Doble intervención

Hace ahora dos años, el 6 de febrero de 2012, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En él se establecían, desde la autonomía de las partes, una serie de compromisos mutuos y de medidas para hacer frente a la crisis. La vigencia del acuerdo, alcanzado por patronal y sindicatos tras arduos meses de negociación, sin embargo duró bien poco. 5 días más tarde, el 11 de febrero, se publicaba en el BOE, el RD ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral: Un atentado en toda regla al modelo de relaciones laborales en el estado español, que convertía en papel mojado el acuerdo alcanzado, y desvirtuaba para el futuro cualquier otro intento serio de articular la concertación social. Quien piense que esta intervención respondió a una iniciativa, convicción o proyecto económico del gobierno del PP, está profundamente equivocado. La reforma laboral no fue sino otra prueba más del servilismo y de la creciente pérdida de soberanía del gobierno de Mariano Rajoy. Como lo había sido antes el cambio de la constitución, decidido a hurtadillas el 25 de agosto de 2011 junto al Partido Socialista, o la condicionalidad y las reformas estructurales suscritas, en julio de 2012, en el marco del rescate bancario (Cap. VI). Una prueba más de la intervención, implacable y masiva, del ideario de la austeridad en la política laboral, social y económica de un siempre receptivo gobierno español.

Por su funesta incidencia en el empleo y en la cohesión social, conviene recordar cuál ha sido hasta la fecha el itinerario que nos ha llevado a esta intervención política directa, que con tanta parsimonia omite el gabinete popular. El marco operativo lo creó la estrategia ‘UE 2020’ que introdujo el semestre europeo como agenda de coordinación de la política económica. El Six Pack, un paquete legislativo compuesto por cinco directivas y un reglamento, establecía, en 2011, un nuevo sistema de vigilancia con un sistema automático de sanciones para aquellos que se desviaran de las estrictas recomendaciones. Poco después el pacto Euro Plus cargaba con munición ideológica los instrumentos creados hasta el momento. Establecía los salarios como principal mecanismo de ajuste para superar, en el ámbito de la Unión Monetaria, los desequilibrios económicos, e imponía una estrecha vigilancia de los sistemas de negociación colectiva y de fijación salarial. El amargo recetario de la troika se hacía visible además en las condiciones draconianas que se forzaban al negociar los rescates financieros y bancarios, o, de manera más informal, cuando se establecían requisitos para la compra de deuda pública. Todo ello supuso un retroceso democrático, pero comportó además una debacle social y económica, que es fruto de un modelo económico profundamente equivocado.

El ideario de la austeridad, tal y como se ha aplicado, parte de una serie de supuestos que son erróneos y de los que hay que destacar como mínimo dos: El que los desequilibrios en Europa vengan de la evolución diferenciada de los salarios, y que el paro sea el resultado de las rigideces en el mercado laboral. Estas dos premisas han convertido los salarios en la principal variable de ajuste para recuperar supuestamente la competitividad de los países periféricos, y han hecho de la desregulación del mercado laboral el instrumento preferido para hacer frente, también es un suponer, al desempleo. En todos los países donde ha habido una intervención, se han reducido las prestaciones por desempleo, se ha facilitado el despido y se ha aumentado la edad de jubilación. Al mismo tiempo se ha mermado el Salario Mínimo Interprofesional, se ha limitado la cobertura de los convenios y se ha descentralizado la negociación colectiva. El resultado de todo ello ha sido rápido y contundente. Pero no en el sentido de una reducción del desempleo, que ha continuado aumentando, sino en el de una merma de los salarios reales que, en 18 de los 27 Estados miembro, han caído hasta un 27%. Así se ha ahogado la demanda interna, y se ha mejorado ficticiamente las balanzas comerciales y la competitividad, por el efecto que ha tenido la caída del consumo en la bajada de las importaciones.

El doble intervencionismo europeo; en las políticas de los estados y a través de estos en las estructuras de concertación, no ha fortalecido las economías periféricas, sino que las ha debilitado y condenado a una segunda división. Una en la que se compite tan sólo mediante los costes salariales, pero no a través de las capacidades, los recursos propios o la innovación. Resulta paradójico, pero se ha acabado condenando al estado español exactamente al mismo modelo erróneo al que se condenó él solito mediado los años noventa. Un modelo de crecimiento hueco, sin músculo industrial ni vocación por construir la competitividad desde la concertación y la creación de valor. Pero es de temer que a pesar de su orgulloso patriotismo, ni el presidente Rajoy ni su entorno se hayan dado cuenta de que se la han dado con queso… Es lo que tiene ser políticamente un ratón.