Patria chicha

En un mundo en el que los conceptos se disipan como el humo, lo de coger el diccionario se ha convertido en un acto de fe cada vez más necesario. Ante la aprobación, la semana pasada, del anteproyecto de Ley de Emprendedores, era por eso preciso irse a la RAE para consultar el significado de la palabra ‘patria’. Allí encontramos la siguiente definición: ‘Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos’.  De esta sabia descripción conviene destacar tres cuestiones. En primer lugar que la patria puede ser adoptiva, lo que es de agradecer si tenemos en cuenta lo cuesta arriba que se pone lo de quedarse en este país. En segundo lugar, que la patria es un valor subjetivo que nace de un sentimiento de ligazón que experimenta la persona, por lo cual nadie puede quedar excluido. Finalmente que los vínculos que justifican este lazo pueden ser del tipo jurídico, histórico y/o afectivo, lo que en principio excluye los motivos puramente económicos y el mercadeo como fundamento. Sin embargo, a pesar de lo juiciosa que resulta la definición, es de temer que no satisface plenamente la comprensión que tiene el gobierno Rajoy.

Con la mencionada Ley de Emprendedores el Partido Popular establece nuevas condiciones para la tramitación acelerada del permiso de residencia a los extranjeros. La adquisición de más de 2 millones de euros en deuda pública, la compra de una vivienda de precio superior al medio millón de euros, o los proyectos empresariales con impacto socioeconómico, dará un acceso privilegiado a la residencia en España. Es sorprendente que esta mercantilización de la residencia provenga de un partido con criterios muy rigurosos en relación a la inmigración y que opuso desde el principio fuerte resistencia a formalizar el arraigo de los/las inmigrados/as laborales. El ligar el derecho de residencia a la existencia de activos financieros introduce además una lógica con consecuencias imprevisibles. ¿Estará sujeto el permiso de residencia a que se mantengan los activos en cuenta? ¿Se podrá retirar la residencia a aquellos extracomunitarios ya residentes que transfieran sus ganancias a otros países o que cierren la empresa recién creada? Hay que reconocerles a Rajoy & Cia que por poco que inviertan en I+D+i, en lo de la innovación al menos administrativa no dejan de romper moldes.

Porque si vamos un paso más allá y saltamos de la residencia a la ciudadanía, el Partido Popular, lejos de poner precio a la españolidad, podría estar insinuando una revolución a la altura de las inmensas exigencias que plantea la globalización. Imaginémonos por un momento que no solo la residencia, sino también la ciudadanía fuese ligada al patrimonio financiero o a la inversión empresarial. El médico que tuviese la mayor parte de su fortuna en Suiza, pasaría de ese modo a ser ciudadano helvético, y renunciaría a su nacionalidad española. El industrial que trasladase la mayor parte de su empresa a Bangladesh, se convertiría en nacional bangladesí y dejaría de lado su DNI. Habría de aclararse lo relativo a la nacionalidad de ciudadanos con fortuna helvética y empresa asiática, pero tal vez pudiera dirimirse el asunto entre los dos países candidatos a nacionalizar al ciudadano en cuestión. Ante este trasfondo se nos plantea la pregunta de si el cambio de nacionalidad debería ser o no voluntario. Parece natural y evidente que si el traslado de empresa o activo financiero no es en ningún caso obligatorio, tampoco habría de ser preceptivo el derecho a mantener la nacionalidad original.

Con este cambio, al margen del asombroso crecimiento demográfico de algunas remotas islas caribeñas, y, por qué no decirlo, también de algún que otro país europeo, se apreciarían interesantes cambios socioculturales. Los apasionados de la industria plástica china descubrirían al mismo tiempo las singularidades de la democracia y de la justicia de aquel país. Los amantes de los paseos de Lausana o Ginebra, averiguarían lo desagradable que es quemarse la lengua con la Raclette y lo eficaz que resulta la hacienda suiza con sus propios paisanos. Los nuevos ciudadanos de las islas Salomón conocerían lo largas que se hacen las colas en las aduanas para los naturales de lo minúsculos imperios de ‘alta mar’. Si en vista de estos matices, la derecha quisiera argüir que nada impide que uno sea de un lugar, aunque sea por las formas, y que eso de retirar la nacionalidad es un acto de extremo encarnizamiento administrativo y escasa conmiseración, habría que recordarles que con un golpe de mano así se sacarían de encima a más de un desagradables. No tan sólo a los Bárcenas y similares, sino, con un poco de suerte, al tan internacional José María Aznar.