de lo que precisa nuestra economía para poder abordar la crisis, ni tampoco de aquello que reclama la sociedad española para corregir, en base a los principio constitucionales de ‘generalidad, igualdad y progresividad’, las deficiencias de uno de los sistemas fiscales más injustos, limitados e ineficientes de la Unión Europea. La falta de ambición o de capacidad a la hora de abordar políticamente los profundos retos planteados a lo largo del mandato, se resume una vez más en el cortoplacismo frente a la próxima convocatoria electoral, eso es, las municipales en 2015, y a la vocación cosmética de no ir nunca más allá de la pura apariencia cuando se trata de democratizar sociedad y economía.

Como no podía ser de otra manera la supuesta ‘reforma fiscal’ no es progresista ni progresiva: No desarrolla ninguna nueva figura fiscal, por ejemplo en el ámbito medio ambiental, ni amplía tampoco los tramos del IRPF que, bien al contrario, se reducen de los 7 actuales a sólo 5. Así la fiscalidad del PP no descarga a la clase media trabajadora sino que favorece principalmente a las rentas más altas. Como muestra la Gestha, los auténticos beneficiarios de la propuesta de Montoro no suman más de 73.000 contribuyentes, que vienen a ser poco más de un 0,3% del total de declarantes. En su función redistributiva, la propuesta del ministro de Hacienda desplaza así el peso a las rentas medias, eso es, entre 12.450 y 53.450€, pero por su filosofía deficitaria transfiere además una buena parte de su coste real al conjunto de la población y especialmente a su parte más vulnerable. Porque que nadie se llame a engaño. El coste del estímulo electoral del PP supondrá de 7 a 9 mil millones de pérdida de ingresos que o bien engrosarán la deuda pública, reforzaran los argumentos para realizar nuevos recortes en servicios y prestaciones, o justificarán, una vez pasadas las elecciones, un incremento de los impuestos indirectos y especialmente del IVA, y no precisamente sobre los productos de lujo.

Mientras los expertos dan la batalla por perdida y vaticinan no ya una congelación del gasto público, sino su disminución en 5 puntos antes de 2018, el partido popular lo apuesta todo a la magia equívoca de lo que se conoce como ‘conjetura de Laffer’, un reclamo de corte populista utilizado por Ronald Reagan en su primera campaña electoral, y según la cual la reducción de los tipos impositivos elevaría los ingresos fiscales. De trasladarse al estado español el fuerte déficit fiscal que se produjo gracias a Reagan y Laffer al principio de los años ochenta en los EEUU, la Comisión Europea podría tener nuevos argumentos para imponer fuertes ajustes y recortes. A la espera del milagro, el gobierno no podrá movilizar fiscalmente los recursos que se necesitan para reactivar mediante la formación, la innovación, la inversión y el crédito la creación de empleo, a día de hoy el único activador sostenible de la demanda como motor de crecimiento social y económico. Una nueva oportunidad perdida con tal de beneficiar los dividendos frente a los salarios, las grandes empresas frente a las pymes, los grandes patrimonios frente a las economías domésticas.

La ‘reformilla’ de Cristobal Montoro a pesar de su baja estatura moral, fiscal y política tiene un claro sello ideológico. No por su tinte electoralista que es de naturaleza puramente práctica, sino porque en el país del desempleo, de la marginación y de la desigualdad social, sigue protegiendo con falsos argumentos los intereses de los más privilegiados. Lo hace mediante la perpetuación de un modelo que tiene la menor presión, la más amplia variedad de fórmulas para la exención, y la mayor bolsa de fraude fiscal de Europa. Un modelo que dedica a la gestión fiscal un 0,1% de su producto interior, lo que viene a ser menos de la mitad y de la tercera parte de lo que es habitual en la Unión. Con ello se garantiza la manutención del status quo para la ‘inmensa minoría’ de los ciudadanos. Al precio de destruir la economía y la cohesión social y política. Diríase que frente a nuestro tejido productivo, el partido popular muestra la voracidad de la polilla. Obsesionada e implacable.