100% austeridad, 100% impunidad

España se acerca al umbral en el que su deuda equivaldrá al 100% del producto interior bruto. En ese momento cada uno de los 47 millones de ciudadanos de este país deberá alrededor de 23.000 euros. Si tenemos en cuenta el aumento de la deuda desde el 36,1%, en el año 2007, nuestra deuda individual habrá aumentado en 6 años en 16.000 euros. En el caso de una familia con cuatro miembros eso supone la nada desdeñable cantidad de 64.000 euros, más de 10 millones de las antiguas pesetas. Eso, si prescindimos de incorporar a nuestra contabilidad todas aquellas personas que además han perdido su vivienda (400.000 familias) o su empleo (más de 4 millones). La responsabilidad recae en primer lugar en la banca, cuyo desfalco se ha socializado al conjunto de la ciudadanía, pero también en el ámbito de la política, desde el que se han tomado de manera reiterativa decisiones absolutamente erróneas. No ya por ser contrarias al sentido común y a principios económicos elementales y sobradamente probados, sino por perjudicar gravemente en nombre de la fuerza mayor y de la falta de alternativas a una población cuyos intereses en teoría el gobierno habría de representar y defender.

Antes los bancos se protegían del asalto de personas desaprensivas blindando sus cajas de caudales y poniendo rejas en ventanas y puertas. Pero con el inicio de la ‘crisis’ hay que constatar un profundo cambio de paradigma. Si antes era un ciudadano ‘ladrón’ el que robaba al banquero, con el auge de la economía financiera y especulativa, es el banquero ‘ladrón’ el que ha acabado atracando al conjunto de la ciudadanía. En el caso de Bankia 23.500 millones (por ahora), eso es, cerca de 450 € por cada hijo/a de vecino/a. Sin distinciones ni rebajas para desahuciados o despedidos. Tampoco para los casi 190.000 preferentistas de Bankia que han visto esfumarse alrededor de 5.000 millones suplementarios. Viendo a banqueros como Miguel Blesa, un Lee Marvin algo apolillado, 100 kilos en la cartuchera por si algo “se pone a tiro”, uno se plantea seriamente la cuestión de si no habrá que blindar los bancos, pero desde fuera. Tal como está la cosa, con un confuso proceso penal en el que el fiscal hace las veces de juez, es de temer que prospere el recurso por indefensión al que se ha sumado el inefable Díaz Ferran, y que en breve tengamos a banquero y patrón campando de nuevo por sus fueros.

Si en el caso de un juez lo de la prevaricación es un delito que se plantea a poco que sea dado a la suspicacia el acusado, en el caso de la alta política la cuestión resulta algo más compleja. Que se lo pregunten si no al propio FMI que con un sencillo ‘lo siento, me he equivocado no volverá a ocurrir’ se ha sacado de encima en cuestión de minutos la responsabilidad sobre la pésima gestión de la crisis griega. En el caso de la Comisión Europea, Joaquín Almunia apelaba recientemente en una entrevista a la falta de preparación, la imperfección congénita a la especie humana y a la falta de alternativas, como razones de peso para justificar la aplicación de las indigestas y fatídicas recetas que han llevado a la recesión y al descalabro social a Europa. Del mea culpa de los profesores de Harvard Reinhart y Rogoff que fallaron en la metodología y erraron en la codificación de las tablas Excel que habían de dar fundamento a sus teorías sobre la relación entre deuda y crecimiento, falta toda noticia. No es el caso de Mariano Rajoy que, mientras se hunden sociedad y economía sigue apuntando con inveterado, ya casi enfermizo entusiasmo, que no hay razón para el pesimismo y que lo peor ya ha pasado.

Ante este panorama la cuestión que se plantea es la de la impunidad. Es difícil de soportar ver cómo se le esquilman a la sociedad sus derechos y condiciones. Cómo se genera una deuda a la que tendrá que hacer frente una generación que ya ahora está pagando con una fuerte merma en prestaciones y servicios un desajuste que no ha provocado. De la crisis salen fortalecidos los que la han provocado. Los que se ven inspirados por la codicia y la absoluta falta de escrúpulos. Su impunidad nos traslada a un tipo de feudalismo financiero en el que las relaciones de poder ya no se fundamentan ni en el mérito ni en cualquier tipo de lógica que pueda ser socializada, sino en la pura ley del más fuerte. Esa es la esencia de la impunidad. El imponer un esquema irracional que no pretende salvaguardar a los culpables, sino erigirse en autoridad absoluta. Desalentar en su origen cualquier intento de hacer frente al feudo inalienable de una clase o casta que se presenta como intocable. Esta nueva realidad, la del absolutismo financiero, pone fin al contrato social de la posguerra y pervierte la naturaleza del juego democrático. Frente a ella es inaplazable la organización de una contraofensiva que haga de la responsabilidad el eje central de una respuesta contundente, articulada y colectiva.