miércoles, 9 de junio de 2021

Pasiones de cemento

El debate sobre la ampliación del aeropuerto del Prat lanza dos señales evidentes. Cuando de lo que se trata es de transformar el modelo productivo para adaptarlo a los tiempos, superando así los déficits y lacras del pasado, quien habría de poner una buena parte de la iniciativa y liderar el cambio, muestra que le falta capacidad de innovación y que le falla la memoria. Tras el misterio de que España sea de los países en los que la inversión pública no se tradujo en crecimiento y bienestar en la fase de expansión económica, se encuentran aeropuertos como los de Castellón o Lleida-Alguaire. El primero, con una inversión de 151 millones e inaugurado en 2011, movió, en 2019, 125.488 pasajeros. El segundo, con más de 100 millones de inversión, menos de 59.000. Ahora, cuando 200 entidades empresariales reclaman la ampliación de la tercera pista del Prat, lo que trasladan es el peso de la inercia y una carencia flagrante de inventiva. Si los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia han de asignar el 37% de los recursos a los objetivos de acción climática, y un 20% a los de digitalización, la colaboración público privada como marco de desarrollo, se ve así cuestionada a las primeras de cambio, por un frente empresarial que parece no pretender otra cosa que volver a lo de siempre.

El manifiesto presentado propone que esta “ampliación convertiría Catalunya y Barcelona en un destino de turismo sostenible”. Si tenemos en cuenta que el año anterior a la irrupción de la pandemia pasaron por el aeropuerto del Prat 52,7 millones de pasajeros, y que, el de Barcelona, es el 6º más transitado de Europa, la propuesta de sostenibilidad es cuestionable, máxime cuando el 70% de las compañías que operan son de low-cost. En la presentación de la iniciativa ‘ReFuel EU’, la comisaria de Transporte Adina-Velan nos recordaba que el sector del transporte debía reducir un 90% sus emisiones contaminantes y tomarse la recuperación, eso es, los fondos europeos, como una oportunidad para que la aviación sea más verde. Está el acuerdo de París, firmado en 2016, pero a la propuesta empresarial le falta cualquier idea más allá de aumentar la frecuencia de los vuelos. No hay propuesta de innovación y de valor añadido a nivel industrial con tal de suavizar el impacto medioambiental, de cambio y evolución del modelo turístico, distribuyendo más para equilibrar el territorio, promocionando un turismo de larga duración, concentrando los esfuerzos para desarrollar un sector de servicios que sea referente no en cantidad, sino en calidad.

Bill Hemmings de la ONG Europea ‘Transport&Environment’ denunciaba recientemente el ‘Estatus único y deplorable de Europa como un paraíso fiscal de queroseno” que clama al cielo. La falta de imposición sobre el carburante que utilizan los aviones es difícil de conciliar con el compromiso europeo y de los fondos Next Generation, por encontrar soluciones al cambio climático, Es aquí donde se hace evidente la falta de perspectiva. Cuando Catalunya tiene retos inmensos como el corredor ferroviario mediterráneo y déficits graves en la red de cercanías, la apuesta empresarial focaliza, una vez más, en el cemento y en lanzar la pelota fuera, que alguien correrá detrás. El modelo de movilidad en el transporte de mercancías y de personas, tiene suficientes retos como para ponerle un poco de imaginación y visión cuando, de lo que se trata, es de dar sentido y recorrido a las inversiones. Las declaraciones recientes de Jaume Collboni en TV3 vinculando la ampliación de la tercera pista con la creación de empleo, y poniendo como ejemplo la situación de la Nissan, son profundamente decepcionantes. Cuando están en juego cerca de 25.000 lugares de trabajo industrial y falta cualquier propuesta institucional o privada para hacerle frente, la cita deviene gratuita e incluso provocadora.

Que la valoración venga del PSC es exasperante, e incluso traslada una cierta falta de responsabilidad cuando el relato se sostiene en el argumento de que ‘ya decidirá la Unión Europea’. Sugiere la convicción, de que lo que no se consigue aquí ya lo acabarán de cuadrar los lobbies en Bruselas. Da continuidad a aquello tan contraproducente de que los argumentos de autoridad nos vengan hechos, al margen de los compromisos y consensos de país, que es lo que más ha devaluado el proyecto común los últimos 15 años, y más nos ha debilitado en el ámbito socioeconómico. Estas primeras escaramuzas alrededor del cemento son una mala señal que se acompaña del anuncio por parte del Conseller de Economia, de que este año no habrá presupuestos y el gobierno catalán iniciará su mandato renunciando a debatir un proyecto de país que, dada la situación excepcional, habría de tener una vocación clara de integración y cohesión, cuando de lo que se trata es de superar las repercusiones sociales y económicas de la crisis, transitando a un modelo productivo más ecológico y digital.

SI quisiéramos llevarlo a la esencia, el debate de fondo es si centramos la recuperación en la oferta o en la demanda. La crisis ha puesto en evidencia hasta qué punto han quedado desatendidas las necesidades de las personas y ha faltado la capacidad de darle respuesta desde el ámbito público y privado. Los estabilizadores que se han puesto en marcha han permitido suavizar la debacle y salvar muchos hogares y empresas, pero al precio de una deuda pública que lastra nuestro futuro inmediato. Es por lo tanto el momento de impulsar un proyecto de democracia económica que no tan sólo socialice los costes, sino también los beneficios de la recuperación. Y es aquí donde falta propuesta y compromiso políticos y se echa en falta una visión empresarial que sea consciente de su responsabilidad social.

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