IPC 'real' y pensiones

Ante el escenario de fuerte inflación se ha abierto un debate sobre si habría de dejarse el IPC medio como referencia, para empezar a aplicar el ‘IPC real’, entendido como IPC acumulado o interanual del mes de diciembre. La orientación de algunos convenios en este indicador, que en 2021 daba un elevado 6,5%, frente al IPC medio del 3,1%, ha hecho que ahora, también entre algunas personas pensionistas, se cuestione la utilización del IPC medio por lo que comportaría de contención del poder adquisitivo. Así el IPC acumulado en noviembre, mes que se toma como referencia para el cálculo del incremento de las pensiones, o el interanual de diciembre, comportaban el año pasado una mejora respecto al IPC medio del 2,8 y del 3,4 % respectivamente. Sin embargo a nadie se le escapa que esta diferencia se da cuando hay un incremento del IPC interanual a lo largo del año. En el caso inverso, cuando la tendencia es descendente, eso es, cuando se da una reducción paulatina a lo largo del año del IPC interanual, como fue el caso en 2020, y como será muy probablemente en 2022, el efecto es el contrario.

Si cogemos los últimos 11 años, el fuerte aumento del IPC interanual en 2021, con el margen mencionado del 3,4% con respecto al IPC medio, hace que este primer indicador parezca más beneficioso. Así la media del incremento desde 2011, en el caso de utilizar el IPC interanual de diciembre se habría situado en un 1,39%, mientras que, de utilizar el IPC acumulado en noviembre, la media se habría situado en el 1,26, por un 1,21% el incremento en el caso del IPC medio. De aquí que pedir que se cambie la referencia del IPC para el cálculo de las pensiones parezca oportuno, si de lo que se trata es de mejorar el poder adquisitivo de las pensiones. Y sin embargo, hacerlo ahora, sería lo más parecido a pegarse un tiro en el pie, porque, como se verá, en este tipo de cálculos importa menos la referencia que el momento en el que se quiera introducir un hipotético cambio. Así, estando el IPC interanual en enero en el 6,1% y siendo la previsión de IPC medio para 2022 del 3,7%, por un 1,2% para 2023, parece previsible que el IPC interanual en diciembre estará alrededor del 1%, lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo que, de cambiar la referencia del IPC medio al interanual, se podría situar, en 2022, en los 3 puntos.

Sin embargo el mayor riesgo para el poder adquisitivo de las pensiones no radica en el cálculo, que parece más estable y ventajoso referenciándose en el IPC medio, sino en dos cuestiones de tipo más estructural o incluso ideológico. Nuestro sistema de pensiones se basa no en la capitalización, sino en un sistema de reparto, en el que las cotizaciones de quienes trabajan, pagan las pensiones de quienes se han jubilado. Sobre este modelo de solidaridad entre generaciones, que se ha demostrado como el más robusto y equitativo, se cierne la amenaza de la presión que ejercen, de manera permanente, los grandes actores económicos y financieros, con tal de monetizar e individualizar las pensiones, y generar una acumulación de capital que facilite la especulación y con ella nuevos márgenes de negocio para la economía financiera. Los 163 mil millones dedicados en 2021 a las pensiones son un aliciente permanente para quien cuestiona el carácter público del sistema y pretende echar mano a lo que supone un 12% de lo que genera en riqueza cada año nuestro país.

Hasta qué punto esto supone un riesgo se pone en evidencia si se comparan los rendimientos medios de los fondos de capitalización con respecto a nuestro sistema de pensiones. Quien ve en lo público y en la solidaridad una competencia desleal, improductiva e ineficiente con respecto a un modelo de racionalización contable en el que los individuos sean accionistas de su proyecto de vida, persigue no más que una mejora de su propia cuenta de resultados. Esta visión, que se pretende hegemónica, parece que, por momentos, ha llegado a contagiar incluso a algunas de las personas y colectivos que más se han pronunciado y movilizado por defender nuestro sistema de pensiones. Así se ha hecho patente una reclamación en clave ‘generacional’, por parte de quienes defienden su pensión, como si se tratara de un fondo de capitalización por cuya eficiencia han de velar, como si fueran accionistas de un fondo de inversión. La aparente contradicción de que sean estos los que con mayor ímpetu critiquen a los primeros es, por su singularidad, de las que marcan época.

Se reclama así que en el Pacto de Toledo, que evalúa, define y mejora el sistema de pensiones, se sienten los representantes de los y las pensionistas, y no los representantes de trabajadores y empresas que son las que, con sus cotizaciones, alimentan un sistema cuya clave de bóveda es la contributividad. La lógica de un agravio en clave ‘generacional’, comporta además un riesgo evidente de confrontación a medio y largo plazo con las personas más jóvenes, que al verse marginadas del mercado de trabajo, se ven también excluidas del propio sistema, y pueden ver con creciente distanciamiento las reclamaciones de quien, a pesar de su ‘progresismo’ y de beneficiarse de un sistema ‘solidario’, reclama singularmente ‘lo suyo’. Que ante la presión y los cantos de sirena permanentes del capital financiero, ante el cuestionamiento permanente de la suficiencia y sostenibilidad del sistema público, las personas jóvenes se puedan ver atraídas finalmente por los planes de capitalización individualizados, parece una posibilidad cada vez menos remota.

Frente a este paisaje revuelto y en un contexto marcado por la permanente incertidumbre y los riesgos sistémicos, parece obvio que la solución pasa por la estabilidad y por la defensa de los valores que han garantizado la distribución de renta entre generaciones a lo largo de los últimos 25 años. Estos valores tienen en la centralidad del trabajo de calidad, bien remunerado y con derechos, su principal columna, y es especialmente en el acceso de las personas jóvenes a este derecho, donde deberíamos encontrarnos las y los que estamos por un sistema público de pensiones que sigue aportando las principales garantías para una sociedad cohesionada y justa.