Soberanía social

Alguien dirá que en la situación actual ser catalán y de izquierdas no resulta fácil. Pero frente a aquellos que se frotan las manos pensando en el bloqueo que pueda resultar de tal combinación hay que advertir que resulta un ejercicio estimulante. La coincidencia de la ofensiva neoliberal con la emergencia de un discurso fuertemente reivindicativo en lo nacional supone un reto apasionante y necesario. Precisa de amplitud de miras, de respeto y sensibilidad hacia la expresión popular y de un grado superior de empatía. La contundencia de la movilización del 11 de septiembre en Catalunya es difícil de entender sino es como una confluencia de sensibilidades distintas ante una misma injusticia, la de la violencia ejercida contra un modelo social construido sobre principios fuertemente interiorizados por la ciudadanía como la solidaridad, el progreso social o la honradez en la gestión pública. Por eso ante el acoso implacable contra el estado del bienestar, lo propio es defender la autonomía fiscal y la proximidad política como garantía para hacer frente de manera más eficaz y justa a la crisis sistémica.

Sin embargo siguiendo el hilo de la actualidad encontramos dos aspectos que resultan especialmente chocantes. En primer lugar el gobierno catalán no se ha distinguido especialmente por su honradez, ni por defender el modelo social, ni tampoco por presentar una verdadera alternativa al modelo tóxico de crecimiento. El caso Palau y algunos otros, la política de recortes sociales y la insistencia en impulsar proyectos incoherentes desde el punto de vista económico como Eurovegas, muestran que en estos tres ejes no hay elementos que permitan distinguir realmente entre Barcelona y Madrid. En segundo lugar parece evidente que el problema de la soberanía ya no reside en si las decisiones se toman en el estado o en Catalunya, sino en el hecho indiscutible de que la crisis de la deuda ha trasladado tales decisiones a Bruselas o Berlín, por no mencionar la City londinense o Wall Street. Y es que la involución social y política que ha forzado la globalización y la financiarización de la economía, pone en cuestión en su esencia el modelo de soberanía del estado-nación.

La postura de la Generalitat, cuyo sosiego es de agradecer, desencadena sin embargo un proceso de complejo gobierno, que responde antes a una voluntad de instrumentalizar el hecho nacional catalán o de levantar una cortina de humo que esconda no tan sólo las estridencias en el ámbito doméstico o el acoso a la educación, la sanidad o la función pública, sino la propia incapacidad de plantear una respuesta coherente a la crisis democrática y de soberanía política que se experimenta a nivel global y especialmente en el ámbito de la Eurozona. Parecería precipitado y tal vez insidioso decir que el gobierno catalán, como algunos otros en Europa, utiliza el discurso nacional para distraer la atención del proceso ilegítimo de redistribución de la riqueza que empobrece cada vez más a la clase media y trabajadora mediante el expolio social. Sin embargo parece coherente plantear que esta es la respuesta más sencilla para hacer frente a una crisis profunda de soberanía que agravia no tan sólo a Catalunya sino al conjunto del estado español y que no se soluciona con una simple transferencia política.

Una respuesta apropiada a la actual crisis institucional catalana se ha de articular simultáneamente en tres ámbitos y tiempos diferentes. En primer lugar tiene que darse a nivel europeo donde a largo plazo hace falta que la crisis sirva para desarrollar un modelo administrativo coherente y único que recupere el papel de las regiones como espacio político, económico y social de proximidad. Aquí el poder actual de los estados en el Consejo Europeo supone un impedimento mayúsculo. En segundo lugar y a medio plazo es preciso un diálogo decidido pero constructivo a nivel estatal sobre la redefinición de los ámbitos competenciales y de autonomía fiscal. Finalmente y en el corto plazo hace falta una maduración democrática que regenere su legitimidad y refuerce la identificación de la ciudadanía con el modelo político. Porque lo que está en juego es, no ya la soberanía nacional, sino la soberanía social como ámbito de garantía para la autonomía individual y colectiva. Cualquier iniciativa plebiscitaria que agote su impulso en el establecimiento de un nuevo estado, fracasará si no consigue dar respuesta también a la amenaza que comporta la actual zozobra social y democrática.

La ofensiva que experimentamos en el ámbito laboral, cultural, en la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, las pensiones o la dependencia es una agresión contra la autonomía de las personas, contra su dignidad y contra sus derechos como ciudadanos. Forma parte de un proceso que tiene en la anulación de la emancipación e independencia individual su mayor objetivo y que pretende a toda costa impedir la construcción de la conciencia o de la organización colectiva. Por eso la urgencia radica hoy en reforzar y realizar sin miedo el derecho a decidir, pero también en mejorar los medios disponibles para articular el diálogo social y público. No es un atentado democrático el exigir un referéndum sobre la cuestión nacional, pero sí lo es el circunscribir exclusivamente la consulta pública a la dimensión territorial del autogobierno. Un referéndum que aporte un cambio real habría de plantear la cuestión nacional, pero incluir también otras dos preguntas sobre el modelo social y sobre la calidad democrática. Puede parecer tautológico el preguntar a la ciudadanía si está satisfecha con los actuales instrumentos democráticos, pero esta es la clave para avanzar hacia la soberanía social como expresión real y última del ejercicio democrático.