País de tuertos

En poco menos de un mes han coincidido la publicación de dos interesantes informes sobre la corrupción en la Unión Europea. El primero, presentado por el grupo de expertos del Consejo de Europa muestra que, en nuestro país, la corrupción es, tras el desempleo, el tema que más preocupa a la ciudadanía. El segundo informe, que se acompaña del Eurobarómetro 2014 sobre la corrupción, establece que, después de Grecia e Italia, es en el estado español donde hay una percepción más extendida de esta lacra. Así lo ve el 95% de los encuestados, mientras que un 63% piensa que la corrupción, además, les afecta directamente. A diferencia de la UE, en la que, desde el año 2011, ha descendido el número de personas que se sienten afectadas, aquí, en los últimos dos años, este ha aumentado en un 20%. Hoy, un 77% de los encuestados cree que ha aumentado la corrupción, y tan sólo un 11% piensa que los esfuerzos del gobierno Rajoy por combatirla son los necesarios. De cada 100 ciudadanos, son tan sólo 9 los que estiman que las condenas previstas son suficientemente duras como para resultar disuasorias. Ninguna de estas cifras sorprenderá a nadie que lea con cierta asiduidad la prensa. El gran número de abusos que marca la actualidad justifica de sobras las suspicacias. El grado de laxitud, de tolerancia e impunidad explica la creciente sensación de impotencia y de rabia que se ha instalado entre la población ante un fenómeno que mina la legitimidad democrática, perjudica la economía y la cohesión social, y comporta además una grave inestabilidad política.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la corrupción es un fenómeno complejo que engloba diferentes prácticas como el soborno, el fraude, la extorsión, la apropiación indebida, el nepotismo o el tráfico de influencias. Según detalla en un informe reciente el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, la economía sumergida ha aumentado, desde el año 2008, en casi 7 puntos, hasta alcanzar el 24,6% del PIB. Tan sólo el fraude y la elusión fiscal comportan unas pérdidas anuales cercanas a los 90.000 millones, lo que supone casi 2.000 euros anuales por ciudadano/a. El 71% del fraude registrado en 2010 provino de grandes fortunas y empresas, con un coste de 42.711 millones de euros. Esto confirma que, contrariamente a lo que marca el tópico, el fraude se concentra en una élite que escatima por esta vía capacidades y recursos a la inmensa mayoría social. Que las cifras de nuestro país superen a las que se dan en otros, no prueba ninguno de los rancios prejuicios que se lanzan sobre el sur en relación a la relajación, el individualismo o una mayor transigencia cultural. Guardan proporcionalidad no más que con el poco énfasis que se pone desde el poder en su persecución. Si en España tenemos 1 funcionario de hacienda por cada 1928 personas, en Francia hay 1 por cada 860, y, en Alemania, 1 por cada 729. A diferencia de otros países, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales prescriben a los cinco años y la prevaricación a los diez. Aún así, en 2012 el indulto hizo que, en 6 de un total de 33 casos, no hiciera falta la prescripción.

Desde la hegemonía mediática y desde la oligarquía, se pretende presentar la corrupción como un mal social. De esta manera se convierte responsabilidad individual en responsabilidad colectiva y se promueve aquello de que: "En el país de los ciegos el tuerto es el rey". Así se intenta justificar por ejemplo que la puerta giratoria que conduce de la responsabilidad pública al mundo de la empresa haya depositado a 48 cargos ministeriales al otro lado del umbral. Y es cierto que las empresas no tan sólo pagan por los servicios prestados, sino que se sirven de la vanidad de los anteriores mandatarios para transmitir a la sociedad el mensaje de que todos son lábiles y de que aquí 'cada cual tiene su precio'. El descrédito de la política lo promueve también el que el ‘conflicto de intereses’ sea una estimación subjetiva que corresponde al mandatado, o que la carrera de algunos comporte incrementos patrimoniales desorbitados que después intentan justificar desde la redacción de memorias grandilocuentes, de contrataciones internacionales o de supuestas inversiones ventajosas. El diccionario de la RAE define la palabra ‘corromper’ como echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. En el caso de la corrupción, ese algo es la moral pública, la dignidad del cargo electo, el patrimonio social, los derechos y conquistas que han unido sucesivas generaciones en un mismo proyecto. Sembrar el descrédito y minar la credibilidad, es hoy, al parecer, una estrategia de éxito. Permite pingües beneficios a los más avispados, pero cercena y dilapida de manera definitiva la confianza que precisa la democracia para subsistir. Y de ello al final, no se beneficiarán ni los listos ni los tuertos…