TOPP

El Tribunal de Orden Público supuso, junto a la brigada político-social, una de las simas más degradantes de esa infamia que inspira buena parte de nuestra historia moderna. Creado con tal de combatir la subversión y preservar al Estado del ataque de aquellos que querían sembrar ‘la zozobra en la conciencia nacional’, el TOP juzgó a lo largo de sus 14 años de historia, 3.798 casos. El primero, en 1963, el de Timoteo Buendía, detenido por insultar en un bar madrileño al televisor, al grito de ‘Me cago en Franco’. El último, el 4 de enero de 1977, el del impresor Meseguer, condenado a 4 años por poseer un revólver. Uno de los ejercicios de represión más evidentes y que más eco tuvo a nivel europeo fue sin duda el proceso 1.001, que condenó a la cúpula de CCOO, los ’10 de Carabanchel’ a penas de hasta 20 años. Creado con el ánimo de rebajar la carga de trabajo a consejos de guerra y tribunales militares y lavarle la cara así al franquismo, el TOP se convirtió sin embargo en seña de identidad internacional de un régimen tan cruel como cateto y rancio, que finalmente acabaría derrotado por la rebeldía de una ciudadanía decidida a conquistar la democracia a pie de calle.

Sin embargo, como tantas otras reliquias del nacionalcatolicismo, es de temer que el TOP consiguiera perpetuarse. En cuerpo, porque 10 de sus 16 jueces pasaron a ejercer, ya en democracia, de magistrados tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. En alma, porque la voluntad de controlar las conciencias y criminalizar cualquier conato de protesta, se mantiene vivo aún hoy en el autoritarismo que inspira al partido que nos gobierna. El TOP del siglo XXI se manifiesta en propuestas legislativas como la ‘ley de seguridad ciudadana’, censurada por el Poder Judicial como ‘inconstitucional’, o la reforma del Código Penal propuesta por el ministro Gallardón. También se hace evidente en el número de sanciones administrativas impuestas a manifestantes, o en el recrudecimiento de la represión policial que amenaza el libre ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, el de manifestación o el de huelga. Para el PP se trata, como describía recientemente un militante de Amnistía Internacional, de conseguir una ‘mayoría silenciosa y minorías silenciadas’.

En su informe 2013 sobre la violación de derechos sindicales, la Confederación Sindical Internacional cifra en 176 las detenciones que tuvieron lugar en la huelga general del 29 de marzo de 2012. De esta primera protesta que demostró de manera contundente el grado y extensión del rechazo provocado por la reforma laboral, se han seguido un número ingente de procesos judiciales. Entre ellos el iniciado recientemente contra la Secretaria General de CCOO en las Illes Balears, Katiana Vicens. Para ella la fiscalía pide una pena de 4 años y medio por romper supuestamente el parabrisas de un autobús al ejercer el derecho a informar sobre la convocatoria de huelga. Un delito del todo improbable porque ningún responsable sindical se expondría a una acusación semejante. Una agresión sin daños personales y que puede resultar indemostrable en el ambiente de tensión y conflicto que es propio de una jornada de lucha. Lo que se pretende es sembrar el miedo en aquellos y aquellas que están dispuestos a defender sus derechos sociales y laborales. El objetivo no es otro que intimidar a una organización de profundas convicciones democráticas a través del escarmiento de uno de sus líderes.

Como Katiana hay ocho compañeros en Getafe, cinco más en la Rioja y dos en Madrid para los que la fiscalía ha llegado a pedir hasta 8 años de prisión. Hay 40 procedimientos judiciales abiertos que no persiguen otro fin que el de silenciar a los que se resisten a aceptar el régimen de precariedad e injusticia social que se quiere imponer. También hoy, como hace 40 años, se aprecia un paisaje desolador en términos de legitimidad democrática. Salvando las distancias, la tendencia al gobierno por decreto, a la ausencia de debate, al control hegemónico de los medios parece evidente. Tal vez hoy no sea ya una oligarquía cavernaria formada por obispos y terratenientes la que impone su mandato a través de un general títere, sino un distinguido círculo de banqueros y directivos transnacionales cuya férrea determinación se camufla gracias a las propiedades cosméticas de un marketing globalizado. Son los TOP manager del siglo XXI. También a ellos les repele una democracia que vaya más allá del trámite parlamentario y que se inmiscuya en el tejido productivo para disputarles la propiedad sobre los recursos naturales y sobre el patrimonio público.

A mediados de marzo el Comité de Libertad Sindical de la OIT presentó su 371º informe. En el daba la razón a CCOO y UGT en su denuncia presentada en mayo de 2012 por la vulneración del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva a través de la reforma laboral y del decreto-ley número 20/2012. Más allá de esta institución multilateral de carácter tripartito, el autoritarismo del gobierno español comienza a preocupar en toda Europa como queda recogido en la carta que el pasado 23 de enero envió la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo al ministro Fernández-Díaz. El estado español al parecer vuelve a dar la nota, camino de la cima, del TOPP de los gobiernos antidemocráticos.