Jaque Borràs

Tiene el ajedrez algo de sexista. A falta de descubrir las piezas que cuenten con una figura que determine el final de la partida y que no lleve cruz ni sea de género definido, queda camino por recorrer. Hay un cierto equilibrio en lo que son las funciones, así el rey es de paso corto, como máximo una casilla por jugada, mientras que la reina gobierna el tablero pudiendo desplazarse sin limitaciones. En la versión de compañía multinacional, la ficha más preciada sería el o la presidenta, mientras que el CEO o la consejera delegada tendrían la función más operativa. El primero tiene un carácter simbólico, porque su pérdida comporta la derrota, y por tanto ha de ser protegido por todas las demás piezas aunque no tenga la capacidad de control real de los recursos y de la estrategia, mientras que la segunda es la que corta el bacalao y define la correlación de fuerzas sobre el tablero. En política suele pasar algo parecido, al menos en la monarquía constitucional o en repúblicas como la alemana, porque en en caso de la francesa el presidente tiene poderes casi absolutos que relegan al primer ministro a un papel secundario, a menudo efímero.

En el caso de Catalunya, la cosa se complica. Si se considera el último lustro, tendríamos una figura simbólica, enrocada en Waterloo, y una reina que no acaba de definirse, pero por cuyo papel estaría pujando en estos momentos la ex presidenta del Parlament, Laura Borrás, en unos movimientos que han sacudido al resto de piezas y con ellas al auditorio, que observa compungido el desarrollo de los acontecimientos. En un simulacro de jaque al President Aragonés, el abandono del gobierno por parte de Junts, ha provocado una nueva etapa de inestabilidad que pone la gobernabilidad catalana contra las cuerdas. Al margen de simulacro ajedrecístico, hay que añadir que la jugada ha tenido también algo de simulacro democrático. No porque hayan sido 2.872 afiliados y afiliadas, los que han dictaminado una ruptura que afecta a una población de siete millones y medios de personas, sino por el acompañamiento coral, que en un primer momento planteaba la posibilidad de hacer oposición desde el propio gobierno, y al día siguiente ya ponía en duda la legitimidad democrática de un ejecutivo por el sólo hecho de estar en minoría parlamentaria.

La diversidad en el poder legislativo no debería ser un tabú en una sociedad democrática, ni tampoco la posibilidad de llegar a consensos transversales incluso con una geometría variable en la que se articulen mayorías diversas. Lo que hace más o menos democrático un gobierno es, antes que nada, la polarización y la ortodoxia cuando estos lastran el juego democrático. Tal vez el mejor ejemplo son los presupuestos, que son los que dan fundamento a las políticas y convierten lo que son intenciones y relatos en realidades palpables para la ciudadanía. La denuncia de la falta de consenso alrededor de unos presupuestos cuya confección corrió a cargo del conseller Giró, militante de Junts, por parte de Laura Borrás, es un episodio que, como en el caso de la ‘oposición desde dentro’, muestran que la política catalana sufre de un tacticismo que resulta exasperante, cuando lo definen movimientos extraparlamentarios, maximalismos y encuestas de intención de voto. Las encuestas que deberían importar y que se dejan de lado son aquellas que recogen la situación de la población, como la de condiciones de vida o la de la población activa.

Estas nos dicen en plena crisis de precios, que en 2021 había 2 millones de catalanes/as en riesgo de pobreza o exclusión social, que un 42,5% tenía dificultades para llegar a fin de mes, el 16% no podía mantener la vivienda a una temperatura adecuada, o un 27,8% no puede permitirse vacaciones como mínimo una vez al año. Y si esta era la situación en 2021, ¡Cómo no será cuando el incremento de precios ha devaluado salarios, prestaciones y rentas en parámetros que no se conocían desde hace décadas! Lamentablemente estas no son las encuestas que importan, pero al parecer tampoco importan otras, como la del Centre d’Estudis d’Opinió que muestra cómo el voto favorable a la independencia ha caído, desde el 57%, en octubre de 2012, al 40,9% en julio de 2022. Este contexto invita a preguntarse qué es lo que se pretende forzando unas nuevas elecciones, a no ser que la pugna sea por ser de nuevo la lista independentista más votada, supuesto en el cual resulta cuestionable el posible apoyo de ERC, cuando los han dejado a calzón bajado a medio mandato.

No parece por tanto que lo que interese a la dirección de Junts sea la política de la economía, de la sociedad, o del marco democrático, sino la pura gestión del momento, sin otra estrategia que la de mover ficha y dejar claras las jerarquías. En este sentido la renuncia a unos presupuestos y al aumento en más de tres mil millones de euros de partidas que son cruciales para hacer frente a la pobreza, la desigualdad y los déficits estructurales del tejido productivo catalán en un momento de fuertes incertidumbres, parece del todo irresponsable y tiene, a pesar de Laura Borrás, muy poco de democrático. Empoderar al pueblo es, antes que nada, promover su expresión a través de las instituciones democráticas, y facilitar el acceso a los recursos, ayudas e inversiones que necesita para garantizar su bienestar, autonomía y estabilidad económica. Lo demás, a falta de estrategia, de imaginación y de respeto al contrario, no es más que mover ficha con tal de no quedar parado.