¿Rajalcaba o Rubaljoy?

Los mercados no aman la austeridad. La reacción a las medidas anunciadas por Rajoy el pasado miércoles para recortar la deuda en 65.000 millones de Euros, y que van desde el aumento del IVA a la eliminación de empresas públicas, pasando por la disminución de la retribución de los funcionarios o el recorte del seguro de desempleo, fue un aumento considerable e inmediato de la prima de riesgo. En cambio en Francia, la presentación de una batería de medidas contributivas que gravan a grandes fortunas y empresas, preservando a las clases populares y medias, comportó justamente lo contrario. Parece evidente que Mariano, aplicado apóstol del BCE y del ECOFIN se equivoca al ser más papista que el propio mercado. Su férrea ortodoxia al aplicar el credo de la privatización, flexibilidad y liberalización merece el encendido aplauso de los banqueros, pero cosecha el recelo del ‘dios’ dinero.

Y no es de extrañar. El fundamentalismo es siempre mal consejero, ya venga de Bruselas o de Berlín. Olvida Rajoy que el inflexible dictado que impone la caterva neoliberal europea, no responde a la intención de aumentar la credibilidad de la economía española, sino que no busca otra cosa que garantizar el pago de la deuda a la banca de los países que, en su momento, alimentaron a base de crédito el fuego de la especulación. Las palabras pronunciadas por el presidente en el congreso: “no podemos elegir si hacemos o no sacrificios, no tenemos esa libertad” son por eso una tropelía de dimensiones históricas. No sólo por equivocarse de lleno y dar por rendido el país, sino por renegar del derecho a repartir el sacrificio en base a las responsabilidades contraídas, a la justicia y a la solidaridad. Que en su desatino haya contado con la aquiescencia algo tibia, eso sí, del Partido Socialista, es una noticia pésima que ya se anunciaba, el pasado 21 de junio, en el debate previo a la firma del pacto fiscal.

El Tratado para la Estabilidad pretende superar la crisis de confianza actual e impedir crisis futuras. Sin embargo, como recordaba recientemente el Instituto IMK, cercano a la confederación alemana de sindicatos, está condenado al fracaso en ambos objetivos. España e Irlanda habrían cumplido con los requerimientos del pacto fiscal hasta el año 2007, mientras generaban el desequilibrio macroeconómico actual. Tampoco permitirá superar a los países más vulnerables las dificultades en su financiación. Al hacer depender el gasto público de los ingresos fiscales la austeridad tiene, en un entorno de crisis de demanda y desempleo, una incidencia procíclica que asfixia la economía y desata una espiral negativa. La coyuntura débil se convierte en recesión y espanta cada vez más a los inversores. El modelo que subyace al nuevo Tratado no busca generar la confianza de los mercados a través del ajuste fiscal sino provocar la deflación competitiva a través de una dinámica que destruye el empleo.

Ese es el ‘dolor sin sentido’ que se inflinge a la ciudadanía española, como escribía Paul Krugman en su blog. Una terapia de choque injusta, inútil y desproporcionada que ha fallado allí donde se ha aplicado. Se podrá decir que el acceso a los fondos de rescate precisa de la firma del pacto fiscal, pero el hacerlo no implica la renuncia a la soberanía en la definición de políticas fiscales que compensen el gasto con mayores ingresos y que permitan incidir en la competitividad más allá del ajuste salarial. Es necesario exigir en Europa una política de consolidación variable tanto a nivel geográfico como en la fiscalidad estatal. Aquellos países con finanzas más sólidas y balanzas comerciales positivas han de consolidar más lentamente, para animar la demanda y la inflación y desatar un efecto compensatorio a nivel continental. Los estados deficitarios han de fiscalizar los sectores económicos que afecten menos a la coyuntura para invertir en aquellos que, como la formación o la investigación, aporten mayor competitividad.

El congreso no tiene que cerrar filas para castigar a las capas más vulnerables de la sociedad, sino para legitimar una negociación dura que dirima en Europa la corresponsabilidad en las causas de la crisis actual y que defina una salida que además de justa sea real. No es admisible que el sector financiero externalice ahora a la sociedad los riesgos que asumió en su política expansiva de crédito. Si el objetivo es salvar a la banca privada europea, el coste se ha de mutualizar al conjunto de la Unión. Son por eso necesarios eurobonos, una ampliación del plazo de consolidación, el acceso directo del MEDE al capital del BCE y una política fiscal justa en el que las rentas altas hagan frente al coste social que ha comportado la financiarización de la economía. Cualquier otra alternativa es echar gasolina al fuego e incinerar en la hoguera de la inopia, la desidia y la temeridad, un modelo de democracia, justicia y solidaridad, que es fruto de una larga lucha generacional.