Báñez & Cia

Tras conocer las cifras del paro registrado en diciembre y los más de 2.000 empleos diarios destruidos a lo largo del año 2012, hemos de constatar que nuestra ministra de empleo (en minúsculas) padece al parecer una torpeza y lentitud notable en comprender las cosas. Con 426.324 parados más, y 787.240 cotizantes menos, sus recientes declaraciones resultan ciertamente chocantes. Aún estando habituados a su inveterado optimismo que, ya en octubre, le permitía vislumbrar la salida de la crisis, el que ahora se tome el empeoramiento del empleo como la demostración palpable de las virtudes de su política laboral resulta estrafalario. El que como responsable del Servicio Público de Empleo concentre en el autoempleo sus esperanzas para superar la crisis, roza el surrealismo. Eso sí, ayuda a entender mejor el recorte presupuestario del 21% en las políticas activas de empleo y el despido de 1.500 orientadores/as laborales. Se plantearán Báñez & Cia que en un país con un 25% de paro y en el que más de la mitad de los desempleados lo son de larga duración, no vale la pena perder el tiempo en formar, orientar o intermediar.<

Lo suyo es liberar las energías atávicas del individuo en su lucha con el entorno, y liberarlo de toda atadura administrativa. A la iniciativa pública le corresponde por tanto retirarse a un segundo plano e intervenir tan sólo para aligerar el espíritu emprendedor del insoportable lastre administrativo, flexibilizando leyes y normas. Así se genera confianza en el empresariado para que pueda crear puestos de trabajo. Porque eso, en palabras del imponderable Díaz Ferrán “es lo que los empresarios sabemos hacer cuando tenemos el marco adecuado y las reglas claras y previsibles”. Lástima que la veracidad de este cuento esté a la altura de la catadura moral del ex jefe de la patronal. La reforma laboral ha demostrado ser un arma de destrucción masiva de empleo que atenaza el futuro del país. La precariedad que comporta para una de cada cuatro personas, denigra y amenaza en su subsistencia y seguridad a las tres restantes y afecta por tanto al conjunto de la sociedad. Pero en vez de proclamar un estado de emergencia colectiva, se niega la realidad, ya sea por incompetencia, interés o desidia, y se pospone siempre de nuevo cualquier tipo de actuación efectiva.

La argucia o, mejor dicho, el falseamiento que se utiliza, es el de priorizar el saneamiento de las cuentas públicas con tal de recuperar, se dice, el crecimiento económico y generar empleo. Se antepone así el hipotético beneficio de un ajuste fiscal, imposible por otra parte cuando el PIB cae en picado y la demanda ha entrado en barrena, a lo que es el perjuicio real y tremendo que sufre la ciudadanía: el paro. Y no se hace por convicción ni tampoco por necesidad, que es lo que se pone como excusa. Se hace sencillamente porque falta el instinto y la auténtica vocación política, que es la de satisfacer las necesidades del pueblo llano. Así estamos. Instalados en el engaño al electorado, o lo que es aún más lamentable, en el autoengaño. Así se sirve desde la incompetencia, la deslealtad o la desidia los intereses de una élite que cree afianzar su poder en la desigualdad, la precariedad y la incertidumbre del común de la ciudadanía. Dígase bien alto: Sin empleo no habrá crecimiento, y sin crecimiento no se sanearán las cuentas públicas. No existe otra clave para cambiar la tendencia y romper al fin este círculo vicioso y viciado, que crear empleo.

Y mal que le pese a la Sra. Báñez, el trabajo no lo creará la confianza de los empresarios. No mientras piensen que su desconfianza les pueda ganar alguna otra concesión o prebenda. Por eso es el estado quien tiene que ponerse manos a la obra. Garantizar que el dinero deje de fluir de la economía a los bancos (¿dónde se ha visto eso?) y vuelva a irrigar los sectores de futuro y los proyectos de progreso que tengan un compromiso claro con la creación de empleo. Por el lado del ingreso queda recorrido suficiente para recuperar y afianzar la contratación si se combate el fraude y se deja de favorecer fiscalmente el capital frente al trabajo. Más allá hace falta un pacto de país y un acuerdo entre patronal y sindicatos: para impulsar la competitividad controlando precios y salarios. Para reinvertir los excedentes empresariales en formación, investigación e innovación con tal de mejorar la competitividad del tejido productivo. Para desarrollar la flexibilidad interna como alternativa a los despidos. Eso es precisamente el ‘Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’, suscrito por sindicatos y patronal y publicado en el BOE el 6 de febrero de 2012. Esa fue la herencia que se encontró el Partido Popular. Pasó de largo e introdujo la reforma laboral. Desde entonces ya hemos perdido un año, y casi medio millón más de puestos de trabajo. La flexibilidad al igual que la coherencia es un atributo. No para crear empleo sino para entender la realidad.