Con la democracia es suficiente

La sonrisa triunfal del suizo Thomas Minder ha resultado ser altamente contagiosa. Y es que el éxito del  pequeño empresario y de su iniciativa para limitar los paracaídas dorados de los altos ejecutivos suizos tiene algo de la épica de David contra Goliath. Que un 68% de la ciudadanía helvética haya decidido apoyar su propuesta, es una magnífica muestra de empoderamiento democrático. No se trata tan sólo de que se ponga coto al apetito insaciable de los grandes ejecutivos. También el Parlamento Europeo impuso a finales de febrero un límite a los ‘bonus’ de los banqueros que puso lívido, entre otros, al inquilino del número 10 de Downing Street. La esperanza que ha alimentado la ciudadanía suiza con su voto es la de una democracia que pone orden en las artimañas y estratagemas de una élite financiera que está aprovechando la crisis para completar un implacable proceso de redistribución de la riqueza. Algo que ese mismo fin de semana en que era aprobada la iniciativa Minder en la república helvética, se expresaba también de manera multitudinaria en otra república, la portuguesa, en cuyas calles cientos de miles de ciudadanos entonaban juntos el ‘Grândola vila morena’.

“Grândola vila morena, tierra de hermandad. El pueblo es quien más ordena”. Los hermosos versos de la canción que inició la Revolución de los Claveles portuguesa, adquieren hoy un especial significado. A pesar de la retórica del ‘No hay alternativa’ y del ‘Hay que pagar por los excesos’ a pocos se les escapa que la crisis está sirviendo para enriquecer a una minoría al precio de empobrecer a un número cada vez mayor de personas. Eso es, mal que les pese a algunos, profundamente antidemocrático. Ni la retórica del liberalismo ni la tediosa letanía del espíritu emprendedor ocultan la realidad de que la democracia comporta, por lógica, una distribución más igualitaria de la riqueza. La crispación pública constante, el auge de la corrupción, de la connivencia entre política y dinero, la deslegitimación de la democracia, no persiguen otro fin que el descrédito de un sistema que supone una amenaza para los intereses de una élite. Tan sólo gracias a la intermediación constante de los medios de persuasión en la construcción de la realidad, se consigue cultivar en la mayoría una mezcla inhibidora de indiferencia y miedo colectivo que retrasa, siempre de nuevo, cualquier posibilidad de cambio.

El mecanismo de redistribución es evidente. En el cuarto trimestre de 2011, hace ahora poco más de un año, las rentas del capital se situaban en el estado español por primera vez por delante de las rentas del trabajo (46,2 y 46% respectivamente). Este dato completaba una transferencia de rentas que ha desplazado, a lo largo de las últimas tres décadas, casi un 10% de nuestro producto interior bruto desde el trabajo asalariado a los rendimientos del capital. Y como la mayor parte de la población vive de un sueldo, así aumenta también la diferencia entre los que más y los que menos ingresan. El índice S80/S20, que muestra la proporción entre la renta de la quinta parte más rica y la quinta parte más pobre de un país, ha aumentado con la crisis de 5,6 a 7,5. Hoy el 20% más rico tiene a su disposición 7,5 veces más recursos que el 20% más pobre. Y la tendencia va al alza. La crisis y el desempleo masivo se constituyen como elementos que dinamizan una transferencia de riqueza sin parangón: del trabajo al capital, del sur al norte, de las clases medias y bajas a las clases altas, del patrimonio público al privado. Todo ello no sería posible si no existiera un estado de ‘excepción’, que atenaza nuestra economía y deslegitima el sistema democrático.

Hacer frente al problema más acuciante y denigrante que experimentamos hoy, el desempleo, pasa necesariamente por combatir la corrupción e impulsar la regeneración democrática. Se trata de defender que los ingresos de los altos ejecutivos estén en relación al valor que generan las empresas. Pero el valor que generan no tan sólo para los accionistas, como pretende el exultante Thomas Minder, sino para los trabajadores y trabajadoras asalariados y para el conjunto de la sociedad en la que arraigan los proyectos empresariales. Porque las empresas buscan demasiadas veces la proximidad de la política e influyen para que las decisiones políticas vayan en detrimento del interés público, ya sea al definir la fiscalidad, las políticas laborales, el control medio ambiental o la inversión en infraestructuras y servicios generales. El grado que ha alcanzado hoy el contubernio entre empresa y grandes partidos, hace inviable corregir la desviación democrática con simples ajustes circunstanciales. Es preciso recuperar el ímpetu social y cívico de las grandes transiciones para refundar, a escala europea, los fundamentos de nuestra democracia y de nuestra economía.